• octubre 4, 2022
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Otro escándalo sacude México: el Ejército usó Pegasus para espiar a periodistas

El periodista Ricardo Raphael, un comunicador del portal ‘Animal Político’ y el defensor de derechos humanos Raymundo Ramos, activo en…

 Otro escándalo sacude México: el Ejército usó Pegasus para espiar a periodistas
El periodista Ricardo Raphael, un comunicador del portal ‘Animal Político’ y el defensor de derechos humanos Raymundo Ramos, activo en Tamaulipas, sufrieron la intervención de sus teléfonos celulares con el software Pegasus, contratado por el Ejército mexicano en 2019.
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El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha aseverado en varias ocasiones que su Gobierno no ejerce el espionaje político, como hizo en su momento el Partido Revolucionario Institucional (PRI) a través de instituciones como la Dirección Federal de Seguridad (DFS), paralela a la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.
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Sin embargo, fue la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en un momento en que López Obrador ya había asumido la presidencia, la que adquirió el software de espionaje, mediante la empresa Comercializadora Antsua, representante en México de NSO Group, dueña del programa Pegasus.
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Una investigación coordinada por Animal PolíticoAristegui Noticias, el semanario Proceso y la plataforma Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) identificó que los celulares de estos tres afectados fueron intervenidos cuando investigaban temas vinculados a posibles violaciones a los derechos humanos perpetradas por las Fuerzas Armadas de México.
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El software permite acceder a contraseñas, archivos, fotografías, correos electrónicos, contactos, mensajería y en general la totalidad del contenido del equipo, además de activar el micrófono y la cámara del celular.
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Esta misma herramienta, Pegasus, fue utilizada durante el sexenio anterior, encabezado por el priista Enrique Peña Nieto, entre cuyos objetivos de espionaje figuraron la periodista Carmen Aristegui y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), acompañante legal y político de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
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La infección se ha sofisticado, pues ahora para ocurrir no es necesario que el usuario interactúe con un enlace, sino que puede aprovechar las vulnerabilidades de aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp.
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El titular de la firma NSO Group, Shalev Hulio, ha afirmado ante el poder judicial de Estados Unidos que su empresa sólo vende Pegasus a gobiernos para realizar investigaciones sobre delitos graves o terrorismo.
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Uno de los afectados en esta ocasión, el periodista Ricardo Raphael precisó que fue espiado entre octubre y diciembre de 2019 y en distintos momentos de 2020, además de que vinculó la primera intervención a su teléfono con la publicación de su libro Hijo de la guerra, sobre el grupo criminal Los Zetas, conformado por paramilitares entrenados en Estados Unidos.
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«Ahora sé que este relato me volvió objeto de espionaje ilegal por parte de las áreas de inteligencia de la Defensa Nacional que no solamente espían a periodistas, sino también comparten el material espiado con terceros», denunció Raphael en el diario Milenio.
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En tanto, el director de Animal Político, Daniel Moreno, reconoció que la intervención al teléfono de uno de sus periodistas, protegido mediante anonimato, vulnera a toda la redacción, pues sus comunicaciones se resuelven vía WhatsApp.
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«Este espionaje lo que hace es vulnerar aún más la inseguridad en la que vivimos periodistas y defensores, los periodistas necesitamos tener la tranquilidad de que podemos ejercer nuestra labor sin la presión de que nos estén espiando ilegalmente y nos estén espiando en un país donde las garantías para ejercer el periodismo son francamente limitadas», declaró.
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Pegasus hay sido empleado por gobiernos de al menos 10 países para indagar a periodistas, defensores de derechos humanos y opositores políticos. En el caso de México, este hallazgo periodístico de espionaje contra periodistas desde las Fuerzas Armadas se da en un momento de cuestionamiento de la responsabilidad de la institución castrense en episodios como la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, perpetrada en septiembre de 2014.

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