• marzo 5, 2021
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Masacre carcelaria en Ecuador: ¿culpa de un pacto oculto entre narcos y el Estado?

La situación carcelaria en Ecuador es similar a la de muchos países latinoamericanos. Pero no en todos hay 81 muertos…

 Masacre carcelaria en Ecuador: ¿culpa de un pacto oculto entre narcos y el Estado?
La situación carcelaria en Ecuador es similar a la de muchos países latinoamericanos. Pero no en todos hay 81 muertos por degollamientos, ahorcamientos y desmembramientos con sierras eléctricas en un solo día. Algunos criminólogos creen que se debe a la posible connivencia entre Estado y criminales; otros a la irresponsabilidad estatal.
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Las cárceles en el mundo son un reflejo de las buenas y malas políticas de seguridad de los Gobiernos. En Latinoamérica están sobrepobladas, muchas ni siquiera tienen acceso al agua, saneamiento o luz, están en pésimas condiciones y con ratas.
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No obstante, cientos de miles de personas son recluidas allí. El panorama siempre trágico de las cárceles se mantiene en las sombras hasta que, de tanto en tanto, cobra notoriedad pública porque es necesario actualizar el número de personas que han muerto allí dentro.
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Ahora también hay que contar nuevos muertos, esta vez en las cárceles de Ecuador. En los últimos dos años hubo masacres que terminaron con hasta 33 presos muertos, pero hasta ahora no en simultáneo en cuatro cárceles del país con 81 brutales asesinatos. Una cifra que supera a todos los muertos registrados en 2020 en las 48 prisiones del país.
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Los presos incluso llegaron a publicar vídeos en internet casi al instante de los degollamientos, ahorcamientos y desmembramientos con sierras eléctricas. Las fotos de cuerpos decapitados y desmembrados pronto se hicieron virales.
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Las cárceles «llevan ya un proceso de crisis que de pronto lo que vivimos ahorita es el punto de inflexión más alto, como la gota que derramó el vaso», dijo a Sputnik Daniel Ponton Cevallos, profesor ecuatoriano del Instituto de Altos Estudios Nacionales de Ecuador, experto en seguridad.
«Creo que definitivamente hay un antes y un después» de las masacres, opinó Pontón Cevallos.
El martes 23 de febrero Ecuador vivió su peor crisis carcelaria cuando 81 reclusos fueron asesinados en dos penitenciarías del puerto de Guayaquil (suroeste), una de Cuenca (sur) y en Latacunga (centro). Esas cárceles son las principales del país y concentran el 70% de la población penitenciaria (38.000 a nivel nacional).
La Policía decidió enfrentar la crisis movilizando 8.000 agentes para intentar apaciguar la situación. La Fiscalía de Ecuador informó que un equipo dirigido por el coordinador de la Unidad de Investigación Contra la Delincuencia Organizada Transnacional estará a cargo de investigar y tramitar las causas por los motines en las cuatro prisiones. El presidente de Ecuador, Lenin Moreno, incluso dijo que pediría ayuda internacional.
No obstante, las acciones del Gobierno no fueron suficientes para apaciguar al parlamento. La Asamblea Nacional igualmente exigió a Moreno la destitución de tres altos funcionarios por su responsabilidad en los motines: la del ministro de Gobierno, Patricio Pazmiño; del director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI), Edmundo Moncayo; y la de Johana Pesántez, presidenta del Organismo Técnico de Rehabilitación Social.
Por su parte, el Gobierno alega que en los últimos años Ecuador se ha convertido en la autopista de la cocaína hacia Estados Unidos y Europa —así lo evidencian los análisis de investigadores especializados como InSight Crime—, y que las masacres se explican por el crimen organizado transnacional y el narcotráfico.
«Fuerzas oscuras amenazan nuestra convivencia. Eso no se puede permitir, eso no lo vamos a permitir. La estrategia de los criminales es generar caos para alcanzar sus fines. El gobierno seguirá dando la batalla contra el narcotráfico hasta el último día de mi Gobierno», dijo en un videocomunicado difundido por Presidencia.
Para el presidente Moreno, «no es casual que estuviera organizado desde el exterior de las cárceles e internamente orquestado por quienes se disputan el liderazgo y tráfico de drogas en el territorio nacional».
Según los medios ecuatorianos, cinco bandas criminales están detrás de los sangrientos sucesos del martes 23 de febrero: Los Pipos, Los Lobos, Los Chone Killers, Los Tiguerones y Los Choneros; un grupo con influencia nacional que controla las rutas de narcotráfico entre los puertos del Pacífico de Colombia y Ecuador, y tiene una fuerte presencia dentro de las principales cárceles del país, según InSight Crime.
Todas estas pandillas se habían unido en una guerra territorial dentro y fuera de la cárcel contra otra banda, Los Lagartos. Pero según los análisis policíacos, desde diciembre de 2019 las bandas se disputan el liderazgo vacante tras la muerte del líder de Los Choneros, Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña, que había sido liberado de prisión sólo seis meses antes.
«Esperábamos una reacción inmediata luego del asesinato de ‘Rasquiña’, pero se demoró», dijo Moncayo, director del SNAI. El ministro de Gobierno, Pazmiño, realizó declaraciones en la misma línea, denunció «una acción concertada de organizaciones criminales».
Pero no todos piensan igual al Gobierno. Según dijo a Sputnik el criminólogo ecuatoriano Jorge Vicente Paladines, docente de la Universidad Central del Ecuador y el IAEN, detrás de las masacres carcelarias hay, sobre todo, una mala gestión penitenciaria, pésimas condiciones de reclusión, crimen organizado y una posible connivencia entre bandas criminales y la Policía.
Para Cevallos Pontón se trata de «los clásicos problemas que acarrea el sistema penitenciario alrededor del tema de de corrupción, de hacinamiento, violencias alrededor de la vida de las personas privadas de libertad».
Cuatro explicaciones detrás de las masacres
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  • Política carcelaria
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«El problema carcelario tiene graves implicaciones y es diverso en sus manifestaciones. Las crisis las resolvemos temporalmente con enormes esfuerzos y sacrificios», dijo Moncayo en alusión a los estados de excepción que Moreno ordenó en 2019 y 2020 para las cárceles, y que implicaron la movilización de militares a las prisiones.
Pero en octubre de 2020, la Corte Constitucional prohibió seguir recurriendo a este recurso para enfrentar la crisis carcelaria, y ordenó elaborar un plan que, según Moncayo, no ha podido ser implementado por falta de recursos.
Como parte de los planes de austeridad acordados con el Fondo Monetario Internacional, el sistema penitenciario también se vio afectado por los recortes que en su momento generaron una ola de protestas en 2019.

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