Según, la nunca influyente Organización de Naciones Unidas, el Estado de derecho puede definirse como «un principio de gobernanza en el que todas las personas, instituciones y entidades, públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a leyes que se promulgan públicamente, se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, además de ser compatibles con las normas y los principios internacionales de derechos humanos. Asimismo, exige que se adopten medidas para garantizar el respeto de los principios de primacía de la ley, igualdad ante la ley, separación de poderes, participación en la adopción de decisiones, legalidad, no arbitrariedad, y transparencia procesal y legal» (ONU, 2004)
Esta definición deja de manifiesto que el tan deslucido concepto de Estado de derecho que se maneja en Chile y se vanagloria tener desde los albores de la Republica, carece de sentido. Nuestros dos pequeños siglos de existencia han demostrado que estamos lejos de la definición de la ONU y sin más, Chile es un Estado de derecho, sin Derecho.
Desde la revuelta del 18 de octubre de 2019 el desgobierno de Sebastián Piñera exacerbo lo que históricamente ha vivido Chile en base al rumiante pensar las elites políticas y el poder económico en relación con el llamado Estado de derecho. Un Estado de derecho que se aplica caracterizado en un supuesto orden social pero impuesto a base de represión, balas, violación de los DDHH o simplemente la total desigualdad ante la ley.
No es difícil hacer un barrido histórico para notar que la idea Portaliana de supuesto orden estatal recorre el ADN de los poderes políticos conservadores y los grandes mercaderes. La matanza del Seguro Obrero, el mitin de la carne, Ranquil, Paseo Bulnes, el asalto a la sede FOM, los golpes de estado en especial de 1973, la militarización del Wallmapu, desde los años ´90 por parte de los gobiernos post dictadura o los movimientos estudiantiles del 2006, 2011 y 2019 se han caracterizado por este supuesto llamado al orden y la imposición del Imperio del Derecho a punta de bayonetazo, carro lanza gases, agua y balas.
Nuestro país se ha desarrollado durante sus cortos dos siglos de Republica en un par de pilares ficticios: el famoso “Estado de derecho” y esa frase tan cliché de “hay que dejar que las instituciones funcionen”. Dos patrañeras y auspiciosos conceptos que han facilitado el no estado derecho y dado pie para que las instituciones funcionen en base a sus intereses.
Desde la revuelta del 18O se ha hecho cada vez más repetitivo usar el Estado de derecho para imponer el miedo, coartar libertades y justificar la violencia de los agentes de estado sobre la población civil. Las instituciones del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) hace ya un buen rato que no funcionan en pos de los intereses superiores de las naciones que habitan en Chile, sus habitantes y desarrollo.
Famosos eslogan de gran acuerdo nacional, no es más que humo para seguir imponiendo un estado de derecho carente de lo más esencial: Derecho.
Como diría el finado compañero presidente “Estamos puestos en un tránsito histórico” al redactar una nueva Constitución que valore el estado de derecho como garante del bienestar físico, político, social, emocional y espiritual de todas y todos quienes formamos este país.
El Estado de derecho, de estar al servicio del conjunto del país, no impuesto a través de la bayoneta, sino más bien, una justicia real e igualitaria. Un Estado de derecho donde realmente las instituciones funcionen independientes de los intereses de unos pocos.
No soy leguleyo, no es mi área de saber. Pero de algo estoy seguro, yo no entiendo el derecho como represión descontrolada, sino más bien como el concepto abstracto que se hace palpable con una real justicia del diario vivir de este extraño país que vive en la fantasía del Estado de derecho sin Derecho y unas instituciones que solo funcionan para favorecer a quienes todas y todos conocemos.
La nueva Constitución de despojarse del ADN Portaliano y ajustar su nueva cadena genética a la gran población de Chile que se resume en: justicia, solidaridad, desarrollo sustentable y una visión de país participativa, solo así las funciones funcionaran y el imperio del Estado del derecho estará Derecho, dejando atrás el estar chueco.
LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE LA RAZÓN
Juan Rojo – Cursó estudios de Psicología y Teología. Es Árbitro Profesional de Fútbol y Técnico en Logística. Fue director de la Revista 95 Tesis de la Pastoral Juvenil de la Iglesia Evangélica Luterana de Chile y Secretario Nacional de la Misma Institución. Actualmente es miembro no activo de la Iglesia Evangélica Luterana de Chile, considerándose un luterano por convicción y política, además de militante de Convergencia Social.
