El 19 de marzo de este año, la Subsecretaría de Salud, en un acto administrativo sin precedentes en nuestro país, instruyó el Ordinario B10 número 1047, que indica que aquellos trabajadores y trabajadoras catalogados como contactos estrecho con personas contagiadas por Covid, pueden renunciar a su derecho a licencia médica.
El documento instruido, señala que el asunto sería un tema “de común acuerdo con el empleador” a objeto de continuar trabajando a distancia. También agrega que esta modalidad de trabajo puede extenderse a aquellos trabajadores y trabajadoras con casos de coronavirus confirmados, probables o sospechosos (categorías dentro de las que se incluye a los pacientes sintomáticos), “sin necesidad de solicitar licencia médica”. Si el trabajador “opta” por esta modalidad, basta con que informe a su médico “prestador” que el trabajador o trabajadora decide prescindir de la licencia médica para continuar trabajando.
Esto es de suma gravedad tanto por el contenido, como por la lógica subyacente a un documento que no parece haber sido redactado por la entidad responsable de la salud en nuestro país. Es innegable que ya representa una sobrecarga importante para cualquier trabajador o trabajadora cumplir cuarentena obligatoria y al mismo tiempo mantener actividad laboral remota (mientras se espera el eventual desarrollo de síntomas), sin embargo, esta medida lo coloca además en una situación de negociación implícita (“común acuerdo”) con su empleador, con todo lo que ello implica en un país donde la asimetría de poder entre trabajador y empleador son tangibles en el día a día.
Lo que resulta francamente inverosímil es que la autoridad sanitaria parezca ignorar que el reposo no solamente es un derecho, sino además una parte fundamental del tratamiento y la recuperación de cualquier cuadro infeccioso agudo. ¿Vamos acaso a tener que esperar los resultados de un estudio clínico prospectivo para resguardar el derecho a reposo de los pacientes sintomáticos?, ¿El pretendido “común acuerdo” con el empleador va a reemplazar el criterio médico para definir la necesidad de reposo?, ¿Quién va a determinar cuándo la condición médica permite o no trabajar, si la opinión del profesional se condiciona a priori al resultado de la negociación tácita con el empleador?
Varios expertos consideran que desde el punto de vista epidemiológico, esta medida arbitraria es total y absolutamente contraproducente. Aquellos trabajadores y trabajadoras que sean contacto estrecho, pero que no tengan las condiciones idóneas para desarrollar teletrabajo desde su domicilio, frente a la disyuntiva de verse obligados a “consensuar” con su empleador la continuidad laboral, podrían preferir no ser contabilizados como contactos para evitar esta situación. Un incentivo perverso y negativo para lograr la trazabilidad mínima para el control de la pandemia.
Evidentemente, las implicancias de esta medida probablemente trasciendan lo estrictamente sanitario y no resulta difícil vislumbrar como detrás de este tipo de decisiones se agazapan intereses económicos, como la contención de gastos en licencias médicas, así como también el mantener la productividad aún a costa de la salud de las y los trabajadores contagiados, algo que ha sido la tónica en una administración que no ha perdido oportunidad para demostrar de manera explícita que las necesidades de salud más urgentes se subordinan a la productividad al corto plazo.
Lamentablemente esta medida, se enmarca dentro del mismo hilo conductor que, exceptuando la implementación expedita de la vacunación, ha gobernado un continuo de desaciertos por parte de la autoridad sanitaria. La indicación de reposo constituye tanto una parte del acto terapéutico como un derecho laboral inalienable, que no puede estar sujeto a intereses que no sean otros que la salud de toda la población chilena.
LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE LA RAZÓN
Daniel Jadue – Daniel Jadue Jadue es un arquitecto y sociólogo, chileno. Es militante del Partido Comunista de Chile y desde 2012 se desempeña como alcalde de Recoleta.
