• febrero 2, 2022
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Diputado Torres espera pronto pronunciamiento de la Contraloría en adjudicación para Terminal 2 de Valparaíso hasta el 2026

“Existen una serie de informaciones que vinculan a la empresa ganadora –ligada a la familia Urenda- a una filial que…

 Diputado Torres espera pronto pronunciamiento de la Contraloría en adjudicación para Terminal 2 de Valparaíso hasta el 2026
  • “Existen una serie de informaciones que vinculan a la empresa ganadora –ligada a la familia Urenda- a una filial que se encontraría con una demanda vigente contra el Estado”, señaló el parlamentario.

Su preocupación manifestó el diputado DC Víctor Torres por los hechos que se han conocido en torno a la empresa que se adjudicó a licitación del Terminal N° 2 del Puerto de Valparaíso, adjudicado a la empresa Agencias Universales S.A. (Agunsa).

La empresa Agencias Universales S.A. (Agunsa) se adjudicó la licitación de transición definida por la Empresa Portuaria Valparaíso (EPV) para operar el Terminal 2 de Valparaíso por los próximos cuatro años, a contar del 16 de marzo de 2022.

Según el parlamentario, “hemos conocido una serie de antecedentes, fundamentalmente a través de la petición de fiscalización a la Contraloría por parte de la senadora Provoste, que son preocupantes y por ello esperamos que se aclare a la brevedad si se cumplió o no con la legalidad respectiva en la adjudicación a AGUNSA S.A. por parte de la Empresa Portuaria de Valparaíso en este contrato para la provisión del servicio de carga”.

El principal reparo tiene que ver con la existencia de una empresa filial de la firma ganadora de la licitación, que mantendría demandada a la Empresa Portuaria de Valparaíso; en otras palabras, una demanda contra el Estado de Chile.

Se trata de Valparaíso Terminal de Pasajeros S.A. (VTP), filial de Agunsa S.A., quien en agosto de 2020 ingresó al Primer Juzgado Civil de Viña del Mar una demanda de declaración de término de contrato e indemnización de perjuicios.

Al respecto, el diputado Torres explicó que “todos los organismos del Estado, incluyendo a las Empresas Públicas, no pueden contratar a quienes mantengan litigios pendientes con el fisco; por eso, esperamos un pronunciamiento pronto por parte del ente contralor “.

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