• noviembre 5, 2021
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Constituyentes exigen la desmilitarización del sur chileno tras la muerte de mapuche

Los 17 escaños de la Convención Constituyente chilena reservados a pueblos originarios, acompañados por otros cincuenta convencionales, llegaron este jueves…

 Constituyentes exigen la desmilitarización del sur chileno tras la muerte de mapuche
Los 17 escaños de la Convención Constituyente chilena reservados a pueblos originarios, acompañados por otros cincuenta convencionales, llegaron este jueves 4 al Palacio de La Moneda a exigir la desmilitarización de la Macrozona Sur, luego del asesinato de un comunero mapuche a manos de las Fuerzas Armadas, hecho que aún no es esclarecido.
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Por Alexis Polo González
Periodista.
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«Los militares estaban dénle bala con cualquiera, no respetaban niños, no respetaban a nadie; disparaban, solo disparaban a la gente», señaló Adriana Linkopikayun, pareja de unos de los heridos, en un dramático testimonio, añadiendo que ella logró escapar de la balacera con sus dos hijas, mientras que su esposo intentó resguardarse en una garita, lugar donde habría recibido los impactos de bala que lo mantienen en estado grave.
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«Fue muy traumante. Mi hija me decía ‘¡vámonos, vámonos!’. Los militares querían puro matar personas, puro matar, no respetaban a nadie, disparaban para todos lados», enfatizó luego Adriana.

El comunero asesinado por funcionarios de la Armada de Chile fue identificado como Jordan Eduardo Lempi Machaca (23). Además, otras cuatro personas resultaron heridas.
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«Nosotros lo advertimos, cuando Piñera militarizó la Macrozona, que eso iba a traer más violencia. Va a contribuir a esa escalada y creo que no es la herramienta», señaló la constituyente mapuche Rosa Catrileo.
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A su vez, la abogada de derechos humanos y convencional constituyente Manuela Royo comentó que «la muerte de ayer es sin duda las consecuencias de una política de Sebastián Piñera y su Gobierno que no busca el diálogo, sino que busca la represión».

«Recordemos que Chile ya ha sido condenado por la Corte Interamericana por la violación de Derechos Humanos de integrantes del Pueblo Mapuche»¸ agregó.

Las versiones contrapuestas del hecho.

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Durante la noche del pasado 3 de noviembre, el Gobierno, a través del ministro del Interior, Rodrigo Delgadoseñaló que había dos muertos producto de enfrentamientos entre comuneros que se manifestaban contra el estado de excepción y las Fuerzas Armadas. Sin embargo, tanto el Instituto Nacional de Derechos Humanos como las mismas comunidades mapuche rectificaron la información, señalando que había un solo fallecido y cuatro heridos de bala, uno de ellos de extrema gravedad.

«El hecho de las 14 horas tiene relación básicamente con un paradero de bus que es derribado por personas que buscaban bloquear la ruta. En ese contexto es que Carabineros se acerca inicialmente en ese patrullaje y es atacado con armas de fuego», señaló el ministro Delgado.
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«Obviamente en ese momento estaban en un vehículo acondicionado para poder resistir este tipo de ataque y utilizan en ese momento medios disuasivos como bombas lacrimógenas y otro tipo de medios no letales», agregó.
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«En ese momento la Armada habría utilizado munición de salva, no letal, para disuadir a estas personas que estaban atacando con armas de fuego de grueso calibre a la caravana de Carabineros como de la Armada, y una vez que dejan de utilizar las armas de salva, habrían utilizado ya las armas de servicio», agregó el secretario de Estado.
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Sin embargo, la versión del Gobierno se contrapone con los testigos del hecho y los registros difundidos en redes sociales.
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Entrevistado por la prensa al llegar al Hospital de Temuco, ubicado a 680 kilómetros de Santiago, uno de los heridos, identificado como José Huenchuleo, relató que él conducía su vehículo por la aludida ruta cuando se encontró con la caravana de Carabineros y marinos, y uno de estos últimos «se da la media vuelta y nos dispara a quemarropa«. Junto con ello, advirtió que dentro de su camioneta iba también una menor de edad.

La versión entregada por el Gobierno hace recordar el caso de Camilo Catrillanca, quien fue asesinado por Carabineros el 14 de noviembre de 2018, y el Ejecutivo de Sebastián Piñera relató en un primer momento que se trataba de un enfrentamiento.
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«Esto no es algo nuevo, hoy recordamos la muerte de Camilo Catrillanca y en donde el propio Estado justificó su muerte señalando que era un delincuente, cuando no tenía antecedentes penales, y fueron los Carabineros, hoy condenados, quienes escondieron información», señaló la convencional Manuela Royo.
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«Esto es una manifestación de lo que se vive en Chile desde hace mucho tiempo, que es la relación entre la criminalización, la imposición de la fuerza del Estado militar y la represión por parte del Gobierno de Chile», agregó.
Piñera respaldó este jueves 4 la labor de las fuerzas de seguridad en la Macrozona Sur y condenó los hechos de violencia ocurridos en Cañete.
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«Durante este estado de emergencia las Fuerzas de Orden y Seguridad, Carabineros y la Policía de Investigaciones, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, están cumpliendo con su deber, están cumpliendo con el deber que establece nuestra Constitución y nuestras leyes. Su objetivo es proteger a las personas que merecen y necesitan vivir en paz», declaró el mandatario.
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«Lamentablemente, estos hechos ocurrieron y quiero decirlo, que siempre vamos a lamentar todas las pérdidas de vidas humanas», dijo. Responsabilizó además a las «organizaciones violentas» tras los incidentes ocurridos: «La responsabilidad primordial por las víctimas ocurridas en los últimos tiempos en las provincias en Estado de Excepción recae en organizaciones de crimen organizado».
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«Estos graves hechos, que amenazan a nuestra sociedad, no hacen más que ratificar la necesidad de mantener la medida de estado de excepción en la Macrozona Sur. Le pido al Congreso extender el plazo [que finaliza el 11 de noviembre]», señaló Piñera.
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La constituyente mapuche Rosa Catrileo, en conversación con Sputnik, emplazó al Congreso a rechazar la petición de Piñera. «Los emplazó a rechazar, a poner cordura. La militarización no va a contribuir a la solución de un conflicto que, precisamente, se generó por la presencia militar en el territorio mapuche», señaló la convencional de los escaños reservados.
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«Esta es una oportunidad que nosotros estamos tomando, esta vía institucional, porque no queremos más muertes, tampoco queremos que nuestros niños sigan creciendo en ese contexto de discriminación, racismo y violencia»¸ agregó.
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Los convencionales acusan que hoy Chile está frente a «una política gubernamental criminalizadora y racialmente discriminatoria, que utiliza una retórica bélica construyendo un enemigo interno que no hace más que aumentar los estereotipos hacia el Pueblo Mapuche y sus legítimas demandas».
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«Vemos cómo una parte de Chile se encuentra en un estado de excepción constitucional, específicamente un territorio ancestral mapuche, lo que nos habla de cómo el Estado ha usado la violencia política como un mecanismo para resolver un conflicto», agregaron en la misiva.
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