Multas de más de 1 millón de pesos para quienes impidan acceso a las playas mexicanas en vacaciones

En el periodo vacacional de Semana Santa, uno de los más concurridos del año en México, las autoridades ambientales implementan…

En el periodo vacacional de Semana Santa, uno de los más concurridos del año en México, las autoridades ambientales implementan operativos no sólo de conservación sino también para garantizar el acceso a las playas.

Quien impida, inhiba, restrinja, obstaculice o condicione el acceso a las playas de México podrá hacerse acreedor de multas de entre 288.660 y 1.154.640 pesos (alrededor de 14.433 y 57.732 dólares, respectivamente), advirtió la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

Propietarios de terrenos colindantes con la zona federal marítimo terrestre (Zofemat) o titulares de concesiones, permisos, autorizaciones y acuerdos de destino sobre el aprovechamiento de estas áreas podrán ser acreedores de estas sanciones económicas, subrayó la dependencia, en el marco del operativo vacacional de Semana Santa 2022.

La Profepa recordó que 17 estados del país tienen litoral, donde el acceso a las playas no debe ser inhibido o condicionado.

El operativo de inspección se extiende del lunes 11 al sábado 23 de abril, indicó Profepa en un comunicado, a lo largo de los cerca de 11.000 kilómetros de litoral con los que cuenta México.

Además de garantizar acceso a las playas, la autoridad ambiental subrayó que busca impedir el ingreso de vehículos automotores, verificar que se cumpla la ley ambiental y atender la explotación de bienes de la nación sin autorización, permiso o concesión.

«La comercialización de flora y fauna enlistada en alguna categoría de protección, la renta y operación de vehículos (motoesquíes, cuatrimotos, ultraligeros y caballos), así como la presencia de comercio ambulante sin los permisos correspondientes de la Semarnat (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales)», agregó.

El artículo 27 de la constitución mexicana establece que por ningún motivo personas extranjeras pueden adquirir el dominio directo sobre tierras y aguas en una franja de 50 kilómetros en las playas del país.