Sra. Directora:
Qué doloroso fue ver las imágenes del asesinato de Francisco Martines, malabarista que trabajaba en las calles de Panguipulli cuando un carabinero le disparó seis tiros el viernes 5 de febrero de 2021. Qué rabia, qué impotencia, qué tristeza ver la muerte de alguien, en plena calle, a plena luz del día, a vista y paciencia de much@s transeúntes, y por el actuar de un policía que se supone está allí para “cuidarnos”, para proteger el orden público. ¿Qué condiciones permiten que esto ocurra en Chile?
Por una parte la ley de Control de Identidad, que faculta a Carabineros para que controle la identidad de quien quiera, cuando quiera y sin ningún requisito de por medio, imposibilitando que la persona controlada se niegue al control, so pena de ser detenida y llevada a una comisaría, donde sabemos que puede quedar detenida por horas sin haber cometido delito alguno. ¡Este es el resultado de ese tipo de leyes represivas! ¡Esto es lo que previmos quienes nos opusimos a la aprobación de esta ley! El 2020 se realizó control de identidad a casi 5 millones de personas en Chile.
¿Dónde se concentraron esos controles? En las poblaciones más empobrecidas. Si una persona no está cometiendo ningún delito ni existe información que induzca a la sospecha de ello, Carabineros no tiene por qué tener la atribución de apremiarla, controlarla, ejercer autoridad sobre ella. Para Carabineros ser pobre, o tener pelo de rastafari, o lo que sea que muestre que no encajas en el sistema, es fuente de sospecha suficiente. Somos teóricamente personas libres, tenemos el derecho constitucional a transitar por nuestro territorio, pero en la práctica somos cada día más esclav@s de un sistema que nos reprime, controla y restringe nuestros derechos. Francisco era libre, tan libre que no se sometió al control de identidad del carabinero que lo asesinó.
Carabineros de Chile es una institución no solo clasista y racista, sino que con cultura de fraude comprobada y un nivel de corrupción cifrado en al menos $8 mil millones de pesos, que usa de manera generalizada la tortura en sus procedimientos a pesar de las reiteradas órdenes judiciales que le indican no hacerlo, una institución que en lugar de resguardar el orden público pone en peligro la vida de ciudadanas y ciudadanos que no pertenecen a las clases sociales acomodadas del país, una institución que todos los días viola los derechos humanos, simplemente debe ser disuelta para instalar en su lugar una que responda a las necesidades de los sectores que realmente necesitan la protección del Estado. Honremos la vida de Francisco y tant@s asesinad@s por Carabineros.
Atte.
Alejandra Parra Muñoz – Máster en Planificación, University of Otago (NZ), Bióloga en Gestión de Recursos Naturales, Red de Acción por los Derechos Ambientales, Candidata a constituyente Distrito-23 en lista de Organizaciones Sociales y Territoriales del Wallmapu.
