Todo iba muy bien para los movimientos sociales de Chile, hasta que ganó el rechazo a la nueva constitución. Luego de eso el gobierno de Gabriel Boric prácticamente se fusionó con la exconcertación, asumiendo desde allí una dirección prácticamente igual a la de los gobiernos de Michel Bachelet. Demasiadas concesiones con la derecha, y nulo uso de las herramientas de poder que le da el cargo de presidente. Boric podría haber retirado de la discusión parlamentaria el TPP11, ampliamente rechazado por los movimientos sociales desde el año 2016 cuando fue firmado por primera vez por el gobierno de Chile bajo el mandato de Bachelet. Un tratado que el mismo Gabriel rechazó cuando era diputado, por poner en sumisión la soberanía del país frente a los intereses de las transnacionales debido al mecanismo de resolución de controversias en el que una transnacional puede demandar a un Estado por no obtener las ganancias proyectadas al momento de la inversión. Esto está sucediendo hoy con las Isapres Banmédica y Vida Tres por el retiro de rentas vitalicias dentro de los retiros de fondos de pensiones aprobados por el congreso durante la pandemia. Esto es posible gracias a que los grupos controladores de dichas Isapres tienen casa en países con los que Chile ha firmado TLCs (Tratados de Libre Comercio) que incluyen cláusulas de resolución de controversias. Con el TPP11, el número de esos países aumenta, y por tanto hay más transnacionales que nos podrán demandar.
Gabriel Boric no retiró el TPP11 argumentando que respeta la democracia y su sistema de representación parlamentaria. Ese parlamento, elegido por un pequeño porcentaje de votantes, bajo un sistema que sobre-representa a los partidos políticos e impone barreras a la participación de independientes, sobre todo de quienes decidan no establecer alianzas con dichos partidos. Los mismos partidos que aprobaron el Acuerdo Por Chile, una verdadera puñalada por la espalda a la decisión tomada en el plebiscito de 2020, donde más de un 78% de la población votante afirmó la necesidad de redactar una nueva constitución, y más cerca del 80% decidió que el mecanismo de redacción sería un órgano 100% electo democráticamente. El Acuerdo Por Chile, sin embargo, impone un mecanismo donde 24 “expertos” elegidos por el parlamento redactarán un texto que luego será filtrado por 14 juristas seleccionados también por el Congreso, para luego ser discutido y aprobado o rechazado por 50 personas electas democráticamente. Una clara demostración del poder que se atribuye la derecha, pero que solo se hace real gracias al beneplácito de los partidos de izquierda y del Gobierno.
Este mismo parlamento está ahora discutiendo rápidamente una ley para establecer el voto obligatorio en Chile, el mismo mecanismo que permitió la abrumadora tendencia al rechazo de la nueva constitución en el plebiscito del 2022, un verdadero sistema de manipulación de masas a conveniencia de quienes tengan en su poder los medios masivos de comunicación, la televisión, los diarios, las radios, el dinero para pagar campañistas e imprimir volantes con información falsa. Obligar a todas las personas a votar cuando no todas tienen la misma posibilidad de informarse, de involucrarse, de analizar críticamente la información que recibe, cuando no todas hemos tenido la posibilidad de educarnos en política y cívica y simplemente mucha gente no tiene tiempo entre el trabajo interminable y las labores domésticas para poder entregar a sus familias lo básico para vivir. El voto obligatorio, sin garantizar igualdad de condiciones previas de educación, necesidades básicas resueltas, y la igualdad de condiciones de independientes para presentar candidaturas, es solo un mecanismo de manipulación de masas.
Porque la victoria del rechazo en el plebiscito del 2022 no fue real ni completamente un rechazo al nuevo texto constitucional. Fue en gran medida un rechazo a la obligación misma de votar para gente que no se involucra en política, otro buen porcentaje fue un rechazo a las mentiras que fueron instaladas desde muy temprano por los sectores más recalcitrantes e inescrupulosos de la derecha chilena.
La ratificación del TPP11, el Acuerdo Por Chile, y el voto obligatorio, son muestras de la situación política en la que estamos hoy en Chile, una reacción de la derecha frente a los enormes avances de los movimientos sociales a partir del estallido social. Creo personalmente que todo nos hubiera salido bien si no hubiera sido por la pandemia que permitió el establecimiento de una dictadura sanitaria no solo en Chile sino que en todo el mundo. Una pandemia que obligó a la gente a encerrarse en sus casas, que inculcó el miedo a contactarse con la gente, donde reunirse era casi un atentado contra la salud pública, y lo mejor era aislarse, distanciarse, desvincularse del prójimo, todo lo opuesto a lo que habíamos logrado con el levantamiento social del 2019. Tenemos que recuperarnos. Tenemos que volver a llenar los corazones del espíritu de lucha, porque el único pueblo que vence, es el que no se rinde. Esa debe ser nuestra tarea en el 2023, recomponer los movimientos sociales, volver a encontrarnos, crecer y ser más, para que aunque se instale el voto obligatorio, el TPP11 y se inicie un proceso constituyente institucional ilegal e ilegítimo, podamos contrarrestar este ataque de conservadurismo y por fin hagamos vencer los principios progresistas de los movimientos sociales de Chile con el establecimiento de bases concretas que nos permitan mirar hacia atrás para aprender, y hacia delante para seguir soñando.
LA OPINIÓN DE LA AUTORA NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE LA RAZÓN
Alejandra Parra Muñoz – Master en Planificación de la Universidad de Otago, Bióloga en Gestión de Recursos Naturales, co-fundadora de la Red de Acción por los Derechos Ambientales RADA, asesora en plásticos y basura cero para la Alianza Global por Alternativas a la Incineración GAIA.
