Estado plurinacional o multicultural: la discusión que divide a Chile

Senadores de oposición presentaron una propuesta de reforma constitucional para establecer un Estado «unitario, multicultural, intercultural y descentralizado».
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Por Alexis Polo González
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El proyecto ha sido criticado por varios sectores, puesto que se da en medio de la discusión que llevan adelante los partidos políticos con representación parlamentaria para abrir un nuevo proceso constituyente.
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La reforma constitucional que establece reconocimiento a los pueblos originarios fue presentada por Ximena Rincón y Matías Walker, senadores de la agrupación Demócratas, y el presidente de la Unión Demócrata Independiente (derecha), Javier Macaya.
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El proyecto reconoce la autonomía relacionada con sus asuntos internos y locales, y agrega «que la ley tiene que garantizar la participación de los integrantes de los pueblos originarios y la representación política».

«Esta reforma es bien simple y lo que hace es señalar que el Estado de Chile es unitario, multicultural, intercultural y descentralizado. El Estado reconoce la existencia de los pueblos indígenas que habitan el territorio nacional y los derechos que les son inherentes como tal, de acuerdo con los tratados internacionales», manifestó Rincón en un punto de prensa en el Congreso Nacional.
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El proyecto de reforma se realizó con la Fundación Centro de Política Indígena Rakizuam, Consejo Político Mapuche de Wallmapu, Consejo Político de las diez Primeras Naciones y la Corporación de Profesionales Mapuche ENAMA.
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«Plantear una reforma constitucional de estas características revela la intención de que no quieren un nuevo proceso constituyente. Quieren cambiar el texto de manera previa o mediante otros mecanismos», dijo Natalia Caniguan, académica mapuche e investigadora del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas (CIIR).
La investigadora explicó que de aprobarse esta reforma en el parlamento, «coartaría o cerraría la posibilidad de participación de los pueblos indígenas, porque se podría argumentar que las demandas de ellos ya estarían resueltas con esta reforma».
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«No hay voluntad política» para escuchar a los pueblos originarios

Según Caniguan el objetivo de la reforma propuesta es perpetuar la Constitución de la dictadura cívico-militar (1973 – 1990) a través de modificaciones que no son sustantivas.
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«Esta reforma demuestra una vez más que nunca existió la voluntad política de efectivamente hacer eco de las demandas de los pueblos indígenas, y creo que responde a este afán de seguir imponiendo el cómo debemos ver la participación o el reconocimiento de los pueblos», dijo Caniguan.
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«Dentro de esta reforma se señala que se han reunido con sectores mapuche que sabemos son del ala derecha de la oposición política. Algunos con militancias han sido candidatos abiertamente y planteaban la plurinacionalidad como demanda», agregó.
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La académica hace referencia a Hugo Alcamán, presidente de ENAMA, quien fue rostro visible de la campaña del rechazo a la nueva constitución. También a Richard Caifal, militante de Evópoli  que fue candidato a la Convención Constitucional. Ambos dirigentes mapuche llegaron al Congreso Nacional el pasado 25 de octubre para acompañar a los senadores que presentaron el proyecto de reforma constitucional.
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«Vimos que el proceso constituyente apeló a otra idea que era la de la plurinacionalidad. Sin embargo, la clase política no quiere cambiar su agenda. La verdad es que eso complica bastante un nuevo eventual contexto de nueva constitución», finalizó Caniguan.

El diálogo constituyente

Luego del plebiscito constitucional del pasado 4 de septiembre, en el cual 61,86% de los votantes rechazaron la propuesta de nueva constitución, los partidos políticos comenzaron una serie de negociaciones para habilitar un nuevo proceso constituyente.
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La diputada oficialista Claudia Mix, en conversación con Sputnik, explicó que ningún sector se puede atribuir casi el 62% de la opción Rechazo en el plebiscito constitucional. Asimismo, criticó la reforma presentada por los parlamentarios liderados por Ximena Rincón.
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«Nadie puede definir a nombre de los chilenos el contenido que podría tener el futuro texto constitucional. Deberíamos concentrarnos más bien en darle viabilidad a la continuidad del proceso constituyente y no arrogarse o atribuirse la representación, además de un mundo indígena. Me parece una irresponsabilidad», dijo Mix.
Mix explicó que las encuestas han demostrado que Chile sí quiere una nueva constitución. Por ende, lo que deberían hacer los parlamentarios es poner sus esfuerzos para que el diálogo sea fructífero y se pueda abrir un nuevo proceso constituyente.
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Según los datos entregados por la Encuesta Criteria este 4 de noviembre, un 72% de los encuestados quiere una nueva carta magna, mientras que solo el 28% mantendría la actual Constitución.
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El estudio arrojó que si el mecanismo para redactar una nueva constitución fuera una Convención Constitucional solo un 42% de los encuestados mantendría los escaños reservados para los pueblos originarios.
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