La Comisión Revisora rechaza la acusación constitucional contra Sebastián Piñera

La Comisión Revisora de la acusación constitucional contra el presidente chileno, Sebastián Piñera, rechazó el libelo presentado por las bancadas de la oposición contra el mandatario luego de las revelaciones de los Papeles de Pandora. La decisión se hizo efectiva con dos votos a favor, dos en contra y una abstención.
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En estos casos, la abstención se suma a los votos negativos, por lo que la acusación contra Sebastián Piñera saldrá con un informe negativo a la Cámara de Diputados para su votación.

«La acusación constitucional está pensada para otros eventos, como para cuando un presidente sinceramente compromete gravemente el honor y la seguridad de la nación», afirmó en su argumentación el diputado independiente Pepe Auth, cuya abstención fue decisiva.
El juicio político fue solicitado por 16 diputados opositores que acusaron al mandatario de transgredir la constitución, las leyes y comprometer el honor de la nación.
La decisión de la Comisión Revisora no es vinculante sobre lo que suceda en la votación en la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados. Todos los diputados están citados el 8 de noviembre para analizar el texto acusatorio.
Para que el juicio político sea aprobado en la Cámara de Diputados de 155 miembros se necesitan al menos 78 votos y la oposición tiene mayoría. Sin embargo, se estima improbable la oposición, que tiene 24 de los 43 asientos del Senado, reúna los 29 votos requeridos en este caso.
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El caso contra Piñera
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Los Papeles de Pandora es una investigación periodística internacional que en octubre reveló transacciones de personalidades y autoridades en paraísos fiscales, entre ellos Piñera. La Fiscalía Nacional de Chile anunció una investigación penal contra el mandatario sobre la posible comisión de los delitos de cohecho, soborno y evasión tributaria.
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La investigación periodística indica que la venta del proyecto minero y portuario Dominga se firmó en las Islas Vírgenes Británicas en diciembre de 2010 —a nueve meses del inicio del primer Gobierno de Piñera (2010-2014)— y que el pago de la tercera y última cuota por parte de los compradores se condicionó a que en la zona prevista para instalar la empresa no hubiera cambios medioambientales que pudieran impedir su instalación.
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En agosto de 2010 Piñera reubicó la instalación de una termoeléctrica ya aprobada y que se levantaría en el mismo lugar que el proyecto Dominga, en la comuna de La Higuera, a 470 kilómetros de Santiago, a sólo 30 kilómetros de un medioambiente con flora y fauna en peligro de extinción y de especies únicas del área. Además, en esa época se desconocía la existencia de los condicionantes para el pago del proyecto, adquirido por un íntimo amigo del mandatario.
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Piñera afirma que no fue informado de la venta y que los hechos registrados en 2010 están prescritos. La constitución permite acusar constitucionalmente a un presidente durante el ejercicio de su mandato y hasta seis meses después de finalizado.
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Su defensa reiteró que una investigación judicial de 2017 sobre otras gestiones empresariales de la familia Piñera Morel concluyó que el mandatario no estuvo involucrado ni cometió delitos. El exfiscal Manuel Guerra, que llevó la indagación hace cuatro años, declaró que lo revelado por los Papeles de Pandora sobre el condicionamiento del pago por los compradores es información nueva que podría dar lugar a un nuevo juicio.

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