DECLARACIÓN PÚBLICA – La noticia de la muerte de un comunero mapuche recorrió de sur a norte el país. Desde Carahue traspasó montañas y fronteras. Con las horas conocimos su nombre, Pablo Marchant Gutiérrez, un joven weichafe mapuche, miembro de la Coordinadora Arauco Malleco.
El asesinato de Pablo Marchant, inmersa en el proceso histórico de recuperación y defensa del territorio ocupado por empresas forestales, nos recuerda la muerte de tantos jóvenes mapuche producto de un conflicto que se remonta ya por demasiado tiempo. Su muerte nos hace presente a Camilo Catrillanca, a Matías Catrileo, Jaime Mendoza Collío y a todas y todos quienes han entregado su vida luchando por justicia para sus pueblos.
CODEPU acusa que el Estado de Chile en vez de avanzar decididamente en reconocer a las primeras naciones, lo que hace es agravar la situación al militarizar el territorio, desconocer las aspiraciones del pueblo mapuche, favorecer la industria extractivista y facilitar la protección de las empresas forestales.
CODEPU denuncia una vez más la opresión histórica de que ha sido objeto el pueblo mapuche. Esta inaceptable realidad ha significado demasiadas vulneraciones a los derechos de todo un pueblo y años de encarcelamiento para quienes resisten la opresión.
CODEPU condena la represión y militarización del Wallmapu. El Estado y el gobierno no pueden actuar ni responder con violencia a las demandas justas de un pueblo.
La muerte de Pablo Marchant, en una acción marcada por la presencia de la industria forestal que ocupa territorios ancestrales y daña las aguas y el medio ambiente es señal de la urgencia de terminar con la ocupación territorial.
La muerte del weichafe Pablo Marchant es un llamado a construir un nuevo país, justo para todas y todos quienes habitamos este largo territorio.
Hoy más que nunca, creemos que ha llegado la hora de avanzar en una solución política que se funden en el reconocimiento intercultural, en la plurinacionalidad, en el respeto a los derechos humano
CODEPU
Fundación Diario La Razón es una organización sin fines de lucro dedicada a “promover el desarrollo de las buenas prácticas del periodismo y fomentar la libertad de expresión, opinión e información desde una perspectiva de los Derechos Humanos”. Tiene sede en Santiago de Chile.
