El presidente saliente de EEUU, Donald Trump, ha descuidado una ley que exige la conservación y registros y documentación de su gestión. Entre los documentos destruidos y descuidados están los apuntes del intérprete que participó en la reunión con el presidente ruso, Vladímir Putin.
Han observado que Donald Trump tiene el hábito de romper y tirar documentos, esta costumbre hizo que los funcionarios de la Casa Blanca que trabajan con documentos y archivos pasen horas reconstruyéndolos o recuperándolos. Associated Press considera probable que al no tener los registros completos, la presidencia de Trump «deje un hueco en la historia».
«Le dijeron que dejara de hacerlo. Pero no quería detenerse», dijo Solomon Lartey, exanalista de registros de la Casa Blanca, a tiempo de recordar que el primer documento que tuvo que reconstruir pegándolo a pedazos fue una carta del senador Chuck Schumer sobre el cierre de Gobierno.
De este hábito no se salvaron los apuntes del traductor que participó de la reunión entre Donald Trump y Vladímir Putin el 2017 en Hamburgo, Alemania. Según publica AP, el mandatario fue criticado por haber confiscado esos documentos, mientras los legisladores de EEUU intentaron sin éxito obtener los apuntes de otro intérprete que estaba con Trump en 2018 cuando se reunió con Putin en Helsinki, Finlandia.
Además, los funcionarios de Trump usaban correos electrónicos personales y aplicaciones de mensajería, por lo que en febrero de 2017, el exabogado de la Casa Blanca Don McGahn envió una nota que instruía a los empleados dejar de usar ese tipo de aplicaciones y que se limitaran a guardar los materiales haciendo capturas de pantalla aunque las organizaciones que abogan por la transparencia en el Gobierno consideran que las capturas de pantalla no pueden transmitir la información en su totalidad.
No obstante, AP aclaró que el hecho de que Trump incumpla la Ley de Registros Presidenciales no lo amenaza de ninguna manera porque la ley establece que un presidente no puede destruir registros hasta que busque el consejo del archivero nacional y lo notifique al Congreso, pero esto no obliga al mandatario a seguir la recomendación del archivero. Por lo tanto, el presidente puede seguir destruyendo los registros aunque muchos de ellos sean históricos.
