SANTIAGO – La demanda presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el Consejo de Ancianos de Rapa Nui en contra del Estado chileno, fue declarada admisible.
El texto solicita el reconocimiento de la propiedad de los terrenos ancestrales de la isla, el establecimiento de la responsabilidad del Estado por la presunta violación del derecho a la propiedad colectiva del pueblo rapanui sobre el territorio insular y sus recursos naturales.
«La petición alega responsabilidad internacional del Estado chileno por la presunta violación del derecho a la propiedad colectiva del Pueblo Rapa Nui sobre el territorio y recursos naturales de Isla de Pascua y de su derecho a la autonomía. La parte peticionaria describe que a pesar que las solicitudes por el reconocimiento y autonomía del Pueblo de Rapa Nui han sido constantes desde hace más de 125 años, actualmente más del 70% de su territorio ancestral es manejado y se encuentra bajo propiedad del Estado lo cual ha ocasionado de forma irremediable un daño en el estilo de vida y el desarrollo del pueblo indígena. En este sentido, la parte peticionaria insiste en el deber del Estado de restituir la tierra para proteger la propiedad ancestral del Pueblo Rapa Nui, y su derecho a la libre determinación», indica el documento.
Uno de los patrocinadores de la acción judicial, el abogado Ciro Colombara, aseguró que «el objetivo de la denuncia presentada ante la CIDH es que se declare que el Estado de Chile ha violado los derechos del pueblo rapanuí desde el Acuerdo de Voluntades de 1888 y, por lo tanto, se establezca la propiedad colectiva del pueblo sobre su territorio y sobre sus recursos naturales».
«La declaración de admisibilidad del caso es muy relevantes porque significa que la Comisión aceptó nuestra solicitud de prioridad del caso y concuerda con que el pueblo rapanuí tiene derecho de propiedad colectiva sobre su territorio», recalcó el abogado de acuerdo a radio ADN.
«Es un gran paso adelante y lo próximo es que la Comisión emita su informe final y luego el caso vaya a la Corte Interamericana de Derechos Humanos»; concluyó.
Frente a esta situación, el Estado tiene cuatro meses para presentar su respuesta y descargos ante la CIDH.
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