SANTIAGO (DECLARACIÓN PÚBLICA) – Aberrante. No existe otro calificativo posible para el fallo de la Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago que, aplicando claros y evidentes criterios de impunidad, absuelve y aplica condenas irrisorias por secuestro, crímenes y desaparición forzada de luchadores sociales y resistentes antidictatoriales.
La decisión de la Octava Sala beneficia a decenas de agentes del estado que formaron parte de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), una de las tantas agencias de inteligencia y seguridad de la dictadura civil-militar. El tribunal de justicia promueve así la impunidad de los perpetradores de crímenes de lesa humanidad.
El fallo, además de banalizar el crimen aplicando penas grotescas, viola obligaciones internacionales, contenidos en instrumentos tales como la Convención Contra la Desaparición Forzada de Persona o la Convención Contra la Tortura que exigen que los graves crímenes contra la humanidad sean castigados con una pena adecuada y proporcional a la gravedad de delito.
El fallo acentúa su carácter aberrante y gravísimo, pues estamos seguros de que en la impunidad para los crímenes y la represión dictatorial se encuentran las razones que explican la violencia estatal y la represión que ha generado la grave crisis de derechos humanos actual, con su secuela de muertos, torturados, lesionados, heridos oculares, niños baleados y presos políticos.
La impunidad para los crímenes de ayer es lo que hace posible la violenta represión de estos últimos meses. La responsabilidad del Estado ante la impunidad, la responsabilidad del conjunto de los poderes del Estado se hace evidente.
No es posible que se beneficie a violadores de derechos humanos, que secuestraron, torturaron, forzaron la desaparición de los secuestrados y luego planificaron una operación comunicacional para ocultar sus horrendos crímenes.
No podemos callar y denunciamos la impunidad de ayer y exigimos justicia por los delitos de lesa humanidad del ayer dictatorial.
No podemos callar y denunciamos la represión de hoy y exigimos justicia por los delitos de lesa humanidad del presente.
En lo inmediato, es urgente alcanzar la verdad y la justicia en todas y cada una de las violaciones a los derechos humanos desatadas a partir del llamado estallido social. Verdad y justicia por los muertos, los heridos por trauma ocular, todos los lesionados, y libertad a los presos políticos.
En lo inmediato hacemos nuestras las voces de repudio ante fallo tan aberrante, injusto y de carácter negacionista y que repite la conducta de aquellos magistrados que cooperaron con los crímenes de la Dictadura y que degradaron al Poder Judicial en tiempos dictatoriales.
La denuncia ante la comunidad internacional de los crímenes de ayer y de hoy es una acción necesaria y permanente.
Reiteramos que las luchas por la verdad, la justicia y la reparación son tareas del hoy para construir una sociedad justa, verdaderamente democrática y participativa.
La Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo CODEPU, es una organización no gubernamental de Derechos Humanos fundada durante la dictadura militar, el 8 de noviembre del año 1980. Desde hace 30 años asiste a las víctimas y los familiares de las víctimas de violaciones a los derechos humanos y lucha contra la impunidad.
CODEPU ES MIEMBRO DE:
• La Federación Internacional de Ligas de Derechos del Hombre (FIDH),
• la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT),
• la Sociedad Internacional para la Salud y los Derechos Humanos (ISSHR),
• la Liga Internacional por los Derechos y la Liberación de los Pueblos.
Secretario Ejecutivo: Raúl Flores Castillo
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