El Gobierno de Chile transparentó que hay más de 20.000 decretos de expulsiones administrativas de migrantes que no se pudieron ejecutar y cuya tramitación aún está pendiente.
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«En Chile hay más de 20.000 expulsiones ya decretadas que no se han ejecutado», señaló la ministra del Interior, Carolina Tohá, dando una cuenta pública a la comisión especial investigadora de la Cámara de Diputados, que se encuentra revisando el tema de la migración irregular y el aumento de la criminalidad en el norte del país.
Tohá afirmó que son varias las causas por las que estas expulsiones -a migrantes que han cometido delitos o que entraron por pasos no habilitados al país- no han podido llevarse a cabo, entre ellas, lo engorroso de los trámites administrativos, que hacen «muy factible para la persona expulsada hacerse inubicable».
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Además, afirmó que existen límites monetarios, pues cada expulsión le cuesta al fisco 2,7 millones de pesos (unos 3.267 dólares).
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«Esto tiene un costo gigantesco, superior a los recursos que están hoy en el presupuesto», señaló Tohá.
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Venezuela
La secretaria de Estado explicó que en el caso de los migrantes venezolanos, uno de los principales obstáculos para concretar los destierros es el Gobierno de ese país.
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Tohá afirmó que la administración del presidente Nicolás Maduro «no da las facilidades para que las expulsiones que se decretan en Chile se puedan ejecutar».
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«Venezuela no ha sido colaborador en facilitar que las personas que tienen un decreto de expulsión en Chile vuelvan a su territorio, tenemos expulsiones que llevan meses tratando de ejecutarse y no hemos logrado coordinar los planes de vuelo para hacerlas efectivas», dijo la ministra.
Por último, Tohá pidió a los parlamentarios que aprueben, lo antes posible, el proyecto de ley redactado por el Ejecutivo que busca agilizar los procesos de expulsiones, que ya está avanzando en la Cámara de Diputados.