SANTIAGO – El presidente de Fedefruta, Jorge Valenzuela, participó en el seminario #MiércolesOnline del gremio frutícola, «Nuevos dictámenes y revisión de la Reforma al Código de Aguas que aprobó el Senado», evento virtual que reunió a casi mil productores agrícolas para hablar de este tema con el abogado experto en Derechos de Agua de Grupo Montt, Nicolás Suazo.
El dirigente indicó que, tras la votación unánime al proyecto de ley, queda consagrado que los derechos de aprovechamiento de aguas tengan un plazo máximo de 30 años de duración, y expresado el estatus del agua como un bien de uso público y que el consumo humano sea prioritario. «Nosotros como gremio, como sector, como fruticultura y agro, apoyamos completamente que el agua tenga una prioridad para el consumo humano, un derecho tan básico como la alimentación, y para ambos necesitamos de seguridad hídrica», compartió con los asistentes.
La búsqueda de seguridad hídrica también conlleva nuevas fuentes de agua como la desalación, el reúso y la infiltración de napas, comentó Valenzuela. «Tenemos que ver qué va a pasar con la inversión estatal, con la institucionalidad del agua que debe ser mucho más clara, algo que nosotros hemos venido hace mucho tiempo solicitando, y que además sea coordinada, acorde a los tiempos, dinámica, para que modernicemos la gestión y las comunidades de agua y Juntas de Vigilancia tengan todas las herramientas disponibles».
Jorge Valenzuela comentó que el cambio climático y la sequía generan un escenario de tremenda incertidumbre frente a la seguridad alimentaria, y que el rubro frutícola -entre otros del agro- está llamado a asegurar el alimento en estos años de escasez hídrica y calentamiento global. «Con todos los productores que he hablado, independiente de la zona, la preocupación por la sequía es transversal, y necesitamos estar mucho mejor informados y claros sobre cómo va a cambiar del Código de Aguas de aquí en adelante».
Durante el seminario en línea, el abogado de Grupo Montt Nicolás Suazo compartió los alcances más fundamentales de la reforma aprobada en general por el Senado, y las nuevas normativas que deben seguir los usuarios.
La principal inquietud que quedó entre los productores asistentes, sin embargo, fue el plazo máximo de 18 meses para el perfeccionamiento de los derechos una vez entrada en vigencia la ley, y la urgencia respecto a cómo la DGA va a enfrentar la tremenda demanda que se viene por regularizaciones y perfeccionamiento de los títulos, lo que incluye el tema de los tiempos, personal, tramitaciones, sistemas en línea, etc.