El crimen de una adolescente de 16 años despertó la ira de los vecinos de Rurrenabaque, un pueblo en el noroeste de Bolivia. Descontentos con el fallo judicial, los habitantes quitaron a una mujer acusada por el crimen de su celda y la colocaron en un cepo, inmovilizando su cabeza y manos.
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La indignación por el asesinato de una joven de 16 años en Rurrenabaque, un pequeño pueblo en el noroeste de Bolivia, derivó en una movilización popular y un castigo digno de otra época: la acusada por el crimen fue penada por los vecinos con cuatro horas en un cepo.
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La conmoción comenzó a escalar desde el 26 de febrero, cuando el cuerpo de una adolescente de 16 años fue encontrado en una casa del centro del pueblo. Según recoge el diario boliviano El Deber, las autoridades pensaron en un primer momento que se trataba de un suicidio pero luego catalogaron el caso como homicidio y lo vincularon a la trata de personas.
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En efecto, los investigadores apuntaron contra la dueña de casa, una mujer de 34 años que mantenía a la adolescente trabajando de manera informal como niñera a cambio de 500 bolivianos (72 dólares) mensuales. La edad de la fallecida y el monto que cobraba por su trabajo encuadra, para los investigadores, en la figura de trata de personas, por lo que la indagatoria también apunta en ese sentido.
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Con la hipótesis de que la mujer dio muerte a la adolescente y luego quiso montar una escena para hacer parecer que la joven se había suicidado, la Policía de la localidad la detuvo y la llevó ante la Justicia. El juez a cargo del caso dispuso que la acusada cumpliera prisión preventiva por cuatro meses en un penal de Trinidad, la capital del departamento del Beni, a unos 280 kilómetros del pueblo.
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La sentencia del juez indignó a los vecinos de Rurrenabaque, que esperaban una sanción mayor para la detenida y que la pena fuera cumplida en el mismo poblado. Mientras la acusada permanecía detenida en una dependencia policial, los habitantes montaron una vigilia fuera exigiendo que quedara apresada en el lugar.
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Las protestas se extendieron y ameritaron, incluso, el uso de gases lacrimógenos por parte de la Policía. De todos modos, los agentes no pudieron evitar que una turba irrumpiera en la comisaría sobre la tarde del 28 de febrero y accediera a la celda en la que la mujer esperaba su traslado. Los vecinos la quitaron de la prisión pero solo para conducirla hasta un cepo, un instrumento de tortura de origen medieval, colocado en una plaza del pueblo.
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Según medios locales, la acusada permaneció cerca de cuatro horas en el cepo y fue liberada recién sobre las 20 horas, cuando las autoridades de la localidad accedieron a que la mujer permaneciera detenida en Rurrerabaque. Mientras estuvo aprisionada por la cabeza y las manos, la mujer pedía clemencia y advertía a los presentes que, en realidad, solo «entorpecían la investigación».
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Las autoridades locales lograron gestionar la liberación de la mujer y evitar lo que podría haber sido, según la Policía, «un desenlace fatal». El acuerdo con los vecinos estipuló que la imputada fuera custodiada por efectivos militares de la localidad hasta tanto la Justicia disponga su destino.
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