• enero 28, 2022
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Uso de la fuerza letal por policías: Informe de la Universidad de Chile devela falta de datos y transparencia

SANTIAGO – El texto, elaborado por el Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana de la Casa de Bello, da cuenta…

 Uso de la fuerza letal por policías: Informe de la Universidad de Chile devela falta de datos y transparencia

SANTIAGO – El texto, elaborado por el Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana de la Casa de Bello, da cuenta de 18 civiles muertos por medio de armas de fuego en 2018 y 21 en 2019 por parte de personal de Carabineros, la PDI y las Fuerzas Armadas. El reporte, que recoge cifras de prensa e institucionales, da cuenta de la falta de registros detallados de civiles y funcionarios fallecidos por este medio, y señala que no hay reglas unificadas para el uso de la fuerza por parte de instituciones de seguridad pública del Estado.

Incluyendo a Chile por primera vez, este miércoles 26 de enero de 2022 se presentó el informe Monitor del Uso de la Fuerza Letal 2018-2019, reporte internacional que da cuenta del uso de la fuerza letal por parte de agentes de seguridad en servicio, entendida ésta como la fuerza aplicada con armas de fuego de munición metálica.

El capítulo de Chile, elaborado por el Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana (CESC) del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, da cuenta de la falta de registros oficiales en esta materia en nuestro país: mientras que la Policía de Investigaciones no entregó cifras sobre civiles muertos o heridos por agentes en servicio con armas de fuego, Carabineros proporcionó cifras agregadas. En tanto, las Fuerzas Armadas (cuya información se requirió para el estado de excepción constitucional de 2019 comprendido en el período estudiado) denegaron el acceso a la información, según indica el reporte.

La investigadora del CESC y coordinadora del informe de Chile, Alejandra Mohor, planteó que uno de los desafíos que emana de este reporte es que se les exija a las policías «llevar un registro detallado de las letalidades asociadas a armas de fuego ocasionadas por la actuación de sus funcionarios», incluyendo descripciones de los hechos, caracterizaciones sociodemográficas de los intervinientes, lugar y fecha, entre otros elementos.

«Un registro cabal del uso de la fuerza letal permitiría generar recomendaciones que permitan que ésta sea efectivamente excepcional. Es necesario recordar que la vida –de civiles y agentes– es el bien jurídico más importante de proteger. Esa es la mayor tarea del Estado», señaló Mohor.

El Informe da cuenta de un total de 39 civiles muertos por uso de la fuerza letal por parte de agentes de seguridad en el período estudiado: 18 en 2018 y 21 en 2019. Al desglosar por policías, se puede observar que en 2018 Carabineros y la PDI fueron responsables de nueve casos de civiles muertos cada una. En tanto, en 2019, Carabineros generó 14 víctimas, la PDI cuatro y las Fuerzas Armadas, en contexto del estado de excepción constitucional (19 al 28 de octubre de 2019), generaron tres muertes.

Un 95 por ciento de las personas que perdieron la vida eran hombres, y el promedio de edad fue de 23,5 años. La mayor parte de los casos se concentran en la comisión de delitos flagrantes.

El documento también entrega una serie de recomendaciones. Una de ellas es excluir a las Fuerzas Armadas de las tareas de orden público, en línea con la evidencia internacional, pues, según indica el reporte, los funcionarios de Fuerzas Armadas asignados a estas tareas durante el estado de excepción constitucional «tienen asociada la mayor tasa de letalidad por institución», que alcanza 2,5 civiles muertos cada 1.000 agentes, mientras que en el caso de la PDI esta tasa alcanza el 0,6 y en el de Carabineros, 0,3.

Reporte internacional

El Monitor del Uso de la Fuerza Letal 2018-2019 incluyó a ocho países de América Latina: Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, Jamaica, México, Trinidad y Tobago y Venezuela. Entre ellos, Venezuela destaca como el país con el abuso de fuerza más extremo, pues uno de cada tres homicidios registrados en el país es resultado de la intervención de los agentes del Estado.

«El tema es de extrema gravedad, porque tiene que ver con la vida de las personas y no está suficientemente acompañado, fiscalizado, no hay suficiente transparencia en el mundo en general, pero sobre todo en América Latina, África y en algunas regiones del Sudeste Asiático. Incluso las instituciones internacionales no consiguen registrar los casos y por eso la sociedad civil está haciendo un esfuerzo en ese sentido», explicó Ignacio Cano, coordinador regional del Monitor.

Si bien los indicadores de Chile son mejores que los del resto de los países analizados, el informe destaca negativamente «la ausencia de datos institucionales en Chile» y señala que es urgente legislar en esta materia.

Metodología

El Monitor recoge información de fuentes institucionales, como las policías, el Ministerio Público, la Subsecretaría de Prevención del Delito, entre otras, a través de solicitudes de información por ley de transparencia. Adicionalmente, se recopila información de prensa, con un total de 191 medios consultados, mediante técnicas de extracción de datos web y filtros automatizados construidos con lenguaje de programación Python, para calcular indicadores.

Dada la entrega de información parcial o su denegación por parte de las instituciones requeridas, los indicadores clave del monitor, es decir, los referidos a civiles muertos fueron calculados a partir de registros de prensa.

Recomendaciones

En la presentación del informe, la especialista Catalina Fernández, master en Derecho Internacional por la Universidad de Cambridge y autora del libro «Los límites de la fuerza. Mitos y verdades sobre los derechos humanos», llamó la atención sobre la necesidad de considerar en el futuro las muertes y lesiones ocurridas por otro tipo de armas, como las escopetas antidisturbios, como ocurrió durante las manifestaciones de octubre de 2019.

«Sabemos que la letalidad no se limita a las armas con munición letal (metálica). Las herramientas que usa la policía para la mantención del orden público incluye otras armas, llamadas ‘armas menos letales‘, que tienen letalidad menor a la munición metálica pero que igual generan un riesgo de afectación de la vida o la integridad física grave», explicó.

El reporte también recalca la necesidad de que exista en Chile «un mecanismo de registro público de uso de la fuerza que, además, permita a la ciudadanía acceder a micro datos sobre los eventos en que se haya usado armas letales y menos letales».

El capítulo de Chile del Monitor de Uso de Fuerza Letal está disponible aquí (también se adjunta al correo). Para ver el reporte regional y los capítulos de cada país, ingrese aquí. La presentación con el resumen de los datos de Chile se puede ver en el archivo adjunto.

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