• junio 21, 2021
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Por Hugo Catalán Flores | Carabineros y la protección de la impunidad

Carabineros es una institución que en los últimos dos años ha destacado por ser parte central del aparato represivo estatal,…

 Por Hugo Catalán Flores | Carabineros y la protección de la impunidad

Carabineros es una institución que en los últimos dos años ha destacado por ser parte central del aparato represivo estatal, involucrado en procedimientos viciados y violentos en contra de manifestantes.

Desde hace un par de décadas que personalidades, activistas y organizaciones de defensa de derechos humano vienen denunciando –entre ellas CODEPU- el nivel desproporcionado de su actuar en el control del orden público y en el abuso de su fuerza, cuestionamientos que permiten preguntarse si en algún momento dejó de ser una institución involucrada en la impunidad y en una cultura permisiva de delitos de lesa humanidad cómo lo estuvo en tiempos dictatoriales.

Las autoridades políticas desde 1990 señalaron e impulsaron un proceso de cambio para mejorar su imagen corporativa que significó, por ejemplo, pasar del color negro de los vehículos a un verde “más amable con la ciudadanía”, una campaña de marketing que en definitiva alcanzó como una salpicadura de agua sobre el rostro.

Junto al esfuerzo comunicacional se señalaron otros hitos, igual de simbólicos pretendiendo constituir una policía moderna, comprometida con la democracia, pero como muchas cosas de la transición, quedó todo en las zonas de “en la medida de lo posible”.

Entrando en la década del 2000 se hicieron numerosas denuncias sobre contradicciones entre lo que señalaba la autoridad respecto de ser una institución renovada para el siglo XXI, y por otro lado procedimientos de fuerza desproporcionada con criterios clasistas, xenofóbicas y parciales aplicada a la hora de controlar el orden público, especialmente sobre la disidencia social o política.

Desde el mochilazo de 2001, a la revuelta pingüina de 2006, a las grandes movilizaciones de 2011 –entremedio la militarización del wallmapu- para muchos trabajadores por los derechos era evidente que lo que señalaban las élites y repetían los grandes medios era más una hojarasca que un cambio real.

Paralelamente se explicitó otro fenómeno evidenciando la profunda crisis transversal en la institución, desmoronando un mito sobre el que se sostenía una alabada excepcionalidad a “nivel continental”: la incorruptibilidad y la transparencia en sus procedimientos. Los miles de millones de pesos en defraudaciones y robados atestiguan que sobre corrupción carabineros está a la altura de otras fuerzas policiales del mundo.

Es así que desde octubre de 2019 todas las cualidades que las élites señalaban con un orgullo nacional, se precipitaron en una vorágine represiva como no se había visto desde los masivos operativos de violencia contra la población popular en la dictadura, con armas disuasivas usadas para causar daño físico y mutilación, secuestros en procedimientos policiales que hacen desaparecer por varias horas a detenidos, tortura y una larga lista de modalidades de apremios colocaron nuevamente en el debate su naturaleza represiva.

En este contexto, se han comenzaron a levantar de parte de las élites, a pesar de la crisis de legitimidad, una defensa a esta verdadera “guardia pretoriana”, expresando en algunas iniciativas o esfuerzos por blindar el accionar institucional.

Por ejemplo, en mayo de este año, el director general de Carabineros Ricardo Yáñez señaló tener «las manos atadas… claramente estamos en desventaja» agregando “…necesitamos un respaldo jurídico que sea mayor, que haya un ordenamiento jurídico, normas que permitan que cuando actúe carabineros, no después de que usen sus armas, pase a un control de detención, sea imputado por el delito de homicidio.”. Lo dijo en el contexto de la muerte de un funcionario en el wallmapu. Es indudable que la muerte de un carabinero es algo lamentable, pero conceptos como los comentados son un llamado de atención a la clase política y las élites para que avance una legislación en ese sentido.

Lo que el Director General no señaló es que carabineros cuenta con “una especial facultad consistente en el uso legítimo de la fuerza que, en definitiva, obliga a todas las personas a someterse al control policial.” (Circular 1832 Ministerios de Interior y Seguridad Pública). Es la doctrina jurídica que entrega la hegemonía de la fuerza, las facultades para el manejo de armas de fuego, junto con ser ministros de fe en actuaciones públicas, con otra serie de competencias a los funcionarios policiales, hace particularmente poderosa en el sentido de sus potestades, separándola de los derechos de la inmensa mayoría de habitantes de Chile. No parece exagerado decir que si potestades de esta naturaleza avanzaran en su forma legislativa nos acercaríamos a un “estado policial” en regla.

Otro ejemplo. A principios de junio un grupo de diputados de la UDI remitieron una carta en La Moneda. Iba dirigida a Piñera para ser entregada en su frustrado periplo internacional a Michelle Bachelet (Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU), misiva que portaba una curiosa doctrina. Pedían algo que es una especie de reclamo gremial de funcionarios policiales, que a carabineros también se les aplique el estándar de víctimas de violaciones a los DDHH de parte de particulares. En un razonamiento que escapa de cualquier elucubración fantástica, los mismos que aplican torturas y otros delitos de lesa humanidad, podrían ser víctimas de sus… victimas.

También hay que comentar que hace un par de semanas el Consejo de Defensa del Estado, representando a Carabineros, recurrió al Tribunal Constitucional buscando declarar inaplicable por inconstitucional la norma que permite al Consejo para la Transparencia obligar a entregar registros de las cámaras corporales, especialmente aquellas que fueron usadas desde octubre de 2019.

Hay una argumentación normativa que tiene que ver con el estatuto marco del artículo 8° de la Constitución “Sobre los actos y resoluciones de los órganos del Estado”, y por otro lado la Ley 20.285 “Sobre acceso de la información pública”, un entramado sobre el derecho de carabineros para mantener la reserva del contenido de las cámaras, que fue resuelta previamente por la Corte de Apelaciones de Santiago en favor del Consejo para la Transparencia, pero que la institución la resiste por considerar que entre otras cuestiones, afecta la privacidad de las personas que son registradas.

Un verdadero juego de máscaras que justamente alimenta elucubraciones sobre el verdadero sentido de la resistencia ¿qué hechos y funcionarios estarán relacionados con delitos de DDHH? ¿qué itinerario de violencia procedimental se podría aclarar con dichos registros? ¿hay órdenes de mando? Si es afirmativo lo hechos denunciados e investigados judicialmente no surgen del estrés de los funcionarios.

Por último, la recientemente publicitada información del histórico descenso que tuvo la inscripción de nuevos aspirantes a carabineros, quizás algo nos dice también del bajo nivel de legitimidad de la institución.

Lo cierto es que, Carabineros -además de su crisis de legitimidad, de la cual no logra salir- está en un esfuerzo cierto por lograr impunidad, una lógica que ya conocimos terminada la dictadura cívico-militar, y que esta vez todo el mundo social y de DDHH debe denunciar e impedir, no podemos permitir nuevamente una “justicia en la medida de los posible”.


LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE LA RAZÓN

Hugo Catalán Flores – Editor Revista Maestra Vida / Director Observatorio del Derecho a la Comunicación / Unidad de Estudios ONG CODEPU.

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