SANTIAGO — En los últimos minutos del partido, a cinco días del pitazo final, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, obtuvo media sanción en el Congreso a una nueva prórroga por dos semanas del estado de excepción constitucional de emergencia en las regiones de La Araucanía y Biobío, en el sur del país.
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Por Francisco Bravo Atias
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Con 73 votos a favor, 41 en contra y cinco abstenciones la Cámara de Diputados aprobó este lunes 7 la décima solicitud de extensión de la militarización, medida que rige desde octubre del año pasado, y todo indica que este martes 8 también pasará la barrera del Senado.
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El 11 de marzo terminan los cuatro años del mandato de Piñera y a pesar de que su sucesor, el presidente electo Gabriel Boric, ha planteado reiteradas veces que militarizar las ciudades no es parte de su estrategia para buscar una solución al problema de la violencia en la zona, probablemente su Gobierno comience con uniformados en las calles sureñas.
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«El presidente Gabriel Boric va a tener un desafío, porque esta violencia no va a cesar solamente con el diálogo. Él tendrá que aplicar también medidas de fuerza legítimas del Estado para contener ese negocio ilícito del que se está aprovechando un grupo con este ambiente de violencia», señaló el subsecretario del Interior, Juan Galli, a Radio T13.
A su vez, aseguró que «hay algunos que deslegitiman el estado de excepción como si fuera inocuo, pero lo que hay que hacer es preguntarle a los residentes de la zona, quienes viven día a día la violencia, si es que la presencia de las fuerzas militares les ha significado una mayor tranquilidad».
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El estado de excepción de emergencia le entrega facultades especiales al Ejecutivo para desplegar a las Fuerzas Armadas en una zona específica con el fin de que realicen gestiones para apoyar a la policía en las labores de control.
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Según cifras del Gobierno, los hechos de violencia en la que ha sido llamada la «macrozona sur» disminuyeron un 45% desde el inicio de la militarización, pero las cifras son discutidas.
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Por ejemplo, un estudio realizado por el medio online El Desconcierto con datos de la Fiscalía determinó que los delitos violentos aumentaron hasta un 11%.
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Nada escrito en piedra
Aunque el estado de emergencia logre ser aprobado en el Congreso, se espera que cuando el presidente Boric entre por las puertas de la sede de Gobierno, el palacio de La Moneda, luego de recibir la banda presidencial que le legará Piñera, decrete como una de sus primeras medidas la desmilitarización del sur.
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Diálogo, diálogo y más diálogo. Para el presidente Boric esta es la única manera de abordar una problemática como esta, con complejidades que no solo involucran temas de delincuencia y seguridad, sino que abarca también un trasfondo social, pues en esa zona se emplaza un gran número de comunidades del pueblo mapuche, cuyas reivindicaciones territoriales muchas veces se asocian a los ataques incendiarios.
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Por eso mismo, todas las veces que Piñera solicitó una prórroga de la medida al Congreso, Boric, como diputado del bloque de izquierda Frente Amplio, votó en contra.
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No obstante, el escenario cambió. Sin esta prórroga, lo único que debía hacer Boric cuando asumiera era no renovar la medida y dejar que se extinguiera, dando por cerrado el episodio de manera natural y aplicar sus propias agendas. Pero Piñera jugó su última carta bajo la manga, logró una nueva extensión y dejó a su sucesor en un aprieto.
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Boric deberá ordenar explícitamente el fin de la militarización y enviar a los uniformados de vuelta a los cuarteles.
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Muchos vecinos de La Araucanía no verán con buenos ojos este anuncio, considerando que en noviembre de 2021 se realizó una consulta en esta región y un 81% de los votantes se inclinó por desplegar a los soldados.
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En los últimos días se han visto algunas señales de que el nuevo Gobierno pueda abrirse a continuar con la militarización. La doctora Izkia Siches, quien será la primera mujer de la historia de Chile en ocupar el cargo de ministra del Interior, afirmó en entrevista con CNN Chile que si bien, la postura del presidente Boric de reforzar el diálogo sigue en pie, no descarta que más adelante se puedan «utilizar las herramientas del estado de derecho».
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«Acá se necesitan soluciones políticas o el conflicto se seguirá agudizando y estaremos cultivando próximas generaciones de jóvenes mapuche que se sentirán aplastados por el Estado», dijo. Aunque posteriormente, cuando se le insistió sobre la medida, la futura ministra agregó que «nada está escrito en piedra».
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Lo que se conoce hasta el momento del futuro plan de diálogo de Boric consiste en realizar rondas de conversaciones con líderes de todas las partes involucradas, tanto de los pueblos indígenas como de empresarios y habitantes de la zona. Además, se creará una comisión interministerial de subsecretarios para implementar medidas novedosas.
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Durante años se han registrado ataques incendiarios a maquinarias de empresas privadas forestales y de áridos que se emplazan en ciudades de La Araucanía y el Biobío, además de algunos ataques contra iglesias y casas particulares.
Parte de estos hechos han sido vinculados a agrupaciones de guerrilleros mapuche, pero esto no ha sido confirmado por la justicia.
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Esta semana se registró el quinto ataque incendiario del mes en la zona. Un grupo de personas quemó maquinaria de la empresa forestal privada Mininco en La Araucanía.
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