• junio 6, 2021
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Presos de la revuelta: Jóvenes que llevan más de un año en prisión sin pruebas

A fines de 2020 había un registro aproximado de 23.500 formalizaciones, 3.500 controles de detención, y más de 2500 personas…

 Presos de la revuelta: Jóvenes que llevan más de un año en prisión sin pruebas

A fines de 2020 había un registro aproximado de 23.500 formalizaciones, 3.500 controles de detención, y más de 2500 personas en prisión preventiva; Jóvenes, niños y niñas, acusados/as de portar, lanzar o elaborar bombas molotov. Hoy, después de un año y medio existen jóvenes que siguen en prisión preventiva, sin siquiera haber pruebas en su contra.

Después de constatar, a través de la prueba de hidrocarburos, que no había presencia de combustible en la ropa y en las manos de los imputados. Aun así, no levantaron la prisión preventiva, señalando con argucia, que esta prueba no era concluyente. Siendo que habían esperado meses por ella, porque se habían demorado en su entrega.

¿Entonces, cuáles son las pruebas? Y ¿Quiénes deben exhibirlas? En este caso es Carabineros de Chile, quien debe mostrar las pruebas que tienen. Además de esto sabemos que dilatar los plazos procesales, va en contra de los acuerdos internacionales en materia de Derechos Humanos. Todas las personas que son parte de un proceso judicial tienen derecho a exigir que no se presenten dilaciones injustificadas, y al ser este, un derecho fundamental, es susceptible de protección mediante la acción de tutela[1].

La pregunta que surge es; Si estos jóvenes hubieran portado, elaborado o lanzado bombas molotov, habría videos en las cámaras de control de tránsito, y de los funcionarios policiales, quienes por protocolo están obligados a portar una cámara y grabar los procedimientos, pero ¿Dónde están los videos? Al someterse a esta pregunta los efectivos señalaron que no tenían acceso a los registros de las cámaras de control de tránsito, y en otros casos que los videos habían sido borrados, y cuando se les preguntó por los videos de las cámaras que deben portar, señalaron que estaban sin batería.

“¿Hasta cuándo van a estar en prisión preventiva nuestros niños?” Se preguntan las familias, que solo piden un debido proceso, y el cumplimiento de los plazos procesales, sin más dilaciones. Padres y madres de jóvenes de entre 18 a 28 años, y menores de edad, sin antecedentes penales. Quienes llevan hasta un año y medio de prisión, sin pruebas. En un módulo especial de Santiago uno, pasando semanas sin agua, con 23 horas de encierro, y bajo un régimen exento de visitas, debido a la pandemia. Agravado por problemas de alimentación y sufriendo el hecho de que gendarmería azuce a internos comunes en contra de ellos.

Chile tiene un gran desafío democrático, en primer lugar, garantizar el respeto irrestricto a los Derechos Humanos, para tener una democracia y no un Estado restrictivo, opresivo y vulneratorio. En términos generales apoyamos el proyecto de indulto por razones humanitarias, sin embargo, debemos señalar que en estos casos el indulto no corresponde, ya que este supone culpabilidad y perdón de la pena, y en este caso no estamos ante personas culpables, sino que por el contrario, ante la absoluta falta de pruebas que acrediten dichas acusaciones.

Por eso, es importante señalar que como país debemos garantizar la resolución de estos casos acorde a derecho, tomando en cuenta la agilidad procesal necesaria y respeto a los principios del debido proceso. Es lo mínimo que podemos garantizar como país a estos jóvenes, que han sido claramente vulnerados.

[1] Ardila Trujillo, M. 1. La prohibición de dilaciones injustificadas en la jurisprudencia Constitucional. Revista Derecho del Estado. Pág 67-88.

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