El primer día hábil del nuevo Gobierno de Chile recibió a la flamante ministra del Interior, Iskia Siches, con disparos a la comitiva que la transportaba hacia la Macrozona sur —nombre dado por la institucionalidad chilena—, a la zona ancestral mapuche conocida como Wallmapu en lengua mapudungún.
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La prensa local aseguró que no hubo lesionados y que,
en primera instancia, los disparos habrían sido al aire. De todas maneras la seguridad de la ministra Siches decidió suspender la actividad que tenía planeada en
Ercilla, localidad ubicada a 600 kilómetros al sur de la capital chilena.
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Posteriormente la Policía encontró en el lugar un mensaje en una pancarta que decía: «Izkia Siches, mientras existan presos políticos mapuche no habrá diálogo».
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La ministra Siches no abandonó la región de la Araucanía, donde desde la Intendencia regional afirmó la intención de establecer un diálogo con las comunidades mapuche.
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«Entendemos que lo que ocurre acá es violencia, pero también es falta de Estado, es ausencia de un Estado decidido, se necesita un Estado que cuando ocurren eventos como los de hoy no arranque rápidamente a Santiago», agregó la ministra del Interior.
Aunque Siches no logró concretar su vista a Ercilla, sí se reunió con líderes mapuche, así como con familias víctimas de la violencia rural en la zona.
Rosa Catrileo, convencional constituyente en representación del pueblo mapuche, acusa aprovechamiento político que «utiliza y exalta» las situaciones de violencia en la zona.
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«Hay que investigar de qué se trata. Insinuar que esto tiene que ver con violencia de las comunidades o del pueblo mapuche es un error», señaló a Radio Bíobío respecto a los hechos ocurridos en Ercilla.
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Sobre la visita de Siches a La Araucanía, Catrileo sostuvo que «hay sectores que les conviene generar un clima de inseguridad y no es precisamente a las comunidades mapuche. La ministra va a Temucuicui invitada por uno de los principales loncos de ese sector, que es el abuelo de Camilo Catrillanca, y el padre de Camilo Catrillanca también declaró que estaba con disposición al diálogo», aseguró.
Aucán Huilcamán, encargado de relaciones internacionales del Consejo de Todas Las Tierras mapuche, aseguró lamentar lo sucedido con la ministra Siches en su visita al Wallmapu, que » tenía por objeto el restablecimiento de la confianza para el diálogo que se vio abiertamente quebrantado con el gobierno del expresidente Sebastián Piñera y quien apostó por la violencia militar y odiosidad racial».
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Junto con reiterar la disposición al diálogo «alrededor de la deuda histórica del Estado chileno con el pueblo mapuche»,
valoró «positivamente» el
levantamiento del estado de excepción por parte del Gobierno de Boric.
Por otra parte, el vocero de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, aseguró que «[Boric] está poniendo en puestos de seguridad a gente que organizó la represión en tiempos de Bachelet».
«Como CAM no vamos a negociar ni a transar con el enemigo histórico: somos parte del movimiento revolucionario mapuche. Luchamos contra el sistema capitalista y contra el Estado colonial», concluyó Llaitul.
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El pueblo nación mapuche ha enfrentado intentos de subyugación de parte de diferentes conquistadores —incas, españoles, chilenos y argentinos— por más de 500 años.
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La pacificación de la Araucanía es el eufemismo utilizado por historiadores que intentaron justificar el genocidio del pueblo mapuche y su posterior colonización y asimilamiento cultural por parte del Estado de Chile durante la llamada Ocupación de la Araucanía (1861-1883).
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En términos de historia reciente, las distintas comunidades o lof mapuche identifican la repartición de tierras del Wallmapu a manos de forestales durante la dictadura cívico-militar chilena (1973-1990) como el desencadenante del actual escenario de conflicto en el sur del país.
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La instauración de un modelo forestal extractivista —y el aprovechamiento de territorios por parte de empresas y colonos—, contrario a la comunión irrestricta del mapuche con su tierra a partir de su cosmovisión ancestral, fue el caldo de cultivo para el relacionamiento actual entre la nación originaria y el Estado chileno.
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Los sucesivos gobiernos democráticos posdictadura han militarizado la zona de manera paulatina y arbitraria, donde el Estado y su institucionalidad ofrece diálogo y los mapuche reciben balas, prisión política y muertes, en una posición territorial y cultural autonomista que nunca ha sido aceptada como parte del diálogo.
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En la región rige desde hace cinco meses el estado de excepción constitucional de emergencia, impuesto por el expresidente Sebastián Piñera (2018-2022), con el objetivo de que las Fuerzas Armadas puedan controlar la ola de ataques incendiarios y robos que se viene registrando hace años en la zona.
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Esta medida culmina el 26 de marzo y el presidente, Gabriel Boric, ya anunció que no la renovará; optará por el camino del diálogo, sin militarización.
