La Comisión de Participación Popular de la Convención Constitucional de Chile aprobó una fórmula para permitir que personas de la sociedad civil puedan hacer sus propuestas de normas reglamentarias o constitucionales ante el organismo. Las propuestas, llamadas Iniciativas Populares de Normas (IPN), ya son casi 1.400.
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Por Alexis Polo González
Periodista
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El mecanismo de las IPN busca la participación de la ciudadanía. Cada persona o agrupación puede presentar normas constitucionales, las cuales deben alcanzar las 15.000 firmas, provenientes de cuatro regiones distintas, para ser discutidas en el pleno de la Convención Constitucional.
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Para presentar una iniciativa o patrocinar alguna, se debe acceder a la página web de las IPN que fue lanzada el pasado 22 de noviembre de 2021. A la fecha se han presentado 1.392 iniciativas y han recibido 597.094 apoyos.
La fecha límite para presentar las iniciativas es el 20 de enero y cada ciudadano puede patrocinar hasta siete de las distintas normas ingresadas. La fecha de cierre para adscribir a una propuesta es el 1 de febrero del presente año.
La convencional Tania Madriaga, independiente e integrante de la Coordinadora Constituyente Plurinacional y Popular, agrupación que reúne a independientes, ex Lista del Pueblo y escaños reservados al interior del órgano, explica a Sputnik que hay un montón de normas presentadas y, al mismo tiempo, hay mucha gente que también está construyendo normas. La constituyente hace énfasis de que están con los plazos muy encima.
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«Efectivamente el proceso constituyente partió con un freno, no un freno total, pero con poca firmeza respecto a todo lo que se requería constituir para que hubiera un nivel de participación popular mayor. Hoy estamos con los plazos encima, estamos convocando a toda la gente a participar. Tenemos que fomentar las campañas de firmas para que un conjunto de iniciativas logre la meta de 15.000 patrocinios», comenta Madriaga.
«Las 15.000 firmas era una meta demasiado ambiciosa que la pusieron los partidos políticos, nosotros planteamos que hubiera un tope de 7.000, 10.000 máximos. Planteamos incluso 5.000, o sea, una iniciativa que tenga 5.000 de apoyo ya debería estar en condiciones, por sí sola, de entrar a discusión», agregó.
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© Foto : Gentileza Tania Madriaga
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María Rivera, convencional independiente y dirigenta del Movimiento Internacional de Trabajadores (MIT), asegura a que «la participación ciudadana todavía es poca. A pesar de que hay más de 1.000 IPN presentadas, hay muy pocas que cumplen el requisito de las 15.000 firmas. Debemos convocar a los pobladores, a los sindicatos, a los colegios, a las universidades, a todo el mundo que firme, que patrocine las normas para que se puedan discutir».
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La convencional explica que si las personas u organizaciones no logran presentar una iniciativa de norma popular pensando que no van a juntar las firmas, deberían hablar con los constituyentes para que estos las presenten, puesto que los convencionales tienen hasta el 1 de febrero para patrocinar las normas de la ciudadanía.
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«Hay que prepararse para darle todo el apoyo en este último plazo que queda de recolección de firmas, y luego estar atentos a la votación que va a ser el momento importante en que vamos a ver si esas normas tienen posibilidad de entrar al documento final», comentó Tania Madriaga.
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© Foto : Gentileza María Rivera
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¿Qué normas han alcanzado los 15.000 patrocinios?
La primera norma que logró los 15.000 patrocinios es la iniciativa «Será Ley«. Esta propuesta, patrocinada por la Asamblea Permanente por la Legalización del Aborto, plantea que el Estado reconozca y garantice a todas las personas sus derechos sexuales y reproductivos, en condiciones de igualdad y sin discriminación, incluyendo el derecho al aborto, sin interferencia de terceros, instituciones o agentes del Estado.
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Las otras normas que ya alcanzaron los 15.000 patrocinios son:
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Cannabis a la Constitución ahora: por el derecho al libre desarrollo de la personalidad, la soberanía personal y el bienestar.
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Con mi plata no: defiende tus ahorros previsionales.
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Nacionalización de las empresas de la gran minería del cobre, del litio y del oro.
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Si bien se necesitan 15.000 firmas para que una IPN ingrese a la discusión en la Convención, para ser aprobada en el pleno y quedar en la nueva Constitución necesita un cuórum de dos tercios, es decir 103 votos de 155 constituyentes que componen el órgano.
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El cuórum de dos tercios y el plebiscito dirimente
Tras ser aprobado el cuórum de dos tercios para aprobar las normas constitucionales, la Comisión de Participación Popular propuso el 27 de agosto de 2021 la creación del plebiscito dirimente. Esta consulta busca que la ciudadanía tenga la última palabra en aquellas normas constitucionales que no alcancen los dos tercios, pero sí los tres quintos.
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La propuesta del plebiscito dirimente fue aprobada el 6 de octubre de 2021 por el pleno del órgano constitucional, con 107 votos a favor, más de dos tercios del órgano constitucional. Sin embargo, su realización aún es incierta, puesto que para realizar esta consulta, el Parlamento debe realizar una reforma constitucional.
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La convencional Tania Madriaga comenta que «tenemos una diferencia con la manera que el poder constituido ha entendido su relación con el poder constituyente, en particular con el órgano institucional de la Convención. Si nosotros decidimos, democráticamente, un reglamento con ciertos mecanismos, el Parlamento simplemente debiera vehiculizarlo y ese diálogo, así de claro, debió haberlo hecho la mesa anterior [presidida por Elisa Loncon y Jaime Bassa], y esperamos que la mesa actual tenga esa claridad, esa firmeza para que no haya un veto del poder constituido respecto a los mecanismos de participación popular«.
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«Si hubiera un veto a los mecanismos, obviamente la Convención tiene que buscar otra fórmula que le permita legitimar aquellas discusiones en las que haya una mayoría social de acuerdo con alguna propuesta que no alcanza los dos tercios, que es otra de las discusiones que ya dimos y quedó fijada en el reglamento», agrega.
A su vez, la convencional María Rivera señala que «es absurdo que el Parlamento se niegue a realizar la reforma que permita realizar el plebiscito dirimente. De hecho, yo fui una de las pocas constituyentes que planteé que la Convención Constitucional debía declararse soberana, debía desconocer el Acuerdo por la paz y determinar lo que el pueblo está mandado a la Convención».
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Rivera hace referencia al pacto firmado por los partidos políticos, a excepción del Partido Comunista, el 15 de noviembre de 2019, para darle una salida institucional a la crisis social iniciada el 18 de octubre de 2019, que estableció una mayoría calificada de dos tercios para aprobar cualquier norma constitucional.
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Finalmente, Rivera explica que es muy difícil que el Parlamento llegue a ese acuerdo solo por discusiones de ellos. Sin embargo, la constituyente ve factible que la movilización y presión ciudadana pueda arrancarle al Congreso la reforma necesaria para desarrollar el plebiscito dirimente.
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