El balance del Paro Nacional en Colombia no puede hacerse completamente, debido a que todavía hoy, se presentan hechos de persecución judicial contra las personas que hicieron parte de las movilizaciones. El período es amplio y cargado de acontecimientos muy turbios, que cuesta cuantificar, especialmente porque la voz oficial es la que con mayor ahínco se opone a la circulación de información confiable. Como se sabe, la diversas organizaciones sociales y las organizaciones sindicales llamaron a movilización y paro a partir del 21N19. (21 de noviembre de 2019). Pocos meses después y pese al entusiasmo ciudadano, a la movilización de sectores históricamente marginados, a la vinculación de nuevas voces, la pandemia por Covid19 obligó al encierro y al silencio. Bastaron unas cuantas semanas, para que se visibilizaran las atrocidades que deja la desigualdad a su paso. El hambre en los sectores más pobres de la población, obligó a que las personas arriesgaran su vida en busca de medios de supervivencia. Los gobiernos regionales y locales, atareados en la contabilidad de contagiados y de camas UCI, descuidaron por completo su responsabilidad de garantizar la dignidad de sus asociados. Y por su parte, el Gobierno nacional, abusando del confinamiento por exigencias de la pandemia, usó todo su poder ejecutivo y su influencia legislativa, en imponer reformas tributaria y de salud, agravando todavía más la situación del ya precarizado pueblo colombiano.
Ya para el 2021, la situación era tan caótica que se produjo un potente y desafiante estallido social que convocó a todos los sectores de la población. Los paros en Colombia no son un asunto nuevo, sin embargo, casi todos ellos han estado muy compartimentados. El paro de los “muleros”(conductores de tractocamiones), el de los campesinos, los paros realizados por diferentes etnias indígenas en varias regiones del país, el paro de los corteros de caña de azúcar, el paro de docentes, el de los obreros del sector hidrocarburos, el de los sindicatos, el de los marroquineros, el paro cívico de Buenaventura, y otros que fueron muy visibles, no lograron aglutinar a los ciudadanos, más allá de quienes tenían vínculos con las causas, según sus intereses y motivaciones. Las reivindicaciones obtenidas fueron escasas y sus alcances se fueron disolviendo, en la mayoría de los casos, entre burocracia, parsimonia ejecutiva, tramitomanía y escaso seguimiento. Lo que sucedió en el 2021, fue completamente diferente.
Hay que reconocer que este fue el Paro Nacional más largo, integrador y visible de las últimas décadas. Por serlo, logró más que sus antecesores. Dos reformas agresivas y lesivas contra la ciudadanía, se desplomaron porque quienes tenían que defenderlas se encontraron de frente con la presión de una sociedad que no los reelegiría; dos ministros caídos, porque su incompetencia y abuso fueron inocultables ante una comunidad que estuvo despierta y atenta; Se fue de nuestro país una Copa América que iba a servir de circo ante la ausencia de pan; Y el Alto Comisionado para la Paz dejó el Gobierno, diciendo que su renuncia nada tenía que ver con el paro, sino con su expectativa política de ser candidato a la presidencia. Hoy, cinco meses después de su anuncio y cuando ya se perfilan los candidatos, no se ha presentado al debate público. Sin embargo, las pérdidas para el pueblo, en el Paro, han sido cuantiosas. Se perdieron más de 80 vidas, se contabilizaron 1.113 heridos civiles, se ignora el paradero de 91 desaparecidos y se lamenta el doloroso proceso que afrontarán más de 60 personas mutiladas y 106 víctimas de violencia de género.
Los jóvenes usaron toda su inextinguible energía no sólo en los puntos de bloqueo, sino en actividades paralelas, académicas, culturales, artísticas. El país estuvo en la calle aun contra el toque de queda, porque halló finalmente el espacio indispensable para encontrarse con ese todo que siempre había estado fragmentado y distante y que, según declaraciones de las organizaciones sociales, les permitió apropiarse del territorio de un modo democrático. De otro lado, las redes sociales cumplieron un papel definitivo en la consolidación de un proceso de comunicación alternativo que, aunque espontáneo, poco organizado y sometido a la censura, fue usado con creatividad para sacar el mejor provecho.
La brutalidad de las fuerzas represoras del Estado fue incesante. Circularon imágenes dantescas de los resultados infamantes de la opresión. La conformación de las Primeras Líneas fue vital para mantener los bloqueos y garantizar la seguridad de la protesta pacífica, así como para ayudar a la circulación de alimentos y elementos de protección. Las ollas comunitarias, instaladas por todas partes, dieron cuenta de la solidaridad del pueblo y de la importancia de garantizar un plato de comida como soporte cotidiano de la dignidad humana.
La balanza sube y baja entre triunfos políticos y sociales colectivos y pérdidas de vidas y derechos. Pasado el estallido social, el Gobierno ha vuelto a arremeter en el Congreso con leyes nocivas para la ciudadanía, con la instalación de 18 nuevos peajes que se suman a los 168 existentes, con el vergonzoso comportamiento sobresaliente en corrupción, plagio y bombardeos a niños, solo para citar algunos ejemplos.
Lo que más preocupa a la sociedad, es el amedrantamiento que se ha hecho de comunidades enteras y la persecución de los líderes sociales, ambientales y firmantes de la paz, sometidos a masacres y falsos positivos judiciales. Más de 3.200 personas han sido detenidas, la mayoría de los cuales asociadas a delitos no excarcelables como el terrorismo. Abundan los allanamientos y las capturas y ha habido un auge de abusos de agentes de la Policía que, sin mediar palabras, golpean a las personas y destrozan sus pertenencias. Son cotidianos los hostigamientos, la discriminación y la vulneración de derechos por parte de las autoridades. En las últimas horas se realizaron múltiples allanamientos y ejecución de órdenes de captura para jóvenes líderes y lideresas, participantes de las movilizaciones sociales desarrolladas en los departamentos de Boyacá, Nariño, Valle, Cundinamarca, entre otros.
Las organizaciones sociales hacen llamados a la comunidad internacional, a la CIDH y al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, para que replique las solicitudes que le hacen al Gobierno Nacional de cesar la criminalización de quienes participan en escenarios de protesta social y para que proteja el ejercicio de la oposición política y la garantía para la defensa de los Derechos Humanos. De otro lado, exigen a la Fiscalía General de la Nación respetar todos los derechos procesales de las personas detenidas, así como la garantía para la asistencia y asesoría jurídica técnica y, al Ministerio Público verificar las condiciones físicas, emocionales y humanitarias de las personas capturadas, e intervenir para lograr la protección de todos los derechos humanos.
LA OPINIÓN DE LA AUTORA NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE LA RAZÓN
Teresa Cardona Guerrero – Comunicadora Social – Periodista. Corresponsal en Colombia /Diario La Razón
