• agosto 27, 2022
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«Reequilibrar el Estado y el mercado»: el cambio de la nueva Constitución de Chile para la economía

El proyecto de nueva Constitución de Chile establece que el Estado debe participar en la economía y sancionar «los abusos…

 «Reequilibrar el Estado y el mercado»: el cambio de la nueva Constitución de Chile para la economía
El proyecto de nueva Constitución de Chile establece que el Estado debe participar en la economía y sancionar «los abusos del mercado». Analistas consultados valoraron los matices introducidos para asegurar una economía sostenible y fomentar la industrialización de los recursos naturales del país.
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Por Polo González
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«El Estado participa en la economía para cumplir sus fines constitucionales, de acuerdo con los principios y objetivos económicos de solidaridad, pluralismo económico, diversificación productiva y economía social y solidaria», establece el inciso primero del artículo 182 de la propuesta constitucional que los chilenos deberán aprobar o rechazar el 4 de septiembre.
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Son tres artículos, con sus respectivos incisos, que consagran el rol del Estado en la economía y que están detallados en el Capítulo V del texto propuesto por la Convención Constitucional, titulado Buen Gobierno y Función Pública.
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«Esta nueva Constitución lo que hace es volver a equilibrar la relación entre el Estado y la economía, puesto que para garantizar la vivienda digna, plantea que el Estado puede volver a ser constructor, que el Estado puede manejar un banco de suelo, que el Estado puede participar de la rehabilitación de las viviendas y no sólo de la construcción por primera vez de la conservación en el caso de las patrimoniales, etc», dijo a Sputnik la senadora del Partido Comunista Claudia Pascual.
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La legisladora destacó que el texto también «da un papel importante al Estado en materia de promover el desarrollo económico justo, promover la micro, pequeña y mediana empresa, promover el desarrollo sustentable y sostenible con la naturaleza desde esa perspectiva».
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Los artículos 182, 183 y 184, respectivamente, son los que detallan el rol del Estado en la economía. Dentro de ellos, se reconoce al Estado iniciativa para desarrollar actividades económicas, mediante las formas diversas de propiedad, gestión y organización que autorice la ley.
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La propuesta de nueva Constitución mandata a que el Estado deberá prevenir y sancionar los abusos del mercado, las prácticas de colusión entre empresas y «abusos de posición dominante, así como las concentraciones empresariales que afecten el funcionamiento eficiente, justo y leal de los mercados». Un aspecto no menor en un país que ha sufrido el alza de precios en distintos productos por la colusión de empresas.
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Otros aspectos importantes que destaca la propuesta de nueva constitución en materia económica:
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  • El Estado usará sus recursos de forma razonable, óptima, eficaz y eficiente, en beneficio de las personas y en función de los objetivos que la Constitución y las leyes les impongan.
  • Es deber del Estado en el ámbito de sus competencias financieras, establecer una política permanente de desarrollo sostenible y armónico con la naturaleza.
  • Con el objeto de contar con recursos para el cuidado y la reparación de los ecosistemas, la ley podrá establecer tributos sobre actividades que afecten al medioambiente.
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En conversación con Sputnik, el ingeniero comercial Álvaro Gallegos —experto en materias de regulación financiera, exasesor del Ministerio de Hacienda y quien se desempeñó como superintendente de pensiones durante la segunda administración de Michelle Bachelet (2014-2018)— comentó que «el mercado de Chile funciona con muy poca competitividad».
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«El mercado está concentrado por un pequeño sector de la población y empresas transnacionales, lo que ha producido que se hayan realizado colusiones entre los precios de los medicamentos, la carne de pollo e incluso el papel higiénico. Todo esto en desmedro del bolsillo de los consumidores», agregó.

«Continuidad y cambio» en materia económica

«La propuesta de nueva Constitución es, a mi juicio, continuidad y cambio, a la vez que modernizadora», dijo Flavio Quezada, miembro del Observatorio Constituyente del Instituto Igualdad.
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El abogado experto en materia constitucional explicó que si bien el proyecto de Constitución asegura la continuidad de la economía de mercado, introduce importantes matices.
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«Se reconocen y protegen de forma robusta sus pilares fundamentales (de la economía de mercado), como, por ejemplo, el derecho de propiedad, la libertad de empresa, entre otros; pero también es cambio, ya que, dentro de ese marco, se apuesta por impulsar un desarrollo económico sustentable, respetuoso de la naturaleza y el medioambiente», dijo Quezada.
El miembro del Observatorio constituyente señaló que esta propuesta es modernizadora puesto que afronta problemas propios del siglo XXI.
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«La propuesta no solo permitiría dejar atrás un texto ilegítimo, por su origen dictatorial, sino también muy anticuado, porque no sirve para afrontar los desafíos de un mundo cada vez más cambiante. Así, por ejemplo, se aborda en la propuesta la crisis climática, la necesidad de promover la economía circular, se reconoce el derecho a la desconexión digital en la relación laboral, por dar unos ejemplos», puntualizó Quezada.
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«En suma, es una propuesta que mira decididamente el futuro, en un acto de solidaridad con las próximas generaciones», resumió.
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En esa línea, Claudia Pascual señaló que la nueva Constitución «nos va a permitir plantearnos temas que hoy día no están posibles de plantearse, cómo es una reindustrialización en función, por ejemplo, de las energías renovables».
La senadora explicó que un proceso de industrialización le permitirá al país tener ventajas para poder desarrollar tecnologías.
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«Vendemos el cobre en bruto y lo compramos hecho tubo o chip. ¿Por qué no desarrollamos tecnología para poder agregarle valor a ese cobre? Qué decir con el litio y con otras tantas cosas y recursos naturales que tenemos. Yo creo que tenemos una oportunidad muy bonita, si no perfecta, la mejor oportunidad que hemos tenido en los últimos años», dijo Pascual.

¿Cómo se puede financiar el amplio catálogo de derechos propuestos?

Uno de los aspectos más criticados por sectores conservadores tiene que ver en cómo se financiarán los derechos sociales consagrados por la nueva Constitución.
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Al respecto, Pascual señaló que «esta nueva Constitución marcó un hito sumamente importante en materia económica, porque busca reequilibrar la relación entre el Estado y el mercado».
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«Desde la dictadura que tenemos una relación que se carga hacia los privados y el mercado y que ha retrasado, que ha disminuido el Estado en su rol, en su papel de garantizar los derechos sociales, pero también al mismo tiempo de ser un Estado que se involucra en el desarrollo económico de nuestro país», sostuvo.
Con la nueva Constitución, explicó la senadora, el financiamiento de los derechos sociales consagrados deberá ser garantizado a través de políticas públicas y la creación y desarrollo de empresas estratégicas.

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