• noviembre 21, 2020
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Por Richard Caamaño | Violenta colusión

53 mil consumidores compensados por la colusión en caso farmacias, hito histórico que marcó la noticia hace pocos días y…

 Por Richard Caamaño | Violenta colusión

53 mil consumidores compensados por la colusión en caso farmacias, hito histórico que marcó la noticia hace pocos días y que deja entrever que es posible castigar de forma ejemplar a las empresas que insisten en concertarse para vulnerar los bolsillos de los consumidores. Sin embargo, para muchos de esos consumidores la noticia llega tarde.

La colusión es la forma más violenta de abuso de las empresas en contra de la sociedad y si bien nuestra Ley del Consumidor comenzó en marzo de este año a regir con sus modificaciones, aún no impide la colusión y está en deuda en cuanto al actuar rápido de la justicia en actos que involucran el colectivo de ciudadanos consumidores.

¿Qué es lo que más irrita en este caso particular de las farmacias y que lo hace tan sensible respecto de las otras colusiones que hemos visto en el país? Que se impactó deliberadamente la salud de las personas más vulnerables, adultos mayores y con enfermedades de base.

Desde este punto de vista, la compensación que pagarán las farmacias nunca logrará saldar esta deuda con la sociedad y mucho menos, con este grupo de afectados que, en una buena parte ya no están con nosotros o porque no lograron continuar con su tratamiento o lo continuaron a medias porque el alza que concertaron las farmacias, no les permitió comprar el medicamento que requerían.  Así de cruda es la historia y, por mucho que hablemos sobre lo bueno del fallo que se consiguió en este juicio, aún no estamos a la altura ni como organizaciones de consumidores, ni como instituciones, ni como Estado.  No es posible tener que esperar 13 años para obtener justicia.

Confort, pollos, transporte, supermercados, farmacias, navieras, todos mercados que en el último tiempo los une un sólo concepto en común: el abuso, y a los cuales nuestra justicia no ha sido capaz de frenar, ya sea por no tener las herramientas necesarias, o porque simplemente perseguir y castigar de manera ejemplar a estos empresarios resulta ser nada menos que inconstitucional.


LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE LA RAZÓN

Por Richard Caamaño – Presidente de Asociación de Consumidores y Usuarios del Sur. 

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