Por el derecho a la verdad

SANTIAGO – “Creemos que es importante establecer la verdad , tanto  jurídica como objetiva,  respecto al destino final de nuestros familiares”, con estas palabras, Anselmo Cancino Sepúlveda presentó el viernes recién pasado, ante la Ministra Paola Plaza la solicitud de reapertura de  la investigación por la inhumación y exhumación ilegal de su padre, Anselmo Cancino Aravena, la que se encuentra sobreseída desde abril de 2007.

“Es una forma de ir cerrando estos episodios respecto a lo que significa reconstituir las ultimas circunstancias de la desaparición de nuestros familiares  y cumplir así con los ritos que cualquier ser humano necesita para cerrar esos tristes y lamentables hechos” agrega Anselmo, quien no había nacido a la fecha de la detención de su padre. Nació en cautiverio, pues su madre, Silvia Sepúlveda afrontaba la prisión política en la ciudad de Linares.

La acción legal argumenta que existen antecedentes ciertos, tanto coetáneos al sobreseimiento como posteriores a él, que no han sido investigados, y que podrían permitir determinar la ubicación del o los lugares en los que fueron inhumadas las víctimas, entre ellos, Anselmo Cancino Aravena.

Entre esos antecedentes se mencionan declaraciones de conscriptos contenidas en el cuaderno reservado de inhumaciones y exhumaciones que debieron ser objeto de atención en su momento ya que relatan de primera mano haber sido testigos presenciales de las exhumaciones de cadáveres en el interior del Polígono de Tiro General Bari, perteneciente a la Escuela de Artillería de Linares.

Otro antecedente que no se tuvo a la vista al momento de sobreseer la investigación,  es el hallazgo  de osamentas contenidas en una caja rotulada con el título «Escuela de Artillería de Linares 2001»  que podrían corresponder a víctimas de desaparición forzada, que estarían mal identificadas o sencillamente no periciadas por el Servicio Médico legal.

Este grave hecho es de público conocimiento y ha dado origen a las investigaciones sumarias correspondientes.

Mariela Santana, abogada de CODEPU, señala que la presentación se fundamenta en el derecho a la verdad, teniendo claro que no existe justicia plena sin verdad. El derecho a la verdad no sólo lo detenta la víctima y su familia, sino la  sociedad en general. No saber el destino final, prolonga la extensión del daño y perpetúa la impunidad”.

Anselmo Cancino Aravena,  casado, un hijo póstumo, obrero agrícola, dirigente sindical, militante del MIR, fue detenido el 8 de diciembre de 1973. La investigación judicial dejó establecida su detención en la Escuela de Artillería de Linares.

Simultáneamente, CODEPU se hizo parte en querella por los delitos de secuestro calificado,  exhumación ilegal,  asociación ilícita,  torturas y otros, respecto de Luis Rolando Tapia Concha, otra de las víctimas del Polígono de Tiro General Bari.

La querella criminal está dirigida en contra de Carlos Edmundo Morales Retamal, Jorge Ernesto Mario Zincke Quiroz, Claudio Abdón Lecaros Carrasco, Carlos Luis Romero Muñoz, Juan Hernán Morales Salgado, Jorge Marcelo Escobar Fuentes, Luis Rosendo de las Rosas Aliste Sepúlveda y Héctor Luis Urrutia Ibáñez, quienes participan en el secuestro de Luis Tapia Concha y contra todos aquellos que resulten responsables en su calidad de autores, cómplices o encubridores.

La abogada Mariela Santana señala que “la investigación por el secuestro de Tapia Concha es la única que aún se encuentra abierta, en etapa de sumario y aún no arroja responsables de los delitos. Fue la única, de las siete víctimas, que no murió fusilado sino a causa de las torturas recibidas” y agrega que “desde hace más de diez años existen antecedentes contundentes, tales como declaraciones de conscriptos que vieron el cadáver de Tapia Concha y presenciaron las inhumaciones y posteriores exhumaciones de las otras víctimas. Los conscriptos recuerdan con precisión el lugar donde fueron enterrados y sindican responsables».

Por último Santana  señala que la exigencia de verdad adquiere mayor relevancia al cumplirse  50 años del golpe civil-militar y  confía en que el ministro Guillermo de la Barra admita a trámite la querella y en su mérito, abra un cuaderno de trabajos de búsqueda en el lugar, que necesariamente va a conducir a ampliar los trabajos de búsqueda hacia las otras víctimas.

Luis Rolando Tapia Concha, era  casado, tres hijos, Profesor de Inglés, Contratista de la Corporación de la Reforma Agraria (CORA) y simpatizante del Partido Comunista, fue detenido el 20 de abril de 1974, alrededor de las 19:00 horas, en su domicilio ubicado en la Salida a Linares Palmilla, por efectivos pertenecientes al Servicio de Inteligencia Militar.