El lunes pasado se instaló la Comisión Experta, dando el puntapié inicial al segundo intento por redactar una Constitución democrática, recogiendo los aspectos positivos de los procesos anteriores y aprendiendo de los errores cometidos en el camino.
Una conquista en este proceso es la paridad de género, que llegó para quedarse. En efecto, el actual diseño constitucional reconoce el aporte de las mujeres tanto en el ámbito técnico, representado por la Comisión Experta y el Comité de Admisibilidad, como en el ámbito deliberativo, representado por el Consejo Constitucional, cuyos integrantes serán elegidos por votación popular el próximo 7 de mayo y que deberá integrarse por 25 hombres y 25 mujeres. Dicha composición es importante, pues consolida una democracia paritaria, que permita la realización de la igualdad sustantiva de género, la redistribución del poder y la participación equitativa de hombre y mujeres en los distintos espacios de toma de decisiones.
Pero una democracia paritaria debe tener correlato con un cambio social que garantice una igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Para ello, la nueva Constitución debe tener una perspectiva de género que contribuya a remover los obstáculos que dificulten la participación social de la mujer, mediante la consagración de derechos a su favor y el reconocimiento de labores que históricamente éstas han desempeñado. En efecto, se debe garantizar el derecho a vivir en entornos seguros y libres de violencia, habilitando un enfoque de género en la futura legislación que permita prevenir, perseguir y sancionar la violencia de género, contribuyendo a la mayor participación femenina.
Además, la nueva Constitución debe avanzar en justicia social, reconociendo la importancia que tienen ciertas actividades que tradicionalmente han sido ejecutadas por mujeres, como las labores de cuidados y el trabajo doméstico. Se trata de actividades indispensables para el desarrollo de la sociedad, pero que generan posiciones laborales, económicas y socialmente desventajosas para nosotras. Es importante que, en la nueva sociedad a que aspire la nueva Constitución, estas actividades sean reconocidas como actividades económicas, se otorgue protección social a quienes la ejecutan y que el Estado tenga la obligación de promover su distribución entre hombre y mujeres.
Recordemos que las demandas por igualdad de género se originaron desde la sociedad civil, a través de organizaciones feministas y de las mujeres quienes, por cierto, representamos el 51,1% de la población chilena, de acuerdo al Censo de 2017. Por ello, la sociedad a la que debe aspirar la nueva Constitución no puede prescindir ni desconocer el rol que las mujeres estamos llamadas a cumplir en ella: la paridad llegó para quedarse.
Paloma Zúñiga Cerda
Candidata a Consejera Constitucional de Unidad para Chile por la Región del Biobío
LA OPINIÓN DE LA AUTORA NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE LA RAZÓN
