La tala ilegal en Chile es un problema de larga data, especialmente en el sur del país, pero con la escalada de los choques entre mafias madereras, taladores y comunidades indígenas, un nuevo marco legal trata de contener el problema.
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Por Henry Shuldiner
Socio informativo – InSight Crime
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En un nuevo informe publicado en octubre, después de una enmienda a la ley de robo de madera, el centro de pensamiento chileno AthenaLab trató de desenmarañar esta compleja problemática.
La enmienda se formuló en medio de llamados para que se redujera el tráfico de madera en la región administrativa del sur, donde hay en vigor un estado de excepción desde mayo. Y el cambio hasta ahora ha llevado a la captura de 25 personas en el corazón de la tala ilegal en el país, según el medio Biobio Chile.
Pero el problema va mucho más allá de algunas capturas. La región del sur es territorio de comunidades indígenas mapuche que han rechazado lo que consideran la usurpación de las industrias extractivas en sus territorios ancestrales. Han quemado bosques y camiones transportadores de madera, han atacado aserraderos y montado bloqueos de vías para obligar a las empresas a salir de la región.
Aparte de los mapuches, pero también activos en la región, existen oscuras mafias madereras, carteles criminales dedicados a la tala ilegal. Al contrario de los mapuche, esas mafias madereras no tienen objetivos políticos y están movidas por las ganancias del lucrativo tráfico de madera, según el informe de AthenaLab.
InSight Crime habló con Pilar Lizana, autora del informe, para entender mejor los factores en juego.
Mafias madereras contra mapuches
Las mafias agravan la inestabilidad creada por la violencia y las protestas de los mapuches, hizo notar Lizana a InSight Crime. Estas aprovechan la falta de presencia gubernamental para invadir la propiedad, robar madera de los aserradores autorizados y crear documentos falsos que les permitan transportar y vender el producto. En otras ocasiones, los pistoleros secuestran camiones completos de madera talada legalmente.
Miembros radicales de la comunidad mapuche, entre quienes se cuentan grupos como la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), también participan de la tala ilegal para financiar sus objetivos políticos.
Muchas veces se desdibujan las líneas entre estos dos actores, pero no son la misma cosa, aclaró Lizana.
Ambos actores participan también en la usurpación de tierras y la tala ilegal. Sus actividades han llevado a un «círculo vicioso que, amparado en la debilidad institucional, les ha permitido crecer a ambos”, indica el informe.
Los grupos armados mapuche, los más numerosos y mejor armados, tienen control territorial de ciertas zonas de las regiones del Bío Bío y La Araucanía, en el centro y el sur, respectivamente, donde las autoridades chilenas no entran por temor a incitar más violencia y tensión políticas, según el informe.
Los grupos mapuches han llenado el vacío dejado por la ausencia del Estado. Grupos como el CAM se han convertido en las autoridades de facto en ciertas zonas, con el control de vías y carreteras por las que transita la madera. También decomisan propiedades que consideran les han sido robadas, relató Lizana.
Las interacciones de los grupos con las economías ilícitas paralelas son una diferencia clave entre ellos. Las mafias madereras roban partes de maquinaria y combustible a las empresas forestales legales y luego venden esos productos en el mercado negro, comenta Lizana.
Debilidad de las instituciones y presencia estatal
La debilidad institucional de Chile ha permitido que el robo de madera crezca hasta convertirse en una economía criminal organizada. El informe halló que organismos regulatorios mal financiados, la debilidad de la judicialización y la falta de vigilancia y medidas anticorrupción en el sur de Chile agudizan el problema.
Además de la limitada presencia de fuerzas de seguridad, el Servicio de Impuestos Internos (SII) de chile y la Corporación Nacional Forestal (Conaf) tienen buena parte de la culpa. Funcionarios públicos de La Araucanía y de Bío Bío han arremetido contra el SII y la Conaf, diciendo que «fracasaron miserablemente» en el control de las ventas de madera ilegal en la región administrativa del sur.
Las consecuencias de este fracaso han tenido muchas ramificaciones. Además de la usurpación de la tierra y el robo de la madera, las mafias madereras usan facturas alteradas y recibos de despacho falsos para lavar los árboles talados de manera ilegal haciéndolos pasar por madera legítima. En ese punto, la madera ilegal se abre camino a la economía lícita, donde es adquirida por clientes desprevenidos, como halló el informe. El SII y la Conaf han hecho poco para rastrear estos flujos ilícitos, concluyó el informe.
Para Lizana, gran parte del problema radica en la puesta en común de información. “La Conaf autoriza la explotación maderera y mantiene registros y documentos fiscales de las empresas que participan en esta economía. Los carabineros [la policía chilena] controla las vías”. Comentó que una mayor cooperación entre las instituciones ayudaría a regular la tala y a poner en evidencia los actores criminales.
Penas leves, escasa implementación y nueva legislación
Anteriormente, el sistema legal chileno trató el robo de madera como equiparable con el robo común, lo que implicaba la aplicación de penas leves para los perpetradores. Entre enero y mayo de este año, en la región administrativa del sur fueron detenidas 117 personas por «violencia rural», lo que incluía más comúnmente incendios provocados y robos con intimidación, informó Biobío Chile. Solo cuatro de los detenidos tenían causas judiciales abiertas. El término violencia rural en el sistema jurídico chileno cubre una amplia gama de delitos que ocurren en lugares remotos del país, desde incendios deliberados, robo hasta ataques con explosivos. Esto ha sido muy criticado, pues las autoridades parecen prestar poca atención a dichos delitos.
Eso cambió el 27 de septiembre, cuando la legislatura chilena aprobó la Ley No. 21.488. La nueva legislación apuntaló las facultades de las instituciones veedoras de la industria maderera, aumentó las penas para el robo de madera y autorizó mejores técnicas para investigar a las organizaciones criminales implicados en la economía ilegal.
«[La nueva ley] faculta las mismas técnicas de la Ley No. 20.000 [legislación antinarcóticos]. Ofrece un nuevo sistema para rastrear las materias primas y nuevas técnicas para investigar el robo de madera y aumentar las penas», explicó Lizana. Esa normativa también permite confiscar maquinaria y camiones usados para transportar madera robada y prevé sanciones contra quienes falsifican o alteran documentos para el comercio ilegal de madera.
En una aplicación muy sonada de la nueva ley, las autoridades chilenas arrestaron a 12 personas y decomisaron nueve vehículos que presuntamente hacían parte de una mafia maderera que operaba en Bío Bío y en La Araucanía, como informó el portal chileno de noticias Emol el 20 de octubre.
La operación también pone de relieve la complejidad de la relación entre grupos mapuches radicales y empresarios a cargo de las mafias madereras. Waldo Núñez Cáceres, empresario forestal, coordinó y pagó a grupos mapuches locales para que ocuparan y explotaran la propiedad que ayudaba a administrar, según recogió el diario chileno La Tercera. Pagó a los grupos 600.000 pesos chilenos (alrededor de US$635) por camión llenado con madera robada, y se quedó el resto de las ganancias de la madera talada ilegalmente.
Aunque las mafias madereras pueden haberse movido por el lucro y los grupos mapuches por objetivos políticos, la nueva ley y más casos judicializados sin duda permitirán revelar las complejas conexiones entre los dos grupos en las industrias de tala ilegal y robo de madera en Chile.
