La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó a Chile por la violación de los derechos a la libertad de pensamiento y expresión del juez Daniel Urrutia, magistrado que ha criticado y tenido posturas disonantes con el actuar del Poder Judicial chileno tanto en dictadura como en el estallido social. Sputnik lo entrevistó.
Todo empezó en 2004. La Corte Suprema de Chile había autorizado al juez Daniel Urrutia Laubreaux a cursar un diplomado sobre derechos humanos y democracia. A finales del mismo año, el magistrado comunicó su aprobación, con la calificación máxima, al tribunal superior enviando su trabajo de conclusión del curso. Su tesis proponía que el Poder Judicial chileno debería adoptar medidas de reparación y reconocimiento a las violaciones de derechos humanos ocurridas durante la dictadura de Augusto Pinochet (1974-1990).
Como respuesta, la Corte Suprema le devolvió el trabajo afirmando que contenía «apreciaciones inadecuadas e inaceptables». Al año siguiente, Urrutia Laubreaux fue sancionado con una medida disciplinaria de «censura por escrito». El juez nunca fue notificado de que se le había iniciado un proceso disciplinario, ni tampoco conoció las causales y normas que su conducta pudo haber infringido. A pesar de haber sido reducida posteriormente a una «amonestación privada», la reprimenda quedó registrada en la hoja de vida del magistrado.
«La Corte [IDH] constató que no era acorde a la Convención Americana sancionar las expresiones realizadas en un trabajo académico sobre un tema general y no un caso concreto, como el realizado por el juez Urrutia. Por otro lado, consideró que, si bien en 2018 la Corte Suprema de Justicia derogó la sanción impuesta al juez, esta se mantuvo en la hoja de vida del señor Urrutia Laubreaux por más de 13 años, afectando su carrera judicial», explicó la Corte Interamericana en un comunicado de prensa.
En diálogo con Sputnik, Urrutia comentó las implicancias del fallo internacional, la falta de independencia de las cortes chilenas y denunció las graves violaciones a los derechos humanos y el terrorismo de Estado que se vio durante el estallido social en Chile. Debido a las causas a las que se dedica, ha sido víctima de persecución y hostigamiento.
En marzo de 2020, una resolución suya a favor del derecho al voto de los presos culminó en la suspensión de sus funciones. El caso se refiere a 13 jóvenes de la llamada primera línea de las protestas a quienes Urrutia les rebajó la medida cautelar de prisión preventiva a arresto domiciliario a raíz de la pandemia.La Corte de Apelaciones de Santiago finalmente sustituyó la suspensión al juez por una destinación al Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional, área en la que jamás había trabajado. Todo por ser un rebelde con causa dentro del Poder Judicial chileno.
¿Quién es el juez Daniel Urrutia?
Daniel David Urrutia Labreaux nació en agosto de 1974, es el menor de tres hermanos, hijo de un empleado de origen campesino y de una profesora normalista de ascendencia francesa. En su opinión, recibió una formación ética y perfeccionista de los educadores normales de la época, junto con la rectitud de un abuelo autodidacta y de un padre esforzado que se traspasó a los tres hijos.
«Esos ejemplos familiares van calando, de que las cosas hay que hacerlas bien, hay que ser honesto, hay que tratar de hacer el mejor trabajo que se dónde a uno le toca estar, y sobre todo no dejarse caer en otro tipo de cosas», señala.
Tras pasar por cuatro colegios, terminó sus dos últimos años de estudios secundarios en el prestigioso colegio jesuita San Ignacio de Alonso Ovalle de Santiago. Al terminar ingresó a la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, lugar que le permitió conocer distintas realidades sociales y políticas, vincularse al tema de los derechos humanos y participar en la pastoral universitaria, resultado de su formación católica y por haber sido miembro del movimiento de Schoenstatt.
«Nunca tuve participación partidista, sino que me acerqué por el lado de la pastoral, participar en las romerías por la memoria de los detenidos desaparecidos», relata.
Tras egresar y trabajar redactando fallos para una fiscalía decidió iniciar su carrera en el Poder Judicial, la que comenzó el año 2001 al asumir como juez del Juzgado de Letras de Freirina al norte de Chile. Dos años después tuvo su primera promoción al llegar al Juzgado de Garantía Ovalle, siendo trasladado en 2004 al de Coquimbo.Fue en este año cuando el juez Urrutia se compromete más con la temática de los derechos humanos al formar parte de la coordinación de la Red Iberoamericana de Jueces en esa área y es cuando asiste, en comisión de servicios, al Diplomado en Derechos Humanos y Procesos de Democratización, por cuya tesis será sancionado.
—¿Por qué la Corte Suprema se detiene a leer una tesis académica?
El que controla la agenda de los supremos, del pleno, es el relator. El relator del pleno junto con el presidente establece cuáles son las cosas que pasan, que no pasan. Obviamente no llega todo, sobre todo cuestiones administrativas como el cumplir una tesis.
El relator de pleno era Juan Cristóbal Mera, hoy es ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, y no es casualidad que él es el que me persigue actualmente. Él es uno de los que votó a favor de mi traslado al Juzgado de cobranza. Entonces a quién le molestó (el trabajo académico) y quién se dio el trabajo de leerlo fue a él, porque él es intrínsecamente fascista y militarista. Es conocido que su oficina tiene una foto de Pinochet, y resulta claro, cuando él lee esto, lo encuentra inconcebible y él habla con el ministro pinochetista Ricardo Gálvez y con eso cerramos el ciclo.
—¿Qué hay detrás de la aplicación de esta sanción?
En el fondo fue una crítica inaceptable, porque eso es lo que dice, que es pretender darle órdenes a la Corte Suprema. Eso es un poco lo que dice la misma Corte suprema, que ‘este nos está diciendo lo que tenemos que hacer’. Entonces la pregunta es, si la Suprema te quiere sancionar o hace la denuncia por sentirse agraviada, ¿a quién tú le apelas? No hay. No hay nadie, si ellos son los que tienen que revisar. Y qué es lo que pasa, eso es justamente lo que la sentencia de la Corte Interamericana establece con claridad, que la estructura del Poder Judicial no asegura a los jueces, un tribunal imparcial.—¿Cuál es la transcendencia para la justicia chilena el que haya salido este fallo?
Es que la Corte Interamericana le asesta un golpe mortal a la estructura vertical y jerárquica del Poder Judicial chileno, y de hecho lo dice expresamente, el juez Zaffaroni desarrolla en su voto la idea de la corte, y hay una frase de Zaffaroni que es para bronce: «Para la democracia es tan extraño un poder judicial vertical como un ejército horizontal». ¿Por qué? Porque resulta que al ser vertical y jerarquizado los de abajo tienden a hacer lo que digan los de arriba.
Lo que queremos cuando uno tiene un problema y quiere que le declaren en derecho, yo llamo a un tercero imparcial, que se supone que son los jueces. Entonces quién hace que yo suba en la carrera: la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema. Ellos hacen que yo suba en la carrera, entonces si yo tengo un problema con ellos, no me van a poner en las ternas».
—¿Cómo esta verticalidad perjudica la administración de justicia?
Como los superiores tienen la responsabilidad funcionaria sobre el inferior es donde se produce la distorsión. Porque entonces le da pie para que si el de arriba, que revisa las sentencias, empieza a ver que no le gusta la conducta o la forma en que resuelve el de abajo, le empieza a abrir procesos disciplinarios. Que es lo que me ocurrió a mí.
O sea, mis procesos disciplinarios en general, el 95% son por decisiones que en mi caso sostienen derechos humanos y la corte critica. Por ejemplo, el clásico voto de preso, que tuve dos sumarios por decir que los presos tienen que votar, por sostener el derecho de los presos, en prisión preventiva, a votar como dice la Constitución, ni más ni menos. Y la respuesta de la Corte de abrir sumarios administrativos en mi contra. Lo que debería haber pasado es que la Corte tendría que haber pedido al Ministerio de Justicia que votaran, y lo que hace la Corte es abrir un sumario».—¿En marzo también se abre un sumario por el cambio de medida cautelar en el caso de los 13 jóvenes de la primera línea?
Es altamente irregular la actuación de la Corte. Primero porque la resolución por escrito modifica la prisión preventiva a arresto total, ni siquiera era que quedaran en libertad, era arresto total domiciliario, que por lo demás la Corte los ejecuta permanentemente con los Carabineros, los manda a su casa.
Entonces qué es lo que pasa, atendido el estado de catástrofe yo tomo el artículo 145 que dice: «El juez en cualquier momento puede cambiar la medida de prisión preventiva por cualquiera del catálogo». En cualquier momento es cualquier momento, estado de catástrofe, una semana después, crisis sanitaria, se toma la decisión de que estas personas que probablemente no van a tener condena en cárcel porque no tienen antecedentes y están acusados de un delito menor, entonces que se vayan a su casa, y queden con arresto total en la casa. Y la Corte sin que nadie apele por escrito, sin que haya una presentación formal, porque obviamente tienen que haber llamados, etc., se auto convoca, y hace un pleno extraordinario.
—¿Cree que llamó alguien del Gobierno, de La Moneda?
Sí, sin duda.—¿Considera que no habría independencia del poder es judicial?
Yo creo que la Corte de Apelaciones de Santiago tiene claramente una posición política, que es pro Gobierno, directamente. Y eso uno lo ve en la prueba de los recursos de protección en contra de la represión de carabineros. Si tú haces la cuenta de cuántos recursos de protección fueron acogidos de lo balines, vas a encontrar en la Corte de Apelaciones ninguno. En cambio, en Concepción sí, en Antofagasta sí, en Valparaíso sí. ¿Por qué la Corte de Apelaciones de Santiago no? Porque están en el primer piso, tiene que subir un piso nomás para llegar a la Suprema. Entonces están pensando en cómo me congracio con aquel que me nombra, el Presidente.
—¿Esto pasó en todos los gobiernos?
Sí, es una situación que pasa en todos los gobiernos, porque en el tiempo del movimiento estudiantil del 2006, el Ministerio del Interior presentaba querellas en contra de estudiantes que se movilizaban, por desórdenes públicos. Entonces Carabineros detenía a un grupo de jóvenes, el Ministerio inmediatamente se querellaba, y era justamente Felipe Harboe, subsecretario del Interior y hoy senador. Ocurría que había muchas querellas, y resulta que en algunos casos había un problema de legitimidad activa, o sea no se podía querellar el Ministerio, para eso está la Fiscalía, y yo por lo tanto declaraba inadmisible esa querella.
Entonces ocurrió que en un momento, don Felipe Harboe, en forma personal, me realiza una acusación directa a la Corte de Apelaciones de Santiago y presenta 200 casos en los cuales yo había declarado inadmisible las querellas del Ministerio del Interior. Querellas en contra de estudiantes que se manifestaban en la calle, o sea no por quemar nada. Y dice que yo había abandonado mi calidad de juez y me había convertido en defensor de los estudiantes, y esa era la acusación. Y la Corte de Apelaciones de Santiago en vez de rechazar de forma inmediata esta intromisión del ejecutivo, porque cada caso había sido resuelto, dice «atendido los graves antecedentes, ábrase sumario».—¿Piensa que habría que refundar el sistema?
«Sí, claro, porque este sistema, viene de los borbones, está hecho para un sistema autoritario, por eso funcionó tan bien en la dictadura, pero si el Poder Judicial funcionó muy bien en la dictadura, nunca dejó de funcionar en la dictadura. Lo que les complicaba eran las causas de violación a los DDHH. ¿Por qué? Porque tenían un compromiso político con el régimen, compromiso ideológico, compromiso político. Y ahora qué es lo que vemos, que hay un compromiso ideológico, un compromiso político nuevamente».
—¿Dónde está el pero?
A la élite no le interesa tener un Poder Judicial democrático porque qué es más fácil, ir a hablar con los jefes y que ordenen para abajo. Entonces si tuvieras jefes que son independientes, cada caso tienes que verlo con alguien distinto. Entonces, lo que existe hoy te da la posibilidad de ir a arriba y ordenar para abajo. En mi caso, con los jóvenes de la primera línea, fue porque hubo un telefonazo y con el telefonazo ordenamos. Y a mí me tienen suspendido, y me tienen ilegalmente en el Juzgado de cobranza. ¿Por qué es ilegal? Porque te pueden trasladar pero yo soy dirigente gremial y los dirigentes gremiales no se pueden trasladar y lo hicieron igual.
Terrorismo de Estado y presos políticos en la revuelta
—A la luz de los hechos acontecidos desde el 18 de octubre ¿el Poder Judicial debiera volver a pedir disculpas?
Sí, aunque dicen, actualmente, que el sistema está funcionando, que los casos se están llevando están avanzando. Pero yo creo que hay una apariencia de funcionamiento, porque resulta que el Poder Judicial no es capaz de responder a las violaciones sistemáticas a los DDHH, no lo es. Porque las sentencias no son reparatorias integralmente. Una sentencia te va a condenar a lo mejor a pagar una cantidad de dinero, pero no va a ordenar verdad, no va a ordenar publicar, no va a ordenar que pidan perdón. No va a ordenar nada de eso, porque no está establecido. Claro, porque no hay ley nacional, pero tú te puedes subir a la Convención Americana. Subes a la Convención y dices que la reparación tiene que ser integral, y la integralidad tiene todo esto.
—¿Piensa que se ha criminalizado la protesta?
Lo que se produce es la represión a través de Carabineros y los militares, un ejercicio de la fuerza. Por eso en el estallido social, durante el primer toque de queda, hubo terrorismo de Estado en Chile, ¿por qué? Porque hubo un uso de medios, se supone, legales de manera ilegal. Con los 400 mutilados, hubo violación a los derechos humanos, eso no lo digo yo, lo dicen cinco informes de organismos específicos de DDHH.
Lo que hubo es terrorismo de Estado porque se ocupa armas legales en forma ilegal y constante, en contra de un grupo determinado de la población. Además, es sistemático y es generalizado.
¿En su opinión hay presos políticos del 18 de octubre?
Sin duda la mantención de prisión preventiva en los casos del estallido social tiene un alto componente político. Por eso yo sostengo que hay presos políticos. Si hay casos que bajo delitos iguales en otro tiempo no estaban en prisión preventiva y ahora si lo están, es solo por un tema político. Que por ejemplo son los de desórdenes públicos que vimos ahora. La prisión preventiva está siendo usada como un castigo para los manifestantes.
—¿Respecto al fallo de la CIDH ha habido reacción de la Corte Suprema ante el fallo?
No, nada.
—¿El fallo los obliga a algo y qué implica tu reparación?
Técnicamente a la Corte Suprema no los obliga a nada. El fallo ordena al Estado, ¿por qué? Porque ordena indemnizar, y eso es al Estado. Una indemnización por daño moral ordena suprimir el artículo por el cual me sancionaron, el 323, número 4 del código y ordena su supresión. Entonces eso tiene que hacerse con una ley. En un año, digamos noviembre del próximo año, tiene que informar el Estado, Relaciones Exteriores tiene que mandar un informe oficial si cumplió o no cumplió la sentencia. Y la sentencia es eso, indemnizar, suprimir el artículo y publicar la sentencia. El Poder Judicial tiene que mantener por seis meses la sentencia en su página web en un lugar destacado. Eso es.
—¿Es un logro?
Sí, es que no es solo supresión del artículo. El logro máximo es que la Corte Interamericana señala que el sistema, la estructura jerárquica y vertical es contraria a los DDHH.
—¿Qué espera que suceda?
Lo que espero es que este fallo sea tomado por las y los constituyentes y reflexionen seriamente acerca de la necesidad, cómo tiene que ser un poder judicial para una democracia, no para un gobierno autoritario, no para una dictadura, para una democracia. Entonces que ellos hagan los cambios necesarios en el Poder Judicial para que este se convierta en un poder judicial que promueva y garantice los derechos de las personas.
Por Carolina Trejo – Licenciada en Historia y Comunicación Social y Periodismo. Ha sido periodista de investigación y realizadora en televisión durante los últimos 20 años. Comenzó en 1997 en el programa de reportajes con más antigüedad de la televisión pública chilena, Informe Especial y luego se incorporó al área de reportajes de Canal 13, donde ejerció de directora, editora y guionista en diferentes proyectos documentales. Ha recibido premios del Consejo Nacional de Televisión de Chile, fue finalista del Premio Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo en 2014. Actualmente es académica de la Escuela de Periodismo de La Universidad de Chile y la Universidad de Santiago.
