Proclamar la “recuperación de los recursos mineros” tiene que tener presente que, de acuerdo a la Constitución de 1980, todas las minas son propiedad del Estado de Chile. Por tanto, el esfuerzo político del nuevo gobierno debiera apuntar, más bien, a una verificación del cumplimiento de la normativa vigente en materia cambiaria, aduanera, tributaria y ambiental que las mineras concesionadas han tenido. Evaluar ese cumplimiento será importante para la continuidad de las concesiones y se debiera auditar también los contratos por los cuales se ha autorizado cuotas de extracción de recursos no concesibles, como el litio, a través de CORFO y CCHEN. Ejercer la fiscalización, con la legalidad vigente, sería recuperar soberanía.
En ese orden de ideas, lo primero es transparentar y hacer verificable las formas como se contratan los suministros de exportación de los concentrados de cobre, los operadores que participan en la actividad y sus relaciones económicas y comerciales con corporaciones multinacionales, las cuales influyen en la fijación de los precios de venta para exportación.
El Estado de Chile a través de Cochilco lleva el registro de los contratos de exportación minera, pero no ejerce una fiscalización de fondo sobre dichos contratos. Corresponde por ley al Servicio Nacional de Aduanas la fiscalización del Valor de las Exportaciones, y es este organismo fiscalizador el que debe supervisar que la cantidad, calidad y valor de las ventas para exportación corresponda a precios totales y reales corrientes en los mercados internacionales, al momento del suministro. Las exportaciones mineras, a nivel mundial, se concentran en unos pocos grupos multinacionales que, metódicamente, buscan eludir la tributación.
Por lo tanto, esta función fiscalizadora es fundamental, ya que de su resultado depende que el país pueda controlar el retorno de divisas correspondiente y los resultados de las ventas externas e las mineras, para la determinación del impuesto a la Renta. En la fiscalidad, la función de Aduanas se complementa con la del SII y con la del control de cambios internacionales del Banco Central.
Se debe reconocer por parte del gobierno que el país tiene serias brechas en materia de fiscalización, instaladas para impedir una fiscalización integrada, las que se debiesen subsanar con voluntad política. De partida, Codelco, la principal empresa pública minera, no está sujeta a la supervisión por parte de la Contraloría. Por su parte, Cochilco, que tiene a su cargo la supervisión de Codelco y Enami, como minería pública, pero no ejerce una fiscalización eficaz en materia de control de contratos y precios internacionales. El Banco Central, que fija las políticas de cambios internacionales, sólo exige que se le declaren los retornos y no existe obligación de liquidarlos, correspondiendo al Servicio Nacional de Aduanas el control de precios declarados, contenidos y la determinación de los valores líquidos de retorno.
Del año 2013 al 2017, Aduanas implementó un Plan de Fiscalización Minera, fortaleciendo las capacidades de su Laboratorio Químico y de Auditoría especializada, lo que permitió aplicar diversas medidas de fiscalización a la exportación de concentrados de cobre y de metales preciosos. Ese esfuerzo se frustró a partir del 2018 por la presión que ejercieron los lobistas de los grupos de presión, pero, pese a ello, quedó una normativa y una experiencia valiosa en la organización, con avances objetivos, como correcciones a situaciones cuestionables.
Esto permite señalar que es posible, con voluntad política y dentro de la legalidad vigente, realizar una severa fiscalización sectorial multidisciplinaria a las concesiones mineras, que permita verificar los contenidos exportados, la veracidad de sus certificados de calidad, los precios totales finales declarados y los reales del mercado en ese momento, los elementos penalizables y pagables, detectar subvaloraciones o triangulaciones en paraísos fiscales, valores líquidos de retorno que pudieren tener distorsiones. En un proceso de fiscalización se puede verificar también los pasivos ambientales que los proyectos están dejando en los territorios. Además, de acuerdo al especialista minero, Alexis Yovanovic, Director de la Consultora Modelo Operacional, de Brasil, se debe corregir en la gestión minera probables maniobras evasivas que surgen de una inversión desmedida en maquinaria y equipamiento para molienda, en vez de aplicar un proceso de separación previa del material fino, con lo que se haría más racional el uso de las líneas de chancado y molienda. Se ha comprobado que la gran minería suele exagerar en sus proyectos la adquisición de maquinaria pesada como camiones y molinos, constatándose que existe en esos bienes de capital un oligopolio internacional de empresas proveedoras, con las cuales las grandes mineras mantendrían relaciones de vinculación, lo que ha llevado a sobrevalorar los costos en el proyecto minero y reducir así los resultados a efectos tributarios.
Este impacto negativo es uno de las nuevas variables en materia de negocio minero que el Estado debiera transparentar, partiendo por su propia minería pública, sometiendo a auditorías los planes de expansión de la gran minería para exigir una mayor eficiencia productiva con incorporación de nuevas tecnologías, que apuntan a una minería más limpia y a mayor productividad.
Caminar hacia una mayor soberanía en materia de recursos naturales, particularmente de los productos mineros, motiva esta reflexión propositiva, sustentada en la experiencia desarrollada profesionalmente en la fiscalización del sector.
LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE LA RAZÓN
Hernán Narbona Véliz – Periodista. Corresponsal del Diario La Razón en la V Región. Administrador Público, Especialista en Aduanas y Comercio Internacional. Secretario de la Mesa Coordinadora de DDHH de Valparaíso.
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