Las instituciones del Estado son los órganos a través de los cuales éste lleva a cabo su tarea. Para generar confianza deben gozar de prestigio. Su resguardo, en primer lugar, corresponde a las personas que los integran, cumpliendo con especial celo, profesionalismo y probidad las funciones que le han sido encomendadas. En una democracia las atribuciones están distribuidas en diversos órganos, de tal manera que éstos ejercen las que le han sido asignadas de manera exclusiva o especial, lo que hace particularmente necesarias las conductas señaladas.
En este contexto es grave lo que está ocurriendo en el Tribunal Constitucional. Este órgano autónomo y con resguardo especial de sus atribuciones, toda vez que sus integrantes no tienen obligación de responder del ejercicio de sus atribuciones, debe velar principalmente por el cumplimiento del principio de supremacía constitucional. De esta forma, lo que determina obliga a las otras instituciones del Estado y a la población a ajustarse a sus resoluciones, porque interpretan lo que establece la norma fundamental del país.
Es obligatorio para quienes integran el tribunal ejercer sus funciones con especial respeto entre ellos, en la forma y en el fondo. La interpretación de las normas jurídicas admite discrepancias, pero las diversas posiciones deben ser fundadas y correcta y respetuosamente debatidas para que puedan funcionar consensos y las divergencias no resulten arbitrarias.
Lamentablemente, lo que ha trascendido es que en el Tribunal Constitucional se ha perdido el clima de respeto en las relaciones entre algunas personas que lo integran, afectando gravemente su funcionamiento y prestigio. Es legítimo exigir que se corrijan las conductas que han llevado a esta situación, especialmente cuando en fecha pronta se entrará a discutir una Nueva Constitución, que, entre otros aspectos, hará un escrutinio de las funciones e integración del Tribunal Constitucional.
LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE LA RAZÓN
Edgardo Riveros Marín – Abogado; Académico Facultad de Derecho de la Universidad Central de Chile (UCEN). Posgrado Magíster en Ciencia Política (Mención en Relaciones Internacionales) y Derecho Internacional Público en la Universidad de Bonn, Alemania. Subsecretario Ministerio General de Gobierno (1990-1997), Diputado de la República (1998-2006) y Subsecretario Ministerio General de la Presidencia (2006-2010).
