SANTIAGO — El derecho al voto anticipado para personas con limitación de movimiento es una promesa en Chile que viene fraguándose desde que el presidente Sebastián Piñera era candidato. Años de baja participación y abultadas abstenciones durante los procesos eleccionarios unieron a derechistas e izquierdistas para apoyar esta idea.
La moción fue ingresada al Congreso el año pasado por la diputada Andrea Parra, del Partido por la Democracia (centroizquierda), con el objetivo de que en las próximas elecciones del 11 de abril, donde los chilenos votarán por constituyentes, alcaldes concejales y gobernadores, el nuevo sistema ya estuviese listo.
Pero la idea, que parecía tener amplio consenso, se fue entrampando en el camino.
¿Se permitirá votar a las personas contagiadas de COVID-19? ¿Se creará un sistema para que los presos puedan sufragar? ¿Qué días será la votación anticipada? Estas y varias otras interrogantes dividieron a los parlamentarios oficialistas y de oposición durante la discusión, provocando que el proyecto no pudiese ser despachado antes de febrero, mes en que los legisladores salen de vacaciones.
En marzo se retomará la discusión legislativa, pero ya es prácticamente imposible que pueda aplicarse para abril, convirtiéndose en una nueva promesa incumplida para adultos mayores, embarazadas, personas en situación de discapacidad y varios otros grupos que correrán el doble de riesgo al salir y exponerse durante una pandemia.
Una idea transversal
Tras la implementación del voto voluntario en Chile el año 2012, la participación ciudadana en los procesos de votación cayó significativamente. Esto se vio reflejado con fuerza en las elecciones presidenciales de 2017, donde la abstención llegó a un histórico 51%.
Durante su campaña el año 2016, Sebastián Piñera prometió que, si era presidente, evaluaría la introducción del voto anticipado para dar facilidades a aquellas personas que no pueden presentarse el día de la jornada electoral, con uno o más días de anticipación.
Sin embargo, ya en el cargo el mandatario no realizó gestiones vinculadas a este tema hasta la llegada de la pandemia, cuando Parra, integrante de la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados, planteó que sería buena idea implementarlo para evitar aglomeraciones y contagios de coronavirus.
La parlamentaria ingresó la moción el 8 de septiembre de 2020 al Congreso. Turbulentas discusiones y diferencias generaron que recién el 29 de enero fuera posible despachar el proyecto de la Cámara de Diputados al Senado con 155 votos a favor y 5 en contra.
En marzo próximo, los senadores seguirán la discusión, pero ya no pensando en los comicios de abril sino en las presidenciales de noviembre. Para entonces, la urgencia que tenía la moción ya no será tal, pues se estima que en julio de este año ya estarán vacunados más de 15 millones de chilenos.
El diablo en los detalles
El punto más complejo de dirimir fue el día en que debe realizarse la votación anticipada. El Gobierno propuso, mediante una indicación legislativa, que la jornada anticipada se ejecutara sólo dos días antes de las elecciones generales, algo muy distinto a la postura de la oposición, de hacerlo entre el decimocuarto y el octavo día previo.
No hubo consenso. Esto lo decidirá el Senado.
Otro debate complejo fue decidir quiénes podrían optar al voto anticipado, una vez que se acordó que no todos podían acceder a él. El caso más discutido fue el de los presos, grupo propuesto por la diputada del Frente Amplio (izquierda), Catalina Pérez, que finalmente no prosperó.
«Están en contra del voto anticipado para los privados de libertad, pero sí se muestran favorables de darle facilidades a policías y militares. Le temen a la participación del pueblo», dijo Pérez en conferencia de prensa.
Efectivamente, los presos quedaron fuera del grupo beneficiado, al igual que las personas contagiadas de COVID-19. Sólo podrán acceder a este sistema los mayores de 65 años, los miembros de las Fuerzas Armadas, los policías, las personas en situación de discapacidad y quienes trabajan fuera de la ciudad donde votan.
«El compromiso del Gobierno de introducir formas alternativas de voto para las próximas elecciones quedó solo en buenas intenciones. No se vislumbra solución para el voto de las personas privadas de libertad – una antigua deuda – y menos aún, en relación al voto de quienes sean casos activos de COVID-19. El sufragio anticipado es el compromiso que no fue», criticó Juanita Gana, consejera del Servicio Electoral de Chile, en una dura columna de opinión publicada en el diario La Tercera esta semana.
El 11 de abril en Chile se votará por primera vez para elegir 155 constituyentes, quienes tendrán la tarea de redactar la próxima carta magna del país.
Francisco Bravo Atias – Corresponsal en Chile de Sputnik desde 2017. Anteriormente trabajó en los diarios La Segunda y El Mercurio. Graduado de periodismo de la Universidad Diego Portales de Chile.
