SANTIAGO – Según los protocolos vigentes, todos los efectivos de Carabineros deben portar cámaras personales para grabar los procedimientos, al menos así fue durante el periodo de la revuelta social, desde fines de 2019 a la fecha. Hoy esas grabaciones son requeridas en las investigaciones cursadas a jóvenes, hombres y mujeres de 18 a 28 años, y menores de edad, que arriesgan desde los 3 años y 1 día hasta 10 años de condena efectiva.
Actualmente cumplen un régimen de prisión preventiva en condiciones lamentables en la Unidad de Máxima Seguridad, de la Cárcel de Alta Seguridad, pasando semanas sin agua, y un régimen exento de visitas, debido a la pandemia. Quienes hoy están a la espera de la entrega de estas grabaciones, que en muchos casos, prueban su inocencia, pero también muestran irregularidades en los procedimientos.
Por eso, el Consejo Nacional de la Transparencia ordenó la entrega de estos registros. Primero Carabineros recurrió a la Corte Suprema, buscando no entregar las grabaciones, quien desestimó la solicitud, considerando legal y procedente su entrega. Ahora recurren al Tribunal Constitucional, buscando eludir la entrega de estas grabaciones.
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Ante esto la diputada de Convergencia Social, Gael Yeomans; envió un oficio dirigido al ministro del Interior y seguridad pública, Rodrigo Delgado y al subsecretario del Interior Juan Francisco Galli, para que den respuesta a la solicitud de Carabineros, que apela a la inconstitucionalidad de la norma que los obliga a entregar los registros de las cámaras que portaban durante el estallido social.
“Resulta preocupante pero también el colmo que Carabineros como institución esté solicitando al Tribunal Constitucional el poder ocultar información que puede resultar clave para poder dar con las responsabilidades tras las violaciones a los derechos humanos que hemos visto en nuestro país. Es por eso que estoy oficiando al ministerio del interior para que se hagan responsables de su acción. El Ministerio del Interior debe velar por las decisiones y en este caso, la institución de Carabineros en su actuar, por lo mismo esperamos respuestas” señaló la diputada Gael Yeomans.
En la misma línea, el abogado director de CODEPU, Hiram Villagra, parte en varios casos, señaló: “Los tribunales deben investigar y tener a disposición toda la información, sobre todo cuando estamos ante posibles ilegalidades e irregulares en procedimientos policiales. De no ser así, se vulnera la democracia, el principio de transparencia, que necesita la justicia y también la prensa, en la libertad de acceso a las fuentes”.
Jaime Fuentes, abogado y coordinador de la comisión de Derechos Humanos de Convergencia Social y especialista en la materia, destaca la posición de su partido frente a esta situación: “Como Convergencia Social creemos que es impresentable que la institución de Carabineros se niegue a entregar las evidencias que se requieren para conocer la verdad de los hechos ocurridos en el contexto de la protesta social. Los organismos del Estado deben ayudar al esclarecimiento de los hechos y al respeto irrestricto de los Derechos Humanos de la ciudadanía. Hacemos el llamado al Tribunal Constitucional a rechazar este requerimiento y de lo contrario, anunciamos que nos haremos parte y agotaremos todas las instancias para exigir la colaboración que nos debe esta institución. Por estos intentos de obstaculizar las investigaciones, Carabineros no debe tener rango constitucional para que no puedan argumentar inconstitucionalidad o seguridad nacional”.
Lo que queda claro es que el uso de las grabaciones no puede ser un recurso acomodaticio, que sean entregadas cuando buscan probar algún hecho a su favor, y que sean negadas cuando prueban la inocencia de alguna persona en prisión o irregularidades en los procedimientos, no olvidemos que todavía quedan jóvenes detenidos, sin pruebas en su contra. Siendo las grabaciones, una pieza clave para demostrar su inocencia.
