• enero 17, 2022
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Jóvenes quieren un Estado solidario, sin discriminación y que asegure los derechos del agua de todas y todos

El segundo informe del proyecto Voces de Chile, iniciativa de la Universidad Católica Silva Henríquez y de la Fundación Scholas…

 Jóvenes quieren un Estado solidario, sin discriminación y que asegure los derechos del agua de todas y todos
  • El segundo informe del proyecto Voces de Chile, iniciativa de la Universidad Católica Silva Henríquez y de la Fundación Scholas Occurrentes, da cuenta de que las y los jóvenes esperan un rol preponderante del Estado en torno a temas sensibles como Salud, Educación y Pensiones.
  • La mayor parte además se inclina por un sistema político presidencial (56%), con un poder legislativo unicameral (54%).
  • Se destaca también una visión de una sociedad mucho más inclusiva: las y los jóvenes encuestados están muy favor de que la nueva Constitución sea una herramienta para terminar con la discriminación de distintos tipos.

SANTIAGO – El proyecto Voces de Chile nace con el fin de crear espacios de diálogo para la participación de las y los jóvenes en la definición de un país más justo, solidario y digno, buscando conocer las miradas, ideas y propuestas de las y los jóvenes para la redacción de la nueva Constitución. Los resultados de este segundo informe fueron recolectados entre el 14 de mayo y el 29 de octubre de 2021.

Los resultados finales serán sistematizados y entregados a cada miembro de la Convención Constitucional.

“Respecto de los Derechos y rol del Estado, las y los encuestados señalan que de los derechos que actualmente no están asegurados en la Constitución, el derecho al agua (45%) es el más importante para ser incluido la nueva Constitución, seguido por el derecho a la vivienda (34%) en segundo lugar y el derecho a la protección de infancia y juventudes (24%) en tercero”, explica el coordinador del estudio, Rodrigo Torres, académico e investigador del Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Juventud (CISJU) de la UCSH.

Mostrando una visión de tolerancia y respeto, una gran mayoría es muy favorables a que la nueva Constitución prohíba la discriminación en distintos ámbitos: por discapacidad (92% A favor o muy favor), por nivel socioeconómico (92% A favor o muy favor), por nacionalidad (92% A favor o muy favor), por pertenecer a pueblos originarios (91% A favor o muy favor), por sexo (92% A favor o muy favor), por orientación sexual (90% A favor o muy favor), entre otros.

Un dato llamativo que describe el espíritu altruista de las nuevas generaciones es que el 70% de las y los jóvenes encuestados señala que el Estado debería preocuparse y hacerse responsable por el bienestar de las personas, en contraposición al porcentaje restante, que opina que cada persona debería preocuparse y responsabilizarse de su propio bienestar.

Para el Dr. Rodrigo Torres, este porcentaje refleja los “elevados niveles de desigualdad vividos en Chile durante décadas, lo cual fue una de las principales causantes del estallido de octubre 2019 que emerge como respuesta una visión sobre la necesidad de asegurar condiciones de vida dignas para todas y todos los ciudadanos”.

“Tanto en el debate sobre la nueva Constitución como en el triunfo de Gabriel Boric, se aprecia que cada vez se avanza hacia una visión mucho más colectiva y fraterna respecto de la distribución de los recursos, el acceso a los servicios y el término de los privilegios. Entre las y los jóvenes se resignifica la importancia del Estado como actor principal que puede asegurar el bienestar mediante una igualdad en el acceso a derechos sociales. Por ello, se observa que existe una demanda por una mayor participación del Estado en temas como la educación, la salud, las pensiones o la gestión del agua como derecho humano”, agrega.

En esa misma línea, la mayoría señala estar favor de que el Estado sea el principal actor que se haga cargo de los siguientes temas: Salud (53%), Educación (58%), Pensiones (61%), Agua (71%) y Transporte Público (59%).

Sobre el financiamiento de los derechos sociales, la mayor parte señala que debería ser de forma mixta mediante un pago de las personas subvencionado por el Estado (48%), y financiamiento colectivo mediante impuestos (35%). El financiamiento de los derechos sociales mediante pago individual de las personas es apoyado sólo por el 17% de las y los jóvenes encuestados.

¿Qué sistema político prefieren?

Un sistema político presidencial (56%) y con un poder legislativo unicameral (54%) es la preferencia de la mayoría. Están muy de acuerdo con la implementación del voto obligatorio (70% de acuerdo o muy de acuerdo), pero no con reducir la edad de sufragio (54% en desacuerdo o muy en desacuerdo).

Torres considera que esta tendencia es relevante por el contexto político en el que está inmerso el país y la resignificación de la importancia del voto para los jóvenes. «Los datos del Servel han mostrado un considerable aumento del voto juvenil y en especial en sectores socioeconómicos medios y bajos. Esto coincide con la evidencia internacional que muestra que en contextos políticos de gran relevancia las y los jóvenes participan de los procesos electorales y lo hemos podido observar en elecciones como el plebiscito de 2020 y en especial en las elecciones presidenciales del 19 de diciembre pasado, donde el triunfo de Gabriel Boric representa la llegada al poder de una figura política joven y acorde con el sentido de muchas de las movilizaciones juveniles que se han vivido en Chile”.

Respecto de la falta de acuerdo en reducir la edad de sufragio, para el académico existe un tema en torno a cómo perciben sus competencias para ejercer el voto. “La evidencia muestra que muchas veces las y los jóvenes menores de edad no se sienten suficientemente informados, no se consideran completamente maduros para el momento o perciben que no han tenido la suficiente formación cívica para participar del proceso electoral”, indica.

Ficha técnica

Diseño: Encuesta no probabilística aplicada a participantes de todas las regiones del país mediante cuestionario on-line autoadministrado.

Muestra: 2285 estudiantes de educación media y superior (universitaria y técnico profesional), hombres y mujeres, con una edad entre 14 y 25 años (edad promedio: 18 años), matriculados en establecimientos educacionales de todo el país.

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