El Gobierno de Gabriel Boric y el Congreso de Chile habilitaron que las Fuerzas Armadas se encarguen de los controles fronterizos en el norte del país, una zona señalada por los problemas migratorios. El nuevo protocolo de actuación prevé el uso de fuerza letal si es necesario, pero exige que se cumplan varios pasos antes.
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Una ley redactada por el Gobierno de Gabriel Boric y aprobada por el Congreso de Chile permite que «las Fuerzas Armadas se hagan cargo de la protección de infraestructura crítica del país ante peligro grave o inminente».
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La norma, la Ley 21.542, introduce una modificación en la Constitución chilena para incorporar el uso de las Fuerzas Armadas en la protección de la llamada «infraestructura crítica», definida como «todas aquellas instalaciones físicas, estratégicas y que prestan servicios básicos en temas de abastecimiento, telecomunicaciones, salud, centrales eléctricas, entre otras», explica el portal del Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile.
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En el apartado «entre otras» se incluye el cuidado de los pasos fronterizos y este es precisamente el punto al que el Gobierno de Boric pretende apuntar, sobre todo en la llamada Macrozona Norte —que comprende las regiones norteñas de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta— ante el fenómeno migratorio legal e ilegal que se concentra en la zona.
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De acuerdo a lo establecido en la ley, las Fuerzas Armadas enviadas a la frontera tendrán desde ahora la potestad de «solicitarle a quienes cruzan por pasos no habilitados que se identifiquen, registrarlos y eventualmente detenerlos y ponerlos a disposición de las policías».
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La ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, señaló que «las Fuerzas Armadas van a ayudar a las policías a extender de alguna manera su presencia a través de su personal y equipamiento» ante la «urgencia que tiene el tema fronterizo».
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La nueva legislación faculta a los militares «a realizar controles de identidad, registro de pertenencias y a detener personas para ponerlas a disposición de las policías en el más breve plazo posible, con un tope de 12 horas».
De todas maneras, la nueva normativa incluye un protocolo para el uso de fuerza letal por parte de los efectivos, con la intención de estipular qué pasos deben cumplirse antes de poder emplearla durante procedimientos, consigna el medio chileno Pauta.
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Pasos antes del uso de la fuerza letal
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Empleo disuasivo de vehículos militares, porte de armas y despliegue de armas.
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Identificarse como parte de las FFAA.
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Empleo de disuasivos fumígenos (granadas de humo, gas pimienta, lacrimógenas).
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Empleo disuasivo de armamentos no letales: Bastones, balas de pintura.
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Empleo de armamento antidisturbios: Evitar disparar a la parte superior del torso.
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Preparar el arma de fuego con clara intención de usarla.
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Disparos de advertencia.
No obstante, la ley ha tenido sus detractores. Un artículo editorial del medio digital El Mostrador recogía la preocupación por lo que considera «un retroceso notorio en materia de doctrina militar en Chile, en tanto Estado democrático, estableciendo bases para que las Fuerzas Armadas vuelvan a actuar en política interior, y creando una peligrosa zona gris de confusión y contacto entre fuerza militar y fuerza policial».
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Desde 2018, alrededor de 127.000 personas han ingresado de forma irregular a Chile a través de los pasos fronterizos del norte del país, de acuerdo a datos de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI). En la actualidad, las autoridades migratorias de Chile cuentan con más de 460.000 solicitudes formales de regularización de la situación migratoria pendientes, en un país con alrededor de 1.500.000 migrantes legales, quienes representan un 7% de la población del país suramericano.