SANTIAGO – Una nueva actualización del estudio de Fundación SOL «Endeudar para gobernar y mercantilizar: El caso del CAE (2021)» reveló que el Crédito con Aval del Estado (CAE) resulta ser un gasto más que una inversión para el Fisco debido a sus altos niveles de morosidad, los cuales alcanzan un 47,9% involucrando a 307.138 deudores y por los elevados niveles de recompra de créditos a la Banca.
Evolución tasa de morosidad (2017-2020)
A diciembre de 2020 se registraban 641.288 personas pagando el CAE, ya sean egresados o desertores. En el caso de aquellos estudiantes que desertaron de sus carreras, el 79,2% se encuentra en calidad de morosos. Mientras que los estudiantes que egresaron registran un 38,8% de morosidad.
Los mayores niveles de morosidad se registran en los Centros de Formación Técnica (55,7%) y en los Institutos Profesionales (50,9%) y en el mundo de las Universidades son las privadas que no pertenecen al CRUCH, las que presentan datos más alarmantes con un 41,7%, esto es más de 86 mil personas.
«Es importante destacar que el 63% de los morosos por CAE estudió en CFT o IP. Si analizamos los datos de morosidad según holding o grupos educacionales, se puede constatar que el Grupo Santo Tomás, es quien presenta los niveles más altos con un 51,6 % de morosidad, seguido por el Grupo Laureate con un 49,3 %» señaló el investigador de la Fundación SOL y uno de los autores del estudio, Marco Kremerman.
Endeudar para mercantilizar
El informe establece que el total de los recursos entregados por los bancos entre 2006 y 2020, a través del CAE, a las instituciones de educación superior acreditadas donde se matriculan los alumnos beneficiados, es de $6,62 billones, es decir 6,62 millones de millones de pesos. Un dato no menor es que sólo tres bancos se han adjudicado casi el 90% de los créditos: Scotiabank, Estado, e Itaú-Corpbanca.
«Para hacer este negocio aún más atractivo para la Banca, el Estado se comprometió originalmente a subsidiar a los bancos participantes, comprando cada año el 25% de los créditos entregados, con un sobreprecio del 6%. Sin embargo, entre 2006 y 2020, el Fisco ha recomprado un 56,4% de los créditos con un sobreprecio de 24,7% (4,1 veces más que lo que se requería originalmente), lo que equivale a $4,66 billones, de los cuales $924.136 millones corresponde a sobreprecio» asegura Benjamín Sáez, investigador de la Fundación SOL y también autor del estudio.
Mientras en 2006 el CAE representaba el 2,4% de los fondos destinados a Educación Superior, hoy a pensar de coexistir con la política de gratuidad de mercado, representa el 23,7% del fondo del presupuesto de la partida y el Fisco ha comprometido recursos por $547.236 millones para el 2021. Esto deja en evidencia que el argumento de la escasez de recursos para acudir a la Banca, claramente dejó de ser válido.
«Si consideramos los distintos tipos de créditos otorgados por la Banca para financiar la educación superior, se puede observar que mientras en marzo de 2010 se registraban en torno a 270 mil jóvenes deudores, en marzo de 2021 se registran 614 mil jóvenes en esa condición. El monto de la deuda total se ha triplicado, superando los 2,98 billones en junio de 2020. El CAE explica más del 90% de la deuda total. En pocas palabras, en Chile educarse y endeudarse son parte de la misma ecuación» aseguró Benjamín Sáez.
Monto de créditos con Aval del Estado (CAE) entregados por los bancos y comprados por el fisco entre 2006 y 2020 (en millones de pesos de diciembre de 2020)
Morosidad territorial
Respecto a lo que sucede a nivel territorial, se puede observar que las zonas que registran mayores niveles de morosidad son: Arica y Parinacota (57,8%), Biobío (51,7%), Coquimbo (51,4%), Tarapacá (51,2%), Magallanes (50,6%), La Araucanía (50,4%) Ñuble (50,3%) y Los Lagos (50,3%).
Al analizar las tasas de morosidad en las 10 comunas que presentan mayor índice de deuda en el Gran Santiago, tales como Lo Espejo, La Pintana, San Ramón, entre otras, se puede establecer una correlación entre morosidad e ingreso/pobreza. Estos territorios tienen casi el doble de pobreza multidimensional, poco más del doble de pobreza por ingresos y un 48% de los ingresos autónomos del hogar. Vale decir, a mayor morosidad, mayor pobreza y menores ingresos.
Universidades privadas y grupos económicos
La investigación explica que, a pesar de que la promesa del aumento del acceso a la Educación Superior se haya cumplido, el 72% de este aumento se concentra en 20 instituciones que pertenecen a solo 4 grupos educacionales (Laureate International, Santo Tomás, INACAP y Pontificia Universidad Católica) y otras instituciones que han sido investigadas por lucro, tales como Universidad San Sebastián, Autónoma, Pedro de Valdivia, del Desarrollo, entre otras.
El investigador y uno de los autores del estudio, Marco Kremerman, explica «Precisamente es en estas instituciones donde se concentra el 66,1% de las y los estudiantes que acceden al CAE y 65,7% de los recursos que por esta vía ha recibido desde el año 2006 todo el sistema de Educación Superior chileno, lo que equivale a $4,35 billones (millones de millones de pesos). Sólo el Grupo Laureate International, ha recibido más de $1,18 billones a través del CAE».
Adicionalmente, se puede constatar que la matrícula de los establecimientos estatales sólo aumentó en 29.991 estudiantes y su participación en el total no supera el 16,4%, convirtiéndose en un apéndice del Sistema de Educación Superior.
«En resumen, con la creación y la profundización del CAE, en términos de gobernanza, se privatizó y mercantilizó aún más el sistema de Educación Superior chileno, se estableció un lucrativo nicho de negocio para la Banca asistido por el Estado y se implementó un dispositivo de control social y vital sobre el presente y futuro de muchos estudiantes y futuros trabajadores a través de la deuda» finaliza Sáez.
Puedes ver el estudio completo en el siguiente link:
Fundación Diario La Razón es una organización sin fines de lucro dedicada a “promover el desarrollo de las buenas prácticas del periodismo y fomentar la libertad de expresión, opinión e información desde una perspectiva de los Derechos Humanos”. Tiene sede en Santiago de Chile.
