El pedido de Estados Unidos para secuestrar el avión venezolano retenido en Argentina despertó tensiones entre Buenos Aires y Caracas. Si bien la Justicia hizo lugar al pedido estadounidense, la última palabra la tendrá el Gobierno argentino, a quien Venezuela cursó un pedido formal.
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Las
tensiones internacionales en torno al avión de la compañía venezolana Emtrasur retenido en Argentina agrega un nuevo capítulo con la decisión del juez argentino Federico Villena de hacer lugar al
pedido de la Justicia de EEUU para incautar la aeronave que se mantiene retenida en Buenos Aires desde el 8 de junio.
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Según consignó el diario argentino Página 12, Villegas hizo lugar al pedido de incautación del avión que llegó desde la Corte de Distrito de Columbia, EEUU, que consideró que el avión debía ser confiscado presuntamente por violar la ley de control de exportaciones estadounidense.
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En función de esa norma, el Departamento de Comercio y el Departamento de Estado de EEUU se arrogan la posibilidad de establecer sanciones para «para proteger los intereses de la seguridad nacional y promover los objetivos de la política exterior».
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El diario argentino consigna que la intención de incautar el avión obedece a que, antes de ser adquirida por la venezolana Emtrasur, la aeronave pertenecía a la aerolínea iraní Mahan Air. Tanto la empresa venezolana como la iraní están sujetas a sanciones estadounidenses.
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Además de habilitar la incautación, el juez Villena ordenó hacer un nuevo allanamiento del vehículo, aunque no se encontraron elementos que no se hubieran inspeccionado en las inspecciones anteriores.
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Según Página 12, a pesar de la resolución de la Justicia, la definición para que el avión deba ser trasladado a suelo estadounidense corresponderá a Cancillería argentina, de la misma forma que sucede con las personas imputadas por las que un estado extranjero solicita la extradición.
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Si bien el Gobierno argentino aún no tomó definición en el asunto, la posibilidad de que el Gobierno de Alberto Fernández acceda al pedido de EEUU inquieta al Gobierno venezolano, que considera que la petición del tribunal de Columbia no tiene asidero y es un atropello.
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A través de Twitter, el excanciller venezolano Jorge Arreaza sostuvo que «es una vergüenza que las instituciones argentinas se presten para secuestrar el avión de carga venezolano y a su tripulación, siguiendo órdenes directas de Washington».
Para Arreaza, la retención del avión es «una acción totalmente violatoria de la legalidad internacional y de los Derechos Humanos de los tripulantes».
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El tuit de Arreaza fue compartido por el presidente Nicolás Maduro en su cuenta oficial de Twitter.
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El diputado de la Asamblea Nacional venezolana Pedro Carreño fue uno de los voceros del pedido del oficialismo venezolano. Durante una sesión del legislativo, planteó «exigirle al Gobierno argentino que devuelva el avión que es venezolano».
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En su alocución, el parlamentario también pidió a Alberto Fernández «que demuestre si es un pelele del imperio, si es un títere del imperialismo o verdaderamente gobierna ese país».
Los dichos de Carreño generaron molestia en Argentina, al punto que el embajador argentino en Caracas, Oscar Laborde, planteó el malestar directamente al legislador.
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«Ayer recibí en la sede de nuestra embajada a una delegación de diputados. Durante el transcurso de una reunión sincera, le reproché duramente al presidente de la comitiva, diputado Pedro Carreño, sus agravios inadecuados e inoportunos hacia nuestro presidente», escribió el diplomático.
En ese mismo encuentro, la delegación venezolana encabezada por Carreño entregó a Laborde un proyecto de acuerdo aprobado por el legislativo de Venezuela en el que rechaza el secuestro del avión y solicita que el Gobierno argentino no haga lugar a la extradición.
En Buenos Aires, en tanto, algunos grupos de manifestantes se movilizaron en defensa del avión venezolano, exigiendo que el Gobierno argentino proteja el derecho del avión venezolano.
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Mientras tanto, los 19 tripulantes que llegaron con el avión que trasladaba autopartes hacia Argentina
se mantienen a disposición de la Justicia, sin que hayan aparecido elementos incriminatorios sobre su presunta vinculación con el terrorismo, tal como señalaban las instituciones judías que denunciaron su llegada a Argentina.
