- “Chilenos y chilenas, a las víctimas de violaciones de derechos humanos de todo tiempo, no nos cansaremos de buscar verdad, justicia, reparación y no repetición”
Gabriel Boric, 19 de diciembre 2021
Sin duda que el epígrafe que inicia esta nota contiene un desafío lleno de esperanzas para las víctimas de la represión y las organizaciones sociales.
Las palabras pronunciadas en el acto de celebración multitudinario en la Alameda pueden interpretarse como la intención de romper el paradigma que ha marcado toda la transición en materia de derechos humano: justicia en la medida de lo posible.
Es más, ese implícito pacto transicional -que perfeccionó las reglas neoliberales en la economía y de control social necesarios para su implementación- en muchos momentos hizo posible que el Estado ocupara herramientas extralegales para controlar la disidencia social y política, acercándola peligrosamente al modelo de un Estado-policial en regla.
Un solo ejemplo: al momento en que los gobiernos civiles asumen la administración del estado en la década de 1990, la instituciones como carabineros acumulaban experiencias represivas que al no cuestionarse ni modificarse seriamente evitaron las transformaciones necesarias en procedimientos y formación en derechos humanos. Experiencia represiva que se mantuvo latente en tiempos de “normalidad democrática” hasta que se desplegó sin complejos en octubre de 2019 con un saldo que ha sido señalado y denunciado ampliamente por organizaciones en Chile y a nivel internacional.
De allí que el desafío de alcanzar verdad, justicia, reparación y no repetición es un reto relevante, impostergable y de ningún modo imposible.
Por lo mismo es que, la conformación del equipo que dirigirá el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos adquiere especial atención para quienes sufrieron la represión, pues constituye una primera manifestación de la voluntad política ante el desafío planteado: romper con el paradigma de la “justicia en la medida de lo posible”, para realizar la verdad, la justicia, la reparación y garantizar la no repetición. Quienes asumirán en marzo pueden contar con nuestra mayor disposición a colaborar para alcanzar el objetivo mencionado. Ante todo, porque lo entendemos como una obligación para con quienes han confiado en nuestra labor durante tantos años.
Claro que no nos cabe duda de que el gran desafío para el futuro gobierno es responder al conjunto de expectativas generadas a partir del levantamiento social de octubre del 2019. Ese estallido dejó en claro la urgencia de dejar atrás un orden social basado en una economía guiada por la ideología neoliberal y una democracia de baja intensidad que aborrecía de la participación social y popular. La desigualdad social, los abusos y las carencias de la mayoría de la población se transformaron en deudas históricas con los pueblos que habitan nuestro territorio.
El estallido social, con su cuestionamiento a las instituciones cristalizadas durante la “larga transición” dejó en evidencia que la democracia no es un mero dispositivo administrativo o conjunto de reglas y procedimientos desprovistos de contenidos de justicia distributiva y social y carentes de contenido ético. Eso ya no es posible. La gran tarea transformadora es asumir que otro Chile es posible. Y el rol de gobierno y sus autoridades, incluidos ministros y subsecretarios, no puede estar ajeno a esa transformación sustancial.
En medio de esa labor transformadora, es que las realizaciones de las demandas sociales largamente postergadas adquieren su real dimensión. La verdad, la justicia, la reparación y la no repetición en el ámbito de los derechos humanos resume en pocos conceptos el trabajo impostergable para alcanzar la democracia real y el orden social justo que anida en las expectativas de amplios sectores sociales. Su no realización o su postergación y retraso será factor de frustración social.
Los avances de la Convención Constitucional son decisivos. Y lo que realice el gobierno entrante tiene tanto o igual relevancia. Las realizaciones gubernamentales serán obra de todos los ministerios y quienes los dirigen. Estos últimos pondrán en juego su credibilidad, especialmente los que se reconocen asimismo como provenientes de la sociedad civil organizada.
En el ámbito de los derechos humanos urge avanzar en la verdad, la justicia y la reparación integral para las víctimas de todo tiempo. Terminar con la impunidad de ayer y de hoy es perentorio. Es indispensable abordar el tema de la integridad de la política hacia Carabineros en el uso de la fuerza. Hay que recordar que aún está presente la exigencia de disolución/refundación/reforma de Carabineros, según sea la acentuación y perspectiva de quienes señalamos alguna de estas ideas, todas orientadas a que el organismo que aplica la fuerza y debiera mantener el orden público, debe tener otra perspectiva respecto del derecho a la protesta social poniendo en el centro el respecto irrestricto a los derechos humanos.
La no repetición de las graves violaciones a los derechos humanos y de los crímenes de lesa humanidad solo se pueden garantizar con la profundización de la democracia y la generación de un orden social justo y solidario. Respecto a la democracia puede ser relevante desarchivar la fórmula lincolniana: el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo y dejar atrás las concepciones neoliberales que la supone un mercado. Para el orden económica y socialmente justo es imprescindible poner en el centro al ser humano y sus necesidades y no a los mercados.
CODEPU, en lo inmediato se encuentra trabajando en sus objetivos de siempre, y atento a los escenarios que se abren desde marzo y que, reconocemos mantiene dosis de incertidumbre, pero también de esperanzas.
LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE LA RAZÓN
Por CODEPU – La Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo CODEPU, es una organización no gubernamental de Derechos Humanos fundada durante la dictadura militar, el 8 de noviembre del año 1980. Desde hace 30 años asiste a las víctimas y los familiares de las víctimas de violaciones a los derechos humanos y lucha contra la impunidad.
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