Las protestas de los viernes en Chile se han intensificado tras la muerte a tiros del malabarista Francisco Martínez por Carabineros en medio de un control de identidad, un crimen que nuevamente puso en entredicho esta medida preventiva que según los especialistas es abusiva, discriminatoria, ineficaz y producto del populismo punitivo.
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La socióloga, académica de la Universidad de Santiago y especialista en seguridad pública, Lucía Dammert, tras la muerte a balazos del artista callejero Francisco Martínez, ocurrida el 5 de febrero de 2021, opina que se debiera «tratar de derogar la ley de control de identidad preventivo. Creo que ha sido muy mal utilizada y ha generado todo tipo de abusos», opina en conversación con Sputnik.
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«Durante todos estos años, el populismo punitivo de la élite política implicó una desgracia, porque le entregaron facultades enormes a la Policía para controlar a la población y determinar a la larga un estado de control social absoluto, en donde prima la arbitrariedad y el abuso por parte de las Policías», señala el abogado de derechos humanos Nicolás Toro.
El actual control de identidad, normativa contenida en la ley 20.931 y aprobada durante el segundo mandato de la expresidenta Bachelet (2014-2018), fue resultado de la modificación del artículo 85 del Código Procesal Penal chileno (CPP), que permite a los funcionarios policiales, sin orden previa de los fiscales, solicitar la identificación de cualquier persona en la vía pública, lugares públicos y lugares privados con acceso público. La identidad se puede verificar mediante la cédula, licencia de conducir, pasaporte o incluso la tarjeta estudiantil.
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En el caso de que la persona no pueda o no quiera acreditar su identidad, o proporcione una identidad falsa, se arriesgará a una multa y puede ser llevada a la unidad policial más cercana a fin de ser identificada. Si hubiera una orden de prisión pendiente, la persona será detenida.
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Esta última situación es la que justifica, según las autoridades, el uso de este procedimiento de control, que para Dammert, docente y especialista en seguridad pública, es una medida que en rigor no sirve «porque al final menos del 2% genera algún tipo de procedimiento policial posterior, pero aumenta notablemente la mala relación entre Carabineros y aquellos que son constantemente indagados».
Esta cifra está respaldada por los datos recopilados por la fundación Chile21, a través de su Monitor de Seguridad, en la que se detalla que en el año 2020 se realizaron 5,6 millones, de estos controles, y menos de 2% de ellos resultó en una detención. Porcentaje del que se desconoce si responde a delincuentes buscados por la Justicia por algún delito o por pensiones alimenticias.
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En cuanto al tiempo que Carabineros de Chile destina para los controles de identidad preventivos, la fundación concluye que que también son ineficientes. Porque si se calcula el total de los controles del 2020 que, a razón de 12 minutos por cada uno, la institución policial dedicó más de un millón de horas para estos fines, lo a que a nivel del número de funcionarios empleados para esta única y exclusiva labor, representa aproximadamente un 10% de la dotación de la Policía uniformada.
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A esto se suma, según la fundación, que el control de identidad ha sido un instrumento legal que ha tenido una aplicación discriminatoria en cuanto a condición socioeconómica, territorial, edad y origen étnico, todas razones junto con las anteriores que les permite concluir que es ineficaz en el combate a la delincuencia.
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Estos datos también son reforzados por un estudio de los académicos Mauricio Duce y Ricardo Lillo de la Universidad Diego Portales respecto a los controles de identidad realizados en los años 2017 y 2018, publicado el 31 de diciembre en la revista Estudios de la Justicia, tras un largo litigio con Carabineros, institución policial que por orden de la Corte Suprema tuvo que liberar dicha información, que en un principio denegó a los investigadores.
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Sus conclusiones fueron similares. Se considera que durante 2017 hubo 2.880.059 controles preventivos de identidad, mientras que en 2018 ascendieron a 4.818.074. De estos, solo un 2,9% y un 2,2%, respectivamente, terminaron en arrestos.
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Asimismo el estudio determina que existe discriminación estadística por sexo, nacionalidad y nivel socio-económico en los controles preventivos de identidad que realiza Carabineros.
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Para Dammert, esta fue una herramienta que dio la política a la Policía para ejercer el control de ciertos grupos que son considerados más peligrosos, lo que resulta aún más dramático si se considera que el ejercicio del poder policial no tiene rasgos igualitarios para toda la ciudadanía.
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«Aquí lo que hay es ‘porte de rostro’: como tiene rostro de posiblemente preocupante, o tal vez alguien dijo que dormía en las calles, o que consumía drogas, o cualquier cosa, van a pedirle el documento de identidad. ¿Sobre qué base Carabineros toma la decisión de que una persona es o no ‘peligrosa’? Probablemente sobre miles de estereotipos, más que a evidencia clara», se cuestiona la socióloga.
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Populismo Punitivo
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Control policial en el centro de Santiago
© Foto : Gentileza Ministerio del Interior
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Desde 2016, los funcionarios de Carabineros y de la Policía de Investigaciones están facultados para realizar un control de identidad. Esto significa que no necesitan indicios particulares para realizar el control, lo que, según explica Nicolás Toro, distorsionó el espíritu original surgido en el CPP, en virtud del cual una persona se puede controlar su identidad cuando existen indicios de que ha cometido un delito o que va a cometer un delito, bajo ciertas circunstancias que detalla el artículo 85 de dicho código.
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«En la forma original que se planteó en el Código Procesal Penal, básicamente lo que se hacía era establecer ciertos elementos indiciarios que podrían implicar la comisión de un delito, que se haya cometido, en virtud del cual las Policías para efectos de controlar la delincuencia y tener una actuación más eficiente podían ejercer este control de identidad como facultad autónoma de la Policía», explica.
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Sin embargo, y a raíz de las luchas sociales que se fueron dando en distintos periodos de la década del 2000 en adelante, en opinión del abogado, comenzó una preocupación de la élite política, particularmente por el fenómeno de los llamados encapuchados.
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Para Toro fue después de lo que pasó el 2006, en la llamada Revolución pingüina —primer movimiento estudiantil secundario por una mejor educación y mejor infraestructura—, y luego de lo que pasó el 2011, con las masivas movilizaciones por educación gratuita y de calidad, que se decide modificar la normativa, cuando «el fenómeno de los encapuchados y las encapuchadas estaba en su peak«.
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«Ya una de las reformas importantes que sufre durante el transcurso de la reforma procesal penal, esta norma dice relación con los encapuchados como un indicio para efectos de controlar la identidad de una persona, es decir ya hay evidentemente un factor político que implicó la modificación del artículo 85 en aquellos años», analiza.
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Se dijo que el control de la delincuencia en términos generales iba a ser mejor si es que se ampliaban las facultades de las Policías a través del control de identidad, «siendo siempre el derecho penal en particular y el derecho procesal una herramienta política para poder obtener voto, lo que se llama el ‘populismo punitivo’, es decir de tratar de aumentar las penas, aumentar las facultades de las Policías, siempre ha generado rédito a los candidatos», agregó.
Es por estas razones populistas que hoy, puntualiza Toro, las reformas realizadas al CPP suprimieron la necesidad de contar con un indicio para controlar la identidad. Se volvió de alguna manera a la cuestionada figura de la detención por sospecha, «porque las policías lo que hacen es que te pueden pedir la identidad a los mayores de edad de cualquier forma y si tú no tienes te llevan a la comisaría, que es estar detenido o detenida».
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Lucía Dammert recuerda que muchos expertos criticaron la aprobación de la señalada normativa, no solo por el poder entregado a la Policía y la falta de control de ella, sino también porque las autoridades creen fielmente en las declaraciones institucionales, «y lo que se ha instalado hace muchos años es que la Policía no puede ejercer su labor por la falta de facultades y eso fue lo que creyó y sustentó el Gobierno anterior en materia del control preventivo de identidad».
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Además advierte que se ha avanzado hacia esa policialización de los problemas cotidianos, que «todos los problemas al final del día los hemos policializado y eso tarde o temprano aumenta los niveles de violencia en la relación».
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Manifestación del 12 de febrero en Plaza Dignidad por Francisco Martínez
© Sputnik / Carolina Trejo
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Frente al asesinato del joven malabarista en la localidad sureña de Panguipulli, la socióloga y experta en seguridad pública, reitera que «no existe control de identidad preventivo que justifique balazos en la calle, porque justamente no estás en frente de alguien que está cometiendo un delito, no estás en una situación flagrante, no estás con alguien que está violando una norma o una ley».
Para Toro, los casos de Francisco Martínez y de Camilo Miyaki —quien se habría suicidado al interior de una comisaría, el domingo 7 de febrero, tras un control de identidad— «evidencian el fracaso que ha sido entregar más facultades a la Policía, que tiene más la lógica prácticamente del enemigo interno, de luchar contra esta especie de enemigo interno que terminan siendo los pobres, la gente que se moviliza, los mapuche, y en donde cualquier ampliación de sus facultades ha derivado en el abuso».
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Para el abogado de derechos humanos hoy es necesario, como una sociedad mínimamente democrática, reflexionar y revisar todos estos procesos que durante 30 largos años de gobiernos de la Concertación, la Nueva Mayoría y de la derecha, unidas de alguna manera, «sacaron estas reformas en donde nos dejaron absolutamente bajo la desprotección del abuso de las fuerzas policiales«.
Carolina Trejo – Licenciada en Historia y Comunicación Social y Periodismo. Ha sido periodista de investigación y realizadora en televisión durante los últimos 20 años. Comenzó en 1997 en el programa de reportajes con más antigüedad de la televisión pública chilena, Informe Especial y luego se incorporó al área de reportajes de Canal 13, donde ejerció de directora, editora y guionista en diferentes proyectos documentales. Ha recibido premios del Consejo Nacional de Televisión de Chile, fue finalista del Premio Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo en 2014. Actualmente es académica de la Escuela de Periodismo de La Universidad de Chile y la Universidad de Santiago.
