El presidente de Chile, Sebastián Piñera, se prepara para abandonar el Palacio de la Moneda y busca levantar su imagen, en caída desde el estallido social de 2019, con una apuesta a la «defensa de la soberanía nacional». Una receta que no suele fallar.
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La semana pasada, Piñera pateó el tablero diplomático con un decreto de actualización de su Carta Náutica que prevé ampliar su plataforma continental unos 25.000 kilómetros cuadrados.
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Lo polémico es que, según Argentina, 5.500 de ellos son reconocidos internacionalmente como argentinos y el resto son patrimonio universal.
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El presidente chileno inició septiembre con una aprobación del 16% de la población y una desaprobación del 73%, según el último estudio de la encuestadora privada Criteria, difundido el jueves.
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El impacto de su nueva jugada todavía no se puede medir, pero se especula que el mandatario busca mejorar esa imagen— que a principios de este año alcanzó puntos históricos de caída con solo un 7% de respaldo ciudadano en una encuesta realizada por Tú Influyes y el Centro de Estudios Público lo situó como el político peor evaluado de toda la escena nacional- o al menos cambiar el foco de la atención.
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Piñera defendió su decreto calificándolo de «política de Estado» en defensa de la soberanía.
Sin embargo, para Argentina se trata de un intento de apropiación por parte de Chile.
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«Nadie se apropia de lo que le pertenece», aseguró por su parte el canciller chileno, Andrés Allamand, quien rechazó la acusación argentina.
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Así, la decisión del Gobierno trasandino revivió tensiones entre ambos países que habían sido selladas con el acuerdo de paz de 1984.
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Controversia
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La respuesta argentina no tardó en llegar. Al tomar conocimiento del decreto, la cancillería emitió un comunicado afirmado que la proyección chilena «no condice con el Tratado de Paz y Amistad celebrado entre ambos países en 1984».
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Asimismo, señala que «Chile pretende apropiarse de una parte de la plataforma continental argentina y de una extensa área de los fondos marinos y oceánicos, espacio marítimo que forma parte del Patrimonio Común de la Humanidad de conformidad con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar».
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El canciller argentino, Felipe Solá, señaló que con esa acción Chile «manifiesta una vocación expansiva», que su país rechaza.
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El tratado de 1984, firmado bajo la mediación del Vaticano y el papa Juan Pablo II, puso fin a un diferendo entre ambos países que casi desemboca en una guerra a finales de los 70 y fijó los límites entre Chile y Argentina desde el canal Beagle hasta el pasaje de Drake.
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La línea trazada para determinar las zonas económicas exclusivas y plataformas continentales de cada país establece que al oeste del meridiano 67 tiene soberanía Chile y al este Argentina.
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Sin embargo, hay una zona donde esa línea no llega, en el llamado «punto F», que es donde Chile amplió su plataforma.
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El área en disputa es la famosa «medialuna», ubicada bien al sur entre ambos países, un territorio con enormes recursos naturales.
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La medialuna, de 5.000 kilómetros cuadrados, fue incluida en la plataforma continental argentina con el respaldo unánime del Congreso nacional, y luego ratificada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), sin la objeción de Chile, argumenta Buenos Aires.
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Sin embargo, Santaigo asegura que en varias oportunidades manifestó a Argentina que lo que estaba haciendo «era inoponible».
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Diálogo
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A pesar de que cada uno defiende su postura, las partes apuestan conversar para resolver el conflicto.
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Los senados de los dos países ratificaron las posiciones de sus gobiernos, pero también hicieron mención al diálogo como el único camino posible.
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Por el momento, Chile descarta que esta disputa territorial llegue a instancias internacionales, donde en los últimos años ya ha enfrentado otros conflictos: uno con Bolivia por la salida al mar (en el que la Corte de Justicia Internacional falló a favor de Santiago), y la controversia por el límite marítimo con Perú (en el que el Tribunal de La Haya dio la razón a Lima).
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Por su parte, el vicepresidente del Parlamento del Mercosur (Parlasur), Oscar Laborde, anunció la intención del organismo de convocar al diálogo a Argentina y Chile tras el nuevo conflicto.
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Sebastián Piñera finalizará su segundo mandato 11 de marzo de 2022, cuando asuma quien resulte electo en los comicios presidenciales del próximo 21 de noviembre.
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Sea quien sea el vencedor, la política respecto al nuevo reclamo nacional parece, al menos por ahora, seguirá la misma ya que los principales candidatos han manifestado el respaldo a la posición del Gobierno y el Estado chileno.