Gabriel Boric presenta plan de salud para víctimas de represión del estallido social

El presidente Gabriel Boric, comentó los avances de la estrategia de reparación a las víctimas de la represión del estallido social de 2019 y en ese marco, presentó un plan especial de salud especial que los beneficia.

«Hoy [3 de agosto] damos un paso más en el camino de justicia y reparación para las víctimas de violencia estatal, con un plan que mejora las condiciones y la cobertura de las atenciones de salud con respecto a las víctimas y también a sus familiares», señaló el mandatario en conferencia de prensa.

El presidente explicó que este nuevo programa de salud garantizará atenciones de salud de todo tipo, tanto físicas como también de salud mental para víctimas y familiares que hayan sufrido traumas o que estén pasando por procesos difíciles producto de la vulneración de su ser querido.
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Asimismo, Boric explicó que el Gobierno implementará una serie de cursos y capacitaciones para el personal de salud encargado de atender a las víctimas, en materia de derechos humanos y de trauma social.
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«No podemos cometer el error de cuando una persona desee acceder al Estado, el Estado lo revictimice producto de la ignorancia en ciertos temas, y para eso contaremos con toda la capacitación correspondiente», señaló.
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Por último, detalló que el actual programa de salud, que se creó para atender a las víctimas de trauma ocular producto de los disparos de Carabineros (policía militarizada) y uniformados, será modernizado, con mejor maquinaria y una nueva sede de atenciones en Santiago.
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«En este nuevo lugar, crearemos un espacio seguro para que todos los sobrevivientes con trauma ocular puedan sentirse acogidos y acompañados», cerró.
Durante las protestas del estallido social de 2019 en Chile se ordenó una represión a cargo de Carabineros, Policía de Investigaciones (PDI) y las ramas de las Fuerzas Armadas, produciéndose una serie de violaciones a los derechos humanos.
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Estas vulneraciones fueron confirmadas por distintas organizaciones que enviaron observadores al país, como la Organización de Naciones Unidas, Human Rights Watch, Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.