SANTIAGO – Ante los continuos atentados a la libertad de expresión y los derechos a información y a la comunicación EL Colegio de Periodistas de Chile interpuso un recurso de protección en contra del Ministro del Interior y otras autoridades.
El recurso se sostiene en el “instructivo ilegal y arbitrario” dictado con la finalidad de regular el desplazamiento en el plan paso a paso y que impide que “un conjunto de comunicadores sociales que han ejercido una función tan importante en este periodo” puedan desarrollar la labor de informar.
Los periodistas de Chile recuerdan que desde mediados del 2020 “nuestra Orden Profesional gestionó con el Ministerio del Interior, a través de la Subsecretaría de Prevención del Delito, salvoconductos para periodistas y trabajadores de la prensa que no cuentan con un empleador que les garantizaba el permiso colectivo para el ejercicio de sus labores” lo “que permitía que desempeñaran sus funciones periodistas free lance, reporteros gráficos y demás profesionales de la prensa”. Destacando la importante labor informativa y de registro que cumplían tanto los medios tradicionales como los medios independientes y comunitarios en el periodo de movilizaciones sociales.
El instructivo que cambió los criterios y entró en vigencia a comienzos de abril los excluye y por lo tanto atenta no solo a la libertad de expresión sino al derecho a la información y la comunicación. Esta es -señalan los periodista- la más gravitante dimensión del recurso, en efecto, la libertad de expresión es una garantía medular de una Estado de Derecho y una Democracia.
Hace pocos días el Colegio de Periodistas, junto a sindicatos de prensa, periodistas, artistas, cineastas y organizaciones sociales difundieron una declaración pública con centenares de firmas en que condenan las agresiones y detenciones de comunicadores sociales, las labores de espionajes, los llamados desde el poder a los medios de prensa y las restricciones al ejercicio de la libertad de expresión que se traducen prácticamente en una abierta censura.
El recurso de protección de garantías constitucionales es interpuesto en contra del ministro de Interior y seguridad Pública, Rodrigo Delgado y la Subsecretaría de Prevención del Delito, Catherine Martorell. Está suscrito por el Consejo Nacional del Colegio de Periodistas que encabeza Danilo Ahumada y Nathalie Castillo y tiene el patrocinio de los abogados de CODEPU, Mariella Santana e Hiram Villagra.
