Buscan esclarecer el caso de la activista ambiental asesinada Javiera Rojas

Javiera Rojas, activista medioambiental, fue encontrada atada de pies y manos en una casa abandonada de la ciudad de Calama. La víctima participaba activamente de causas medioambientales contra la construcción de centrales hidroeléctricas y embalses en el país andino.
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Javiera Rojas, de 42 años de edad, fue encontrada sin vida el domingo 28 de noviembre, atada de pies y manos, en una casa abandonada de la ciudad minera de Calama, luego de que vecinos alertaron a la policía por el fuerte olor que emanaba de la propiedad.
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La mujer fue activista contra la instalación de una central hidroeléctrica de respaldo al sector de Combarbalá, a cargo de la empresa Prime Energías.
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También defendió las tierras del sector de El Durazno, ubicada en el Valle de Cogotí en la Región de Coquimbo, contra la instalación del Embalse La Tranca, según informó el Movimiento por el Agua y los Territorios (MAT).
La agrupación ecológica Valle de El Durazno, dirigida por Javiera Rojas, formada en función de la construcción del Embalse La Tranca, sobre el río Cogotí, sostenía que la instalación de este embalse supondría la inundación de la mitad de la localidad. Finalmente, el proyecto no se ejecutó.

Años de amenazas

Según comentaron personas cercanas a la víctima, como acredita la prensa chilena, Rojas «llevaba años recibiendo amenazas por su activismo medioambiental».
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La Policía de Investigaciones de Chile (PDI), se encuentra investigando el asesinato, por el cual hay dos sospechosos detenidos, quienes pasaron a control de detención. Se trata de un ciudadano chileno de 29 años y un ciudadano venezolano de 23 años de edad.
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Marileu Avendaño, vocera del Movimiento por el Agua y los Territorios (MAT), del cual también participaba Javiera Rojas, expresó la indignación del movimiento ante el femicidio de la activista.

«En Chile no solo se mata por la violencia estructural, por el hecho misógino, de ser mujeres o disidencias sexuales, también mata el extractivismo», agregó Avendaño a medios locales.

«Queremos justicia y no más impunidad, como fue también en el caso de Macarena Valdés, y tantos femicidios y muertes forzosas, tremendamente violentas que han sucedido», agregó Avendaño en referencia a la activista asesinada en 2016.
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Macarena Valdés fue una activista que se enfrentó a un proyecto hidroeléctrico en la zona de Panguipulli, en la Región de los Ríos, en el año 2016, siendo un caso que aún continúa siendo investigado y sobre el cual se alegó suicidio en sus primeras diligencias.

Oficios parlamentarios

Las diputadas de Revolución Democrática, Catalina Pérez y Marcela Sandoval, oficiaron al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y a la fiscalía para que se designe un fiscal especial, para que se investigue el hecho no solo como femicidio, sino como una persecución por su activismo medioambiental.

«El INDH podría presentar un recurso de protección, si se descubre que existe algún tipo de móvil de persecución ambiental, para proteger a otros activistas medioambientales», enfatizó la diputada Sandoval, en el programa Mentiras Verdaderas, de la estación La Red de Chile.

La diputada agregó que, «le pedimos al Ministerio Público que designe un fiscal especial, porque hay antecedentes de muchos defensores ambientales en Chile que han sido amenazados».
La diputada sostuvo que los activistas medioambientales están completamente desprotegidos en Chile, dado que «Chile no ha firmado el Acuerdo de Escazú, tratado que permite generar un estatuto de protección de los defensores ambientales», lamentó Sandoval.
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Bárbara Sepúlveda, constituyente por el Distrito 9 (Norte de Santiago), se refirió sobre el asesinato de Rojas en el hemicilio, al sostener que «En Chile es tremendamente peligroso defender el medio ambiente. En plena democracia se persigue, hostiga, acosa y asesina».