• junio 29, 2021
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Comunicado de la Red Internacional de Apoyo a los Presxs Politicxs en Chile (Riappech) sobre el proyecto de ley de indulto general

SANTIAGO – En diciembre del 2020 un reducido grupo de senadores, haciendo uso de prerrogativas previstas en la Constitución, enviaron…

 Comunicado de la Red Internacional de Apoyo a los Presxs Politicxs en Chile (Riappech) sobre el proyecto de ley de indulto general

SANTIAGO – En diciembre del 2020 un reducido grupo de senadores, haciendo uso de prerrogativas previstas en la Constitución, enviaron una proposición de ley de indulto general de los presxs de la revuelta. Numerosas contribuciones tanto de apoyo como de crítica han aparecido hasta la fecha. Recientemente, un conjunto importante de miembros de la Convención Constituyente han declarado enfáticamente que no se pueden iniciar las tareas de elaboración de una nueva Constitución existiendo presxs por razones políticas.

La Red Internacional de Apoyo a los Presxs Politicxs en Chile (Riappech) ha exigido desde su creación, la libertad incondicional e inmediata de todxs los presxs politicxs en Chile.

Una lectura atenta de la proposición de la ley de indulto general nos permite hacer las siguientes consideraciones:

a. El período considerado es extremadamente limitado en el tiempo. Podrán beneficiar de esta Ley únicamente quienes han sido arrestados o condenados entre el 7 de octubre del 2019 hasta el 9 de diciembre del 2020 (fecha de presentación del proyecto de Ley en el Congreso), induciendo de facto que es solo durante ese período que el Estado ha detenido y encarcelado a quienes han manifestado públicamente por desacuerdos con la política de los Gobiernos neoliberales estos últimos 30 años, excluyendo los presxs mapuche y los presxs post-dictadura. Quienes han sido detenidos o condenados después del 9 de diciembre del 2020 no están incluidos.

b. En las consideraciones previas que acompañan y argumentan el proyecto de ley, sólo se indica que el origen de este proyecto es por razones humanitarias y lo excepcional del estallido social, omitiendo totalmente referencias a la defensa de los derechos democráticos de los ciudadanos, tales como el elemental derecho a manifestar. Estos argumentos humanitarios permiten reducir la responsabilidad del Estado y no reconocer implícitamente la existencia de presxs politicxs.

c. Este proyecto libera al Estado de toda reparación moral, económica o social. Las mutilaciones y los estragos, de toda índole, producidos por la brutalidad represiva y los largos períodos de detención serán a la carga de los imputados. Más aún, argumentando únicamente razones humanitarias se intenta mostrar al Estado como el protector y benefactor de la comunidad.

d. En el espíritu del proyecto de ley, plasmado en parte en las consideraciones previas, no incluye ninguna responsabilidad de los agentes del Estado, sean estos los abusos, apremios físicos o psicológicos de las Fuerzas Policiales, sean las interpretaciones abusivas del Poder Judicial.

e. Lamentamos asimismo que la esencia del estallido social (lucha por la dignidad humana, por disminuir y eliminar las desigualdades económicas y sociales) haya sido desvirtuada y solo se haga con base en que «ayudará a reconciliar a la sociedad y será una contribución a recuperar la normalidad institucional y el correcto funcionamiento del régimen democrático …».

A pesar que consideramos este proyecto muy incompleto y con muchas deficiencias, Riappech apoya esta iniciativa, así como en el futuro, apoyaremos toda acción tendiente a liberar todxs los jóvenes y aliviar el peso social, económico y moral de sus familias.

Saludamos y apoyamos a los Constituyentes y a quienes se unen a ellos, que exigen mínimas garantías democráticas como condición previa al inicio de trabajos de elaboración de una nueva Constitución, sin olvidar que esta ha sido posible gracias a la revuelta popular y a sus actores que aún permanecen en prisión.

Riappech – Junio 2021


Fundación Diario La Razón es una organización sin fines de lucro dedicada a “promover el desarrollo de las buenas prácticas del periodismo y fomentar la libertad de expresión, opinión e información desde una perspectiva de los Derechos Humanos”. Tiene sede en Santiago de Chile.


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