Un narco abre el debate sobre la soberanía de Bolivia ante las presiones de EEUU

El Gobierno de Joe Biden solicitó a Bolivia la extradición del exjefe policial Maximiliano Dávila, implicado en una banda de tráfico de cocaína a EEUU. Para el Gobierno de Luis Arce es importante demostrar que en su país se puede realizar un juicio y condenar justamente a un criminal.
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Por Sebastián Ochoa
Periodista – Corresponsal de Sputnik en Bolivia
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La desarticulación de una banda narco internacional generó un nuevo debate sobre soberanía entre Bolivia y Estados Unidos. El eje de la discusión es Maximiliano Dávila, exjefe de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), detenido en enero pasado en el departamento de Potosí..
«Nos ha llegado desde los EEUU una solicitud de detención preventiva con fines de extradición del ciudadano boliviano Maximiliano Dávila Pérez», dijo el canciller, Rogelio Mayta, en conferencia de prensa.
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Indicó que en el Ministerio de Relaciones Exteriores analizan si la solicitud cumple con todas las formalidades correspondientes. Si así fuera, derivará la documentación al Tribunal Supremo de Justicia, para que resuelva el pedido.

«Bolivia es un Estado soberano. La soberanía es, por definición, el poder absoluto que tiene un Estado al interior de su país. La Constitución, en su artículo 7º, expresa que la soberanía reside en el pueblo boliviano», dijo el diputado Santos Mamani, del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Para el Gobierno de Arce es importante demostrar que en Bolivia se puede realizar un juicio y condenar justamente a uno de sus ciudadanos.
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El rol de Dávila

Maximiliano Dávila fue detenido el 22 de enero pasado, cuando intentaba cruzar a Argentina por la frontera boliviana de Villazón. Se lo acusa de enriquecimiento ilícito y de tener vínculos con el narcotráfico. Actualmente está detenido en el penal de San Pedro, en La Paz.
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Según investigaciones de la Policía boliviana y de la DEA —la agencia antidroga estadounidense— Dávila se encargaba de brindar «protección» en envíos de cocaína a EEUU. El entonces jefe policial procuraba que nadie interfiriera en el tránsito del estupefaciente.
El Departamento de Estado de EEUU ofrece cinco millones de dólares a quien permita condenar a Dávila ante un tribunal de Nueva York, donde también estarán otros de sus cómplices.
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Ned Price, vocero del Departamento de Estado, sostuvo que «durante su tiempo como director de la FELCN, se cree que Dávila utilizó su posición para salvaguardar las aeronaves utilizadas para transportar cocaína a través de terceros países para su distribución en los EEUU».
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Además, «tanto antes como durante su tiempo como director de la FELCN, Dávila estuvo presuntamente involucrado en el tráfico de narcóticos y el lavado de dinero», indicó el vocero.
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La DEA, que asentó la denuncia ante el tribunal de Nueva York, informó que en 2019 inició la Operación Los Andes, mediante la cual se infiltró e investigó la banda de Dávila hasta febrero de 2020. En este marco, el 9 de marzo de 2021 fue detenido en Perú el boliviano Jorge Roca Suárez, alias Techo ‘e Paja, quien venía de estar preso 27 años en EEUU.
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El mismo día fue detenido en Colombia el exmayor de la Policía boliviana Omar Rojas Echeverría, entre otros, también con pedido de extradición a EEUU.
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Una cuestión de soberanía

Por el momento, el Gobierno boliviano no tomó una decisión sobre Dávila. Además, desde hace más de 10 años el Estado Plurinacional solicita a EEUU la extradición de Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzain, quienes en 2003 estaban a cargo del Órgano Ejecutivo durante la masacre de 65 personas, en el marco de la Guerra del gas.
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En octubre de 2003 estallaron protestas masivas contra el Gobierno de Sánchez de Lozada por su decisión de exportar gas natural boliviano por puertos chilenos hacia EEUU. El Gobierno reprimió las manifestaciones durante varios días: el episodio fue conocido como la Guerra del gas, y la crisis motivó la renuncia y la huida de Sánchez de Lozada del país.
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El pedido de extradición del exmandatario boliviano nunca fue atendido por las autoridades estadounidenses.
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«En las relaciones internacionales prima mucho la reciprocidad. La gentileza de Estado a Estado. Y Estados Unidos, hasta este momento, ¿cuál es la gentileza que ha tenido en relación a las extradiciones? Ninguna», dijo Mayta en el canal estatal Bolivia TV.
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«En el caso de Sánchez de Lozada y Sánchez Berzain estamos en nada durante años. Entonces, probablemente ellos tengan que valorar al momento de pedirnos algo cómo va a operar esa reciprocidad. Ellos no han cumplido su parte», explicó el canciller, quien años atrás se desempeñó como abogado de las víctimas de la Guerra del Gas.
Mayta comentó que al pedido de extradición de Sánchez de Lozada «desde hace años lo están revisando en el Departamento de Estado, no hay plazo», para obtener una respuesta.
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«No somos el patio de nadie»

El diputado Santos Mamani mencionó una larga lista de instrumentos jurídicos internacionales, avalados por las Naciones Unidas, referidos al respeto a la autodeterminación de los pueblos.
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«Nosotros, como Estado, tenemos una institucionalidad jurídica y una instancia como el Ministerio Público, que están llamados a hacer la investigación correspondiente y actuar con todo el peso de la ley contra los infractores, ya sean autores intelectuales o materiales», sostuvo.
Y especificó: «Acá no se va a proteger ni encubrir a nadie. La ley es para todos. Las autoridades están combatiendo de manera frontal al narcotráfico».
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En este sentido, Mamani afirmó que «EEUU siempre ha intentado atentar contra la soberanía de los Estados. Pero nosotros no somos un Estado dependiente, ni tampoco somos el patio de nadie para que venga a hacer lo que le dé la gana».
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Y aseguró: «Somos dignos y soberanos. En ese marco, nosotros vamos a resolver nuestros problemas sociales, económicos y jurídicos».
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«Además ellos tienen ese eslogan de ‘América para los americanos’. Pero ellos siguen con la doctrina de Monroe, por lo cual debieran decir: ‘América para EEUU'», continuó Mamani.
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Agregó: «No es posible que algunos Estados, so pretexto de alguna situación que ponen en tela de juicio, quieran atentar y violentar la democracia de otros Estados».
El hecho de que el Gobierno de Bolivia no comparta las políticas de EEUU «no significa que vamos a encubrir actos delictivos. Se los debe combatir venga de donde venga, ya sea del MAS o del menos, de oficialismo u oposición», dijo el diputado.
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El canciller contó que Bolivia solicitó, días atrás, la extradición de Arturo Murillo, exministro del Gobierno de facto de Jeanine Áñez, preso desde 2021 en EEUU por su presunta participación en sobornos para la compra de materiales represivos destinados a la Policía boliviana.
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Según Mayta, será una oportunidad para que EEUU demuestre que honra al tratado de extradición firmado en 1995 con el Estado Plurinacional.

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