VALPARAÍSO – La Comisión Investigadora de las actuaciones del Ministerio del Interior, Carabineros y la PDI desde el 18 de octubre a la fecha, en relación al estallido social, recibió al Relator para Chile de la Comisión Interamericana de DD.HH, Joel Hernández, y al representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los DD.HH. Jan Jarab.
Sobre el objeto de la investigación, Jarab dijo que en Chile a lo largo del estallido social y, posteriormente, se llevaron a cabo violaciones de los derechos humanos.
“En 2019 elaboramos un informe en el que, por ejemplo, constatamos que hubo un uso indebido de armas no letales. Sin duda han existido avances como el proceso de adecuación de protocolos de orden público, pero, lamentablemente, no han sido a fondo”, afirmó.
Agregó que otros puntos destacables han sido el aumento de elementos de control y cámaras corporales y el fortalecimiento de registro de detención. No obstante, señaló que existen diversas áreas de preocupación.
“El uso de escopetas disminuyó, pero se incrementó el uso de gases lacrimógenos. Además, a la fecha, a pesar de la disminución de marchas por la pandemia, hay uso de armas no letales como carros lanza agua y gas pimienta y otras sustancias que producen quemaduras. Tenemos relatos que demuestran agresiones y hostigamiento en casos de personas a las que se les violaron sus derechos humanos, sino también con observadores y periodistas”.
En cuanto a reformas profundas, Jarab indicó que los avances han sido pocos y, por ello, Carabineros “necesita una reforma profunda y un nuevo marco regulatorio porque muchos de sus problemas son culturales y claro está que existe una desproporción. Además, a un año y medio del estallido social hay poco avances en investigaciones penales y no hay imputados ni formalizados. Si bien hay esfuerzo en algunos casos, la investigación penal es muy poca y se contradice con la detención preventiva por meses de muchas personas acusadas por una serie de supuestos delitos”.
Comisión Interamericana de DD.HH
El Relator para Chile de la Comisión Interamericana de DD.HH., Joel Hernández, dijo que en el marco del estallido social hubo una actuación desproporcionada de Carabineros, “que actuó al margen de las normas y estándares internacionales en la materia”.
Añadió que uno de los inconvenientes que ven, es que no hay avance en la legislación, en cuanto a reformas integrales a Carabineros, para que de esa forma la institución resguarde el orden, pero siempre bajo el marco de los derechos humanos”.
En cuanto a medidas de reparación de personas a las que se les violaron sus derechos humanos, Hernández, indicó que estas personas viven un dilema profundo. “Por un lado tienen poca confianza y la reparación no ha sido la adecuada. Lo mínimo es que el Estado reconozca que se violaron los derechos humanos”.
Visiones parlamentarias
Tras las exposiciones, las y los diputados dieron a conocer sus opiniones y consultas.
La presidenta de la instancia, Maya Fernández (PS), dijo que la reparación es fundamental. “Significa atención física y psicológica y, por ende, es importante que esta se lleve a cabo de manera integral. Algunas víctimas que perdieron uno de sus ojos han sufrido accidentes posteriores por no poder ver bien y muchos no han vuelto a trabajar”.
La diputada Carmen Hertz (PC) dijo que a un año de diversas observaciones internacionales “en Chile hay 30 mil personas detenidas en manifestaciones y más de ocho mil denuncias de violaciones de los derechos humanos. Además, la mitad de las investigaciones se cerraron y los sumarios en Carabineros son desconocidos y no sabemos conclusiones”.
Por su parte, el diputado Gabriel Ascencio (DC) destacó que desde el “18 de octubre existe un gran número de detenciones y eso es un tema que debe ser analizado. Además, muchas personas estuvieron más de un año detenidas sin prueba y, finalmente, fueron absueltas”.
Derechos de Carabineros
Los diputados Bernardo Berger (RN), Nino Baltolu (UDI) y Luis Pardo (RN) centraron sus interrogantes en una serie de aspectos. Por un lado, se consultó la opinión de los invitados en cuanto a si en Chile existen presos políticos; en cómo determinar y diferenciar a violentistas y personas que protestan legítimamente y en lo que respecta a la defensa y derecho de las y los carabineros que han debido, incluso, costearse su defensa sin que la institución tome parte en esas materias.
El Representante del Alto Comisionado, Jan Jarab, dijo que “los carabineros, obviamente tienen derechos y el derecho a una correcta defensa. Además, estamos en diálogo con el Gobierno para diferenciar de buena forma a los violentistas de quienes marchan legalmente”. En ese sentido, señaló que “sin duda es un desafío. Sin embargo, los estándares internacionales en estos temas son muy claros y en especial en cuanto a la intervención de las policías, ya que la aplicación de la fuerza siempre debe ser necesaria y cuando es necesaria debe ser proporcional”.
“No hay presos políticos”
Ante las interrogantes de los diputados Berger, Baltou y Pardo, el Relator para Chile de la Comisión Interamericana de DD.HH., Joel Hernández, señaló que según su visión personal “en Chile no existen presos políticos”.
En lo que respecta a la protesta social afirmó que esta debe ser pacífica y cuando se excede ya no es protesta social”.
Agregó que en estos temas “lo importante es ver el rol del Estado y, especialmente, en cuanto a la seguridad de todos las personas, ya sea las que participan como de terceras. Hemos deplorado cuando se han dado temas violentos. Además, es importante que las fuerzas de seguridad gocen de todas las garantías de una adecuada defensa…. le asisten derechos humanos.”
