La congresista Margot Palacios denunció ante el organismo internacional a la mandataria Dina Boluarte y al presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola por genocidio, debido a los fallecimientos registrados tras enfrentamientos con las fuerzas de seguridad en el marco de las manifestaciones en el país.
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La congresista de la bancada de Perú Libre, Margot Palacios, con el respaldo de su partido, envió a la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) un oficio que denuncia las responsabilidades del Gobierno en las muertes de los manifestantes que han tomado las calles de Perú tras rechazar a las nuevas autoridades peruanas y en reclamo de nuevos comicios.
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En el documento, además de la presidenta y su premier, se incluyó al ex primer ministro Pedro Angulo, al extitular del Ministerio del Interior, César Cervantes, al jefe de la Macro Región Policial de Ayacucho, Antero Mejía Escajadillo y al comandante general de la Segunda Brigada de Infantería Militar de Ayacucho, Jesús Vera Ipenza.
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El texto extendió además la posibilidad de incluir a otras figuras que «resulten responsables» de las muertes de los manifestantes que ascienden a 27 personas, según el último reporte del Ministerio de Salud.
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De acuerdo con la denuncia de Palacios, el país atraviesa «un contexto de violación de derechos humanos», por lo que los peruanos deben «recurrir a la justicia internacional» ante «violaciones flagrantes» de sus derechos.
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La congresista ha reivindicado en los últimos días el derecho de los peruanos a manifestarse y ha exigido el cese de la represión policial.
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«Es un derecho Constitucional las movilizaciones y protestas. ¡Alto a la represión militar!!!» dijo a través de Twitter.
Según Palacios, el Gobierno, al frente de Boluarte y Otárola «ha demostrado que los crímenes de lesa humanidad cometidos desde este 7 de diciembre de 2022 son su política».
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En forma paralela, la presidenta junto con Otárola y Cervantes, así como con las autoridades policiales de la ciudad de Ayacucho enfrentan una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos de Huamanga por genocidio y homicidio calificado.
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Esta denuncia tuvo lugar tras las ocho muertes registradas el pasado 15 de diciembre en la ciudad peruana, producto de los enfrentamientos entre los manifestantes y las Fuerzas Armadas, así como con la Policía Nacional.
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