• mayo 12, 2022
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Amnistía Internacional lamenta la muerte de Francisca Sandoval y llama a adoptar medidas preventivas para evitar nuevos hechos de violencia en manifestaciones sociales

SANTIAGO – Amnistía Internacional manifiesta sus condolencias a la familia, amistades y compañeros/as de trabajo de la comunicadora Francisca Sandoval,…

 Amnistía Internacional lamenta la muerte de Francisca Sandoval y llama a adoptar medidas preventivas para evitar nuevos hechos de violencia en manifestaciones sociales

SANTIAGO – Amnistía Internacional manifiesta sus condolencias a la familia, amistades y compañeros/as de trabajo de la comunicadora Francisca Sandoval, quien fue atacada en la marcha del 1 de mayo. La organización repudia las circunstancias en que fue herida, situación que debe investigarse de manera exhaustiva y posteriormente sancionar a los responsables. A su vez, insta a las autoridades a adoptar urgentemente todas las medidas preventivas necesarias para evitar que particulares agredan a personas manifestantes como también a comunicadores/as que cumplen su importante rol de informar a la comunidad.  

Al respecto, en la Declaración Conjunta sobre violencia contra los/as periodistas en el marco de manifestaciones sociales de los relatores especiales de Naciones Unidas y la OEA se ha afirmado que «El Estado tiene el deber de garantizar que los periodistas y comunicadores que se encuentran realizando su labor informativa en el marco de una manifestación pública no sean detenidos, amenazados, agredidos, o limitados en cualquier forma en sus derechos por estar ejerciendo su profesión».

«La labor de los/as periodistas es fundamental para mantener informada a la población sobre los acontecimientos. A la vez que cumple un importante rol al reportar sobre la actuación del Estado y de la Fuerza Pública durante las manifestaciones, previniendo el uso desproporcionado de la fuerza y el abuso de autoridad», menciona Rodrigo Bustos, director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile.

La organización es enfática en recordar al Estado de Chile que tiene el deber de asegurar el derecho a la protesta pacífica, lo que incluye proteger la integridad de los/as manifestantes frente a agentes provocadores y contra-manifestantes.

 

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